Consulta popular y movilización ciudadana
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Consulta popular y movilización ciudadana

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Consulta popular y movilización ciudadana

06/11/2019

La decepción ciudadana con los resultados de la democracia no ha encontrado eco en los partidos, que han mostrado estrechez de miras y no han desarrollado ni propuesto a los ciudadanos un nuevo modelo de democracia que esté en sintonía con los vertiginosos cambios económicos, sociales, políticos, culturales y tecnológicos que suceden en la era de la globalización.

Con la reforma que incorpora las figuras de la revocación de mandato y la ampliación de las bases constitucionales para el ejercicio del derecho a la consulta popular avanzamos simultáneamente en el cumplimiento de los compromisos de la Cuarta Transformación y en el perfeccionamiento de nuestra democracia.

Establecer las condiciones para garantizar y ampliar el ejercicio de la democracia participativa con regularidad y certeza es un cambio de fondo en el ejercicio del poder público en México, además de que constituye una pieza clave del cambio de régimen.

Hasta hoy, el derecho a la consulta pública existía sólo en el papel, debido a un gran volumen de restricciones.

La disposición constitucional que impedía hasta el momento la realización de consultas populares en años no coincidentes con elecciones federales derivaba en una restricción al derecho a la democracia participativa, incompatible con un régimen político en el que se privilegia la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas.

La revisión de los supuestos sobre los que se consideraba improcedente la consulta popular ha sido fundamental para favorecer interpretaciones que faciliten el acceso de los ciudadanos al ejercicio de la democracia participativa, y para eliminar hipótesis restrictivas que, por ejemplo, sirvieron de argumento para hacer imposible la participación ciudadana en 2014, cuando se desechó la consulta respecto de la reforma energética.

La estrategia es empoderar al ciudadano en su condición de actor determinante de la democracia. En ese camino se requiere fortalecer, ampliar y dar mayor contenido y alcance al marco jurídico que sostiene figuras de la democracia directa como el plebiscito, el referéndum, la consulta, la iniciativa popular, la revocación de mandato, auditoría social y presupuesto participativo.

Las leyes, por supuesto, no bastan. Se requiere también construir formas superiores del diálogo entre el ciudadano y los poderes, una estructura de comunicación democrática, y un diseño de formas de participación intensa en órdenes de autoridad más cercanos a su entorno, al tiempo que se fortalecen la gestión y la evaluación de los servicios públicos en todos los órdenes de la vida social.

En nuestro tiempo, con la preeminencia de la economía del conocimiento, la revolución tecnológica en el campo de la información y la comunicación, ya no es posible que se pretenda seguir apostando a la efectividad de las instituciones creadas en el siglo pasado.

La activa participación de la sociedad civil y, sobre todo, del ciudadano de a pie, es una condición esencial para avanzar en la consolidación de la democracia y precisa no sólo ser dignificada sino convertirse en una potente fuente de movilización y sacudimiento de la conciencia nacional. La situación del país así lo exige.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.