La autora es Diputada Federal
Los largos años en que predominó la lógica belicista dejaron, al parecer, daños permanentes. En el encendido debate en torno a la fallida operación de Culiacán, descubrimos que una parte de los opositores conciben al Estado mexicano como una herramienta para capturar a cabecillas del crimen organizado, y nada más. Esa puede ser –y al parecer ser es– la única lógica que conoce la DEA, porque así justifica su presupuesto, pero no puede ser la de México porque es una estrategia que ha probado ya su ineficacia y porque solamente se tradujo en el incremento de la violencia, como demuestran muchos estudios serios.
Durante largos años, los gobiernos emanados del PRI y el PAN minaron las capacidades institucionales del Estado y se negaron a encarar las causas más profundas de la violencia, como la desigualdad y la pobreza. Hoy se dicen sorprendidos de los frutos podridos que sembraron.
No se trata, por supuesto, de culpar al pasado de todos los males de nuestro presente. El gobierno actual es responsable del fracaso de un operativo y así lo han reconocido los mandos del gabinete de seguridad (otro gesto que deja clara la diferencia entre este gobierno y las mentiras y ocultamientos de los anteriores). El general Luis Cresencio Sandoval aceptó que los elementos que llevaron a cabo esta acción actuaron de manera precipitada y no previeron las consecuencias.
Pese a ello, sería necio no aceptar que en materia de seguridad pública este gobierno recibió una herencia envenenada, un país de fosas y más de 200 mil muertos.
Enrique Peña Nieto, por ejemplo, arrancó su sexenio publicitando una lista de 122 "objetivos prioritarios", es decir, capos que tenían que ser capturados. En su último informe de gobierno sostuvo que durante su gobierno fueron "neutralizados" 110 de esos 122 objetivos.
El gran éxito, por supuesto, no se tradujo en la paz ni en mayor seguridad para la ciudadanía. Los homicidios siguieron su tendencia al alza y amplias zonas del país continuaron bajo el dominio del terror.
Los operativos eran espectaculares y los líderes criminales eran presentados como en un show circense, pero nada de ellos supuso una disminución de la violencia. Por el contrario, como demuestra una abultada lista de estudios académicos, los operativos que causaron más violencia fueron los asociados a la estrategia de detener líderes de organizaciones delincuenciales (ver texto de Raúl Zepeda en Política y Gobierno, 2018).
Si el Estado mexicano claudicó, ello ocurrió cuando se destinaron todos los recursos económicos y materiales a una guerra absurda que provocó que los grupos del narcotráfico crecieran más de un 900% (como sucedió en la administración de Felipe Calderón). Ese sí fue el momento en el que nos condenaron a todas y todos los mexicanos a la violencia.
La decisión responsable que tomó el gabinete de seguridad nos lleva a preguntarnos cuántas vidas se habrían salvado si en el paso inmediato se hubiese optado por proteger a los civiles antes de "abatir" a cabecillas criminales.
En este corto espacio es imposible siquiera enlistar los muchos casos de "daños colaterales", es decir, en que personas inocentes fueron asesinadas o heridas en medio de operativos de captura. En el extremo, se quiso presentar a ciudadanos ajenos a la delincuencia como peligrosos sicarios armados hasta los dientes.
Nadie puede celebrar lo ocurrido en Culiacán, por más que algunos personajes de la oposición quisieran ver al país ensangrentado en su obsesión de golpear al presidente López Obrador.
La violencia no se combate con más violencia, sino con la atención a las causas estructurales que la han causado. Sin embargo, este, que es nuestro fin último, no implica que no se esté trabajando para lograr la captura de aquellas personas que atentan contra la vida de las personas y contra la paz pública. Al contrario, estamos conscientes de que, en el camino de la pacificación, los delincuentes tendrán que enfrentarse a la justicia, pero ello no puede ser a costa de la vida de las y los mexicanos.
La inteligencia para atacar las finanzas de los cárteles y una iniciativa seria para detener el tráfico de armas, como la propuesta por el presidente a su homólogo estadounidense, serían las armas de una guerra que no se podrá ganar nunca con balas, como está sobradamente probado.