Dolores Padierna

De los chivos expiatorios al juicio al sistema

La trama Lozoya, en efecto, revela que la asociación delictuosa entre altos funcionarios y consorcios empresariales, así como el financiamiento ilícito de las campañas.

La autora es Diputada Federal

Odebrecht, a través de su filial Braskem y en alianza con la mexicana Idesa, consiguió un contrato de suministro de etano en condiciones extraordinariamente favorables para su filial Etileno XXI, en Coatzacoalcos, Veracruz. Odebrecht lo hizo siguiendo la fórmula que ya había empleado en otros países del continente e incluso en África: distribuyó sobornos entre altos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón.

A cambio, Pemex firmó un contrato que ha significado importantes pérdidas para la hacienda pública. Dicho de otro modo, los mexicanos de 2020 seguimos pagando la corrupción calderonista.

Enrique Peña Nieto ganó la elección de 2021 a puro billetazo. Enseguida nombró a Emilio Lozoya director general de Pemex, no por su talento, sino porque desde la campaña se había hecho cargo del sector y tenía que cumplir, ya en el cargo, con los compromisos adquiridos con quienes financiaron la campaña.

"No me dé, póngame donde haya", decían cínicamente los priistas de antaño que, por lo visto, han sido superados ampliamente por sus herederos, que resultaron más voraces que ellos.

En plena campaña, Lozoya fue el vehículo para que Odebrecht pagara los asesores extranjeros de Peña.

Ya en el poder, entre 2012 y 2016, operó negocios turbios con los amigos o aliados de Peña Nieto, como la compra de un complejo petroquímico inservible (Agronitrogenados) y una empresa al borde de la quiebra (Fertinal).

Las revelaciones y el video aparecidos en estos días dan cuenta de lo que hubo detrás de la supuesta "voluntad política" y "visión modernizadora" del Pacto por México y las llamadas reformas estructurales.

No había auténtico consenso sino vil negocio en el Congreso que aprobó tales reformas entre 2013 y 2014.

Un trozo de la historia está en los 120 millones de pesos que el exdirector de Pemex asegura haber entregado a cinco senadores y un diputado, así como en otros 84 millones que fortalecieron las convicciones de los mismos legisladores y el secretario de finanzas de un partido.

Doscientos millones más sirvieron para enaltecer la labor legislativa en la aprobación de la reforma electoral.

Lo grave es que son solo ejemplos, retazos de un sexenio en el cual el saqueo y los negocios multimillonarios fueron la norma.

En busca de un acuerdo que lo beneficie –junto a sus familiares, a quienes inmiscuyó en la trama corrupta–, Lozoya ha señalado que actuó por órdenes del presidente y el titular de Hacienda.

Las revelaciones se han extendido al sexenio de Calderón y también a la influencia transexenal de Carlos Salinas de Gortari, quien habría participado en un esquema de tráfico de influencias en el caso de Agronitrogenados.

Algunos analistas pretenden equiparar las investigaciones que se llevan a cabo actualmente –los casos de la 'Estafa Maestra', de Alfonso Ancira y Juan Collado, así como el multicitado de Lozoya– con los ajustes de cuentas sexenales del pasado.

No hay comparación que valga, porque aquí no estamos frente al típico chivo expiatorio que ayuda a apaciguar los gritos en la arena, sino frente a la confirmación de que el sistema político que estamos desmontando se erigía sobre redes de complicidades que permeaban todas las estructuras de poder, de arriba a abajo y de un lado a otro.

La trama Lozoya, en efecto, revela que la asociación delictuosa entre altos funcionarios y consorcios empresariales, así como el financiamiento ilícito de las campañas (evidente y denunciado, ignorado por autoridades electorales que se dicen defensoras de la democracia).

La elección de 2018 fue el primer gran paso para sacar a la cleptrocracia gobernante.

Hoy la justicia comienza a procesar a la clase política empresarial podrida que mantuvo secuestradas a las instituciones del país por más de tres décadas, que se enriqueció groseramente con los recursos de la nación.

México espera atento y vigilante que se aplique a fondo la justicia, sin excepciones, sin reservas ni componendas. La restauración del Estado de derecho y la democracia pasa por clarificar y exhibir la espesa corrupción de sexenios anteriores y castigar a los culpables. No hay de otra.

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