“Donde se aplica el dedo brota pus”
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“Donde se aplica el dedo brota pus”

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“Donde se aplica el dedo brota pus”

09/10/2019

“Es un organismo enfermo, donde se aplica el dedo brota pus”. La frase, del pensador peruano Manuel González Prada, criticaba la grave crisis política y social de su país, pero bien podría aplicarse a la administración pública que heredó el gobierno de la Cuarta Transformación.

Cada día se abulta la tremenda montaña de casos de corrupción, de abuso, de opacidad e impunidad que dejaron los gobiernos anteriores.

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se despide entre señalamientos de corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias. El presidente de la República sigue en su incansable recorrido por el país, y donde quiera que va encuentra hospitales que se quedaron a medio construir, caminos olvidados y denuncias sin fin en las que sigue recogiendo los expedientes del atraco a la nación y los reclamos de soluciones a viejas y nuevas demandas.

Los casos de Odebrecht, Fertinal y la Estafa Maestra han acaparado los reflectores pero no son, ni por asomo, los únicos que ponen en evidencia que durante largos años vivimos bajo la bota de la kakistocracia, el término acuñado por Michelangelo Bovero para definir al “gobierno de los peores”.

Con Enrique Peña Nieto, la corrupción fue todo un estilo de gobierno.

En estos días, la revista Contralínea aplicó el dedo en los contratos otorgados bajo el amparo de la “seguridad nacional” y, sí, como era de esperarse, brotó pus.

Con el decidido combate a la corrupción ordenado por el presidente de la República, la Secretaría de la Función Pública investiga a exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular era Miguel Ángel Osorio Chong. Esta última dependencia participa también, naturalmente, en las indagaciones.

Tales funcionarios otorgaron cientos de contratos millonarios, sin licitaciones de por medio, utilizando la “seguridad nacional” como pretexto.

Muchos de los contratos moverían a risa de no ser porque comprometieron recursos públicos en un país con enormes necesidades.

Por ejemplo, con el paraguas de la “seguridad nacional” se decidió un contrato irregular para brindar servicio de comida en la oficina del titular de la Segob. Contratos de suministro de energía eléctrica, de limpieza de oficinas, de servicios de cómputo y hasta el mantenimiento de los aparatos de aire acondicionado, fueron entregados bajo el paraguas de la “seguridad nacional”, aunque no existieron documentos que lo justificaran.

Como se ve, la “seguridad nacional” era un costal muy hondo en el que lo mismo cabían la compra de boletos de avión para funcionarios como la remodelación de edificios o reparaciones de plomería.

La pus brota también en el caso dado a conocer por otra investigación periodística, que revela que una empresa propiedad de allegados al exgobernador y expresidente del PRI, Humberto Moreira, fueron investigados por un fraude fiscal de mil 650 millones de pesos. Desde el sexenio de Felipe Calderón se investigaba a la empresa de los hermanos Salomón y Antonio Villarreal, cuyas empresas usaron documentos falsos y triangularon dinero en bancos de Estados Unidos.

Lejos de derivar en castigos, las empresas involucradas fueron beneficiadas, en 2013, con la condonación de más de mil millones pesos de impuestos.

El presidente López Obrador se ha referido al primer tema tocado en estas líneas en su conferencia mañanera. Independientemente de que se tratara de un asunto de seguridad nacional, dijo, ese tipo de contrataciones “significaban opacidad, ocultamiento de información, y desde luego actos de corrupción…”

En estos días vivimos otra muestra de hasta dónde nos puede llevar la descomposición propiciada desde el poder. Como bien dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, las protestas de taxistas estuvieron en parte provocadas porque se puso fin a prácticas corruptas del gobierno anterior.

Es preciso que brote toda la pus del cuerpo enfermo de corrupción en el que convirtieron al país. Será un acto de justicia, pero también un gran paso para poner fin a la impunidad. Esta lucha, con todo y su gran importancia, no debe detener los esfuerzos por acelerar la transformación del país y atender, a toda prisa, los problemas más urgentes de nuestro tiempo.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.