Desde los primeros días de gobierno, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha cuatro programas de acción inmediata para rescatar y fortalecer el sector energético nacional, devastado por la corrupción y las políticas neoliberales. El primero fue el Programa Nacional de Electricidad, con el objetivo prioritario de suspender el desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), proyecto neoliberal en el que se enfrascaron gobiernos corruptos y enemigos de lo público.
Fueron 26 años de golpeteo incesante para debilitar, desmembrar y achicar a la CFE, con el único objetivo de acelerar la expansión de las empresas privadas con clara dominancia extranjera y quedarse con el mercado.
Con el cambio de administración federal y en el marco de la Cuarta Transformación de México (4T), se ha cancelado la política inequitativa, perversa y peligrosa de cerrar las centrales eléctricas de la CFE.
La reforma energética de 2013 maltrató aún más a la CFE. Como las fuerzas neoliberales no pudieron desaparecerla, ya que era necesaria para asegurar la continuidad del suministro eléctrico, se ensañaron con ella: le quitaron toda exclusividad, incluyendo la planeación y el control del sistema eléctrico; la rompieron en pedazos para formar nueve empresas separadas y enfrentadas entre sí; la obligaron a realizar las actividades menos lucrativas y a comprar electricidad privada; le impusieron contratos leoninos para el suministro de combustible; la sometieron a una regulación asimétrica para limitarla, relegarla y forzarla a operar en condiciones desventajosas y, a final de cuentas, propiciar su extinción con el correr de los años.
En pocas palabras, la reforma energética fue un fracaso en términos de seguridad energética. Quedó claro que el mercado por si solo es incapaz de garantizar el suministro de electricidad y los precios más económicos para todos los usuarios.
Hoy es distinto. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha remplazado las fracasadas aspiraciones y recetas neoliberales por los principios de interés nacional, soberanía, seguridad y sostenibilidad. Apegado a esos principios y con la finalidad de garantizar la continuidad y suficiencia del suministro eléctrico en las mejores condiciones de calidad y precio para todo usuario en el territorio nacional, el gobierno utiliza dos instrumentos clave que le permite la ley: la planeación del sistema eléctrico nacional a cargo de la Secretaría de Energía, y la existencia de una empresa cien por ciento pública que sobrevivió al cataclismo y se recupera rápidamente: CFE.
Es importante subrayar que el Congreso no ha cambiado el marco constitucional y las leyes secundarias de la reforma energética, tampoco ha recibido iniciativas del Ejecutivo Federal en ese sentido. No ha cambiado la arquitectura del sector eléctrico, ni la organización y regulación de los mercados.
Se mantiene la apertura al capital nacional y extranjero. La 4T ha refrendado la libertad del sector privado para invertir en centrales eléctricas, funcionando con combustibles o energía renovables, con equipos tradicionales o tecnologías avanzadas, ya sea que el objetivo de la generación sea consumir o vender electricidad en México o en el extranjero.
A ninguna empresa privada se le ha coartado ni limitado la libertad de inversión y comercio, ni las autoridades federales tienen planeado caminar por esa ruta. La 4T está actuando conforme a los espacios que el poder legislativo le concedió al Estado hace seis años.
¿Entonces, qué ha cambiado?
En esencia, los cambios durante el primer año de gobierno son, por una parte, la adaptación de los incentivos otorgados al sector privado, incentivos que no eran ni son obligatorios sino opcionales y dependen de la política energética, hoy distinta de las anteriores; por otra parte, la actitud del gobierno hacia la CFE, que en lugar de desmantelarla y destruirla como intentaron pasada administraciones, se ha propuesto rescatarla y fortalecerla como base y eje central del sistema eléctrico nacional.
Respecto a la cancelación de las subastas de contratos de compra de electricidad generada con energías limpias, la ley surgida de la reforma energética no obliga a la CFE a comprar electricidad generada por el sector privado. Es cierto que existe esa posibilidad, pero no es una obligación. Además esa decisión en nada altera las subastas que se están realizando entre agentes privados.
No se ha coartado la libertad de los particulares de construir centrales de todos tamaños y vender electricidad fósil, limpia o renovable. La ley no obliga a la CFE a firmar contratos con garantías que permitan "anclar" o hacer "bancables" los proyectos privados (aprobados por los bancos para el otorgamiento de créditos).
La ley tampoco obliga al gobierno o a las empresas públicas a soportar riesgos comerciales y de mercado para el buen éxito de los proyectos privados. Las quejas son infundadas.
Todos los agentes en un mercado abierto, sean públicos o privados, deben asumir los riesgos inherentes a dicho mercado. La 4T respetará la autonomía e independencia de cada empresa participante en el mercado eléctrico, pero habrá condiciones de equidad y competencia justa entre las empresas privadas y las empresas productivas del Estado.
Esas son las razones por las cuales se rescata y fortalece a la Comisión Federal de Electricidad, "empresa estratégica del pueblo y de la nación".