La autora es Diputada Federal
El sector energético ha estado en el centro de las preocupaciones y acciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador durante los primeros meses de su ejercicio.
La medida que más ha llamado la atención es el combate frontal al robo de combustible, el huachicol, pero no se ha tratado, ni de lejos, de la única línea encaminada a rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En un giro radical, el Presidente se ha propuesto revertir los daños que causaron a las empresas públicas largos años de abandono y saqueo, así como los efectos más recientes de la reforma energética.
La llamada "madre" de todas las reformas se tradujo en la caída de la producción, aumento de las importaciones y alzas en los precios. Los gasolinazos pasaron la factura a los más débiles por los aumentos en los precios del transporte y la canasta básica.
La suma de políticas encaminadas a difuminar la presencia del Estado en el sector se tradujo en pérdida de la autosuficiencia, al tiempo que se incrementaba la dependencia de un suministrador inestable y en ocasiones poco amistoso: Estados Unidos.
Las exportaciones de petróleo crudo ya no alcanzaban para cubrir las importaciones de productos refinados, de modo que la balanza comercial petrolera se volvió deficitaria con fuerte presión sobre el tipo de cambio. Y mientras todo se desmoronaba las autoridades dedicaban atención y recursos en la vendimia de contratos, licencias y permisos.
La Secretaría de Energía y los reguladores privilegiaron la construcción del andamiaje privatizador, en franca despreocupación de la seguridad energética y la seguridad nacional. En ese proceso, Pemex y la CFE fueron casi desmanteladas y quedaron al borde del colapso. El gobierno de la 4T recibió un sector energético en crisis.
Ese es el desastre que se está corrigiendo. El cambio de rumbo apunta hacia un nuevo paradigma energético, basado en el fortalecimiento de las empresas públicas sin dejar de operar en un ambiente de mercado.
Las acciones inmediatas se han orientado en cuatro direcciones: aumento de la producción de petróleo y gas natural; reforzamiento de la capacidad de refinación; recuperación del servicio público de electricidad, y combate al robo de combustibles.
Estas líneas quedaron plasmadas en el Programa Nacional de Electricidad, el Plan Nacional de Refinación, el Plan Nacional para la Producción de Hidrocarburos y el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex.
En conjunto, estos programas constituyen el núcleo duro de lo que ya se está perfilando como un ejercicio formal de planeación, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, que en poco tiempo se pondrá a consideración del Congreso. La nueva política energética tiene cinco objetivos fundamentales: autosuficiencia; soberanía energética; precios y tarifas accesibles; cuidado del ambiente, así como equidad, justicia y moral republicana.
Entre las acciones y resultados más visibles se cuentan los siguientes: incremento del presupuesto de Pemex y CFE; capitalización de la petrolera del Estado (cinco mil millones de dólares, que incluye el presupuesto adicional para este año); reducción notable del robo de combustibles como resultado de un ataque frontal contra las bandas del huachicol, con lo que el número de tomas clandestinas se redujo drásticamente.
En el mismo tenor, se inició la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas; se puso en marcha la rehabilitación integral de las seis refinerías existentes, así como de las centrales hidroeléctricas a partir de las cuales se puede obtener mayor generación de electricidad limpia y renovable; suspensión de licitaciones iniciadas por la pasada administración por sospechas de corrupción; revisión de los contratos de petróleo, gas y electricidad para verificar que estuvieron libres de corrupción; renovación de los órganos reguladores, a fin de lograr una mejor coordinación con la Secretaría de Energía.
El rescate del sector energético ha comenzado.