La autora es Diputada Federal
Durante tres décadas, los panistas gastaron carretadas de billetes para tratar de vender al estado de Guanajuato como una suerte de paraíso de tranquilidad anhelado por los inversionistas, como una ínsula ajena a los problemas de inseguridad y violencia de las entidades vecinas.
La realidad se les impuso y los exhibió cuando no contaron más con una contraparte, en el gobierno federal, que cerrara los ojos o se hiciera cómplice de las sospechosas ineficiencias de los aparatos de seguridad y justicia locales.
La detención de un jefe delincuencial, por más importante que sea para su grupo, no es la medida del éxito de la estrategia con la que este gobierno está enfrentando el grave problema que heredó. No se trata, como en el pasado, de ir contando los "objetivos prioritarios" que caen, aunque deba ser motivo de satisfacción que sean llevados ante la justicia los autores de tremendas atrocidades.
Lo más importante, y eso está en el fondo de la nueva estrategia, es que se está fortaleciendo una nueva institución de seguridad pública, la Guardia Nacional, con presencia en la totalidad del territorio y con capacidades reales para enfrentar a la delincuencia.
Las labores de inteligencia, la coordinación y el apego a la legalidad rinden resultados concretos contra un grupo delincuencial que ya había sido debilitado con el firme combate al robo de combustible o huachicol, que era la principal fuente de ingresos del llamado Cártel de Santa Rosa de Lima.
En este recuento no debe olvidarse la importancia que tiene un arma muy poderosa que se empleó escasamente en el pasado: el congelamiento de cuentas de la red criminal (un centenar en el caso que nos ocupa) por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Lograda la aprehensión del capo, es preciso que las instituciones prevengan y combatan los ajustes de cuentas predecibles, así como el desplazamiento de células criminales hacia la comisión de delitos que afectan directamente a la población.
En los últimos años, desde que Felipe Calderón lanzó su inefable guerra, ha quedado demostrado que la aprehensión de "objetivos prioritarios" suele traducirse en una atomización de los cárteles y en confrontaciones que hacen crecer exponencialmente la violencia. Prevenir estos indeseables efectos es necesario para garantizar la paz.
Con todo, la aprehensión del capo tiene gran importancia, sobre todo para la zona sur de Guanajuato, que ha sido profundamente lastimada por la acción de los delincuentes y la incapacidad, cuando no complicidad, de autoridades locales.
En marzo de 2019, tras un operativo que no consiguió el cometido de aprehender al capo, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo presumió un "golpe de timón" en materia de seguridad, sin en que los meses siguientes fuera posible observar reducciones significativas en los índices delictivos.
Los diputados del PAN fueron más allá esta vez, cuando felicitaron al gobernador Rodríguez y "a todos los participantes" en el operativo, sólo para no mencionar al gobierno federal. La caravana con sombrero ajeno llevada al extremo, toda vez que la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionó los detalles de la operación que fue llevada a la práctica por una unidad de élite de las Fuerzas Armadas.
Ya en el año en curso, la aprehensión de varias cabecillas del citado grupo culminó con su liberación por fallas en el proceso, cometidas por la Fiscalía estatal. Tal episodio subraya la necesidad de ir más allá y desmantelar las redes de complicidad y apoyo a los criminales, sobre todo si tales redes operan desde cualquiera de los tres niveles de gobierno.
El trabajo no podrá completarse si no se atienden, como ha insistido la Cuarta Transformación, las causas profundas de la violencia y la criminalidad, a saber, la pobreza, la marginación, la falta de espacios educativos y la desintegración familiar, entre otros factores.
Por el momento, es preciso congratularnos de que, en los hechos, se demuestre que es posible dar respuestas a la sociedad sin echar más leña a la hoguera.