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Instituciones

19/06/2019

La democracia goza de mala salud. El rechazo, el enojo, la animadversión de los ciudadanos hacia las instituciones de la democracia es un hecho ampliamente documentado en todo el mundo.

En México, mientras avanza ese malestar mundial contra los exiguos resultados de la democracia, hemos avanzado en la construcción de leyes e instituciones, en la hechura de complejos órganos electorales o de fiscalización. Ese camino, en nuestro caso, se ha acompañado de la alternancia en el poder.

Un sector de la población –importante, pero más pequeño de lo que indicarían las cruentas batallas que se libran en las redes sociales– considera que la presidencia de Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo los avances obtenidos en la construcción de instituciones y de un entramado jurídico para fortalecer nuestra democracia.

A casi un año de los comicios presidenciales, las oposiciones no atinan a explicar su estrepitosa derrota. Más que buscar la paja en el ojo ajeno, bien harían en comenzar a explicar su incapacidad para ejercer el poder. El rechazo social se fundó, sin duda, en que los ciudadanos se cansaron de políticos dedicados a alentar, encubrir o de plano participar en la corrupción y la impunidad.

Una frase vieja, que en su momento se usó fuera de contexto, llevó a que durante largo tiempo se dijera que el movimiento que llevó a López Obrador a la Presidencia se propone la destrucción de las instituciones.

Pero, ¿quién realmente mandó al diablo a las instituciones?

Los estudios indican que fueron las fuerzas políticas que dominaron el escenario los últimos 30 años las que dañaron fuertemente la confianza ciudadana en la democracia.

El Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México (IFE-Colmex, 2014) reveló que sólo el Ejército, los maestros y las iglesias cuentan con una aprobación ciudadana superior al 50%. Un dato duro que proporciona este informe es que en 2010 la aprobación del gobierno federal era de 59%. En sólo tres años cayó a 36%. Dados nuestros niveles de impunidad, no es de extrañarse que la confianza en los jueces y la policía ronde apenas 20%.

Según la encuesta “Confianza en las instituciones” (Mitofsky), las instituciones peor evaluadas por los ciudadanos son la Suprema Corte, los senadores, la Presidencia de la República, los diputados, los sindicatos y los partidos, todos con calificaciones reprobatorias.

México tiene el dudoso honor de encabezar la lista de países donde, según la medición del Latinobarómetro, la desconfianza en las instituciones públicas es creciente. En 2018, año de la gran sacudida electoral, sólo 30% confiaba en la autoridad electoral y 84% se declaraba poco o nada satisfecho con la forma como funcionaba la democracia en el país.

¿Quién destruyó la confianza en las instituciones?

En el estudio Perspectivas económicas 2018: Repensando las instituciones para el desarrollo (CEPAL, 2018) queda claro: en 2006, año del fraude electoral del calderonato, la confianza en el gobierno nacional era de 43%. Diez años después, guerra contra el narcotráfico de por medio, dicha cifra cayó a 28%.

El incumplimiento de promesas y acciones, la corrupción sin freno, la ineficacia en el combate a la inseguridad y el incremento de la desigualdad y la pobreza están entre las razones de la falta de aprecio a un gobierno, que además era visto como representante de las élites y no de una sociedad plural.

Los partidos, como instrumentos de mediación, fueron rebasados por organizaciones civiles y académicas que hasta la fecha ocupan los espacios tradicionalmente destinados a las fuerzas políticas, en algunos casos como disfraz de intereses empresariales o de otra índole.

La alternancia en el poder no se tradujo, evidentemente, en mejores gobiernos ni en mayor satisfacción ciudadana. La cuarta transformación se propone justamente poner fin a la frustración de las mayorías frente a la corrupción, la desigualdad, los abusos de poder y la inseguridad.

Los desafíos que tenemos que atender están a la vista: la recuperación y fortalecimiento del Estado de derecho, bienestar social que reduzca la brecha de la desigualdad y crecimiento económico sostenible. Todas estas transformaciones sólo serán posibles si van acompañadas de prácticas que fortalezcan la democracia, desde abajo y de manera real, para dejar atrás las simulaciones de nuestra transición inacabada.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.