La autora es Diputada Federal
Sin brújula y sin liderazgos creíbles, la derecha busca desesperadamente un asidero, una causa, y al parecer no importa si real o inventada. Sin rumbo, pretende encontrar esa causa en las leyes reglamentarias de la reforma educativa
La oposición de derecha repite en todos los tonos la mentira de que el Estado pierde la rectoría de la educación y que "la CNTE se apoderará de las plazas". Eso es totalmente falso.
Por tratarse de un tema muy extenso, en este espacio abordaré solamente lo relativo a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros.
El Transitorio Decimosexto establece sin ambigüedades que en el proceso de admisión, promoción y reconocimiento prevalecerá siempre la rectoría del Estado, pues tal es el mandato constitucional.
Las fuerzas de derecha olvidan, muy a su conveniencia, que habrá un Sistema Abierto y Transparente de asignación de plazas, lo que supone un gran avance contra la opacidad existente.
Las nuevas leyes norman los procesos de selección y promoción de los docentes. A diferencia de la reforma peñista, que terminó anclada sólo en un examen, porque ni siquiera hubo una evaluación integral, la nueva ley parte de revalorizar a las maestras y maestros con pleno respeto a sus derechos laborales.
Esta ley también crea la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, un órgano desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gestión, que se encargará de hacer realidad las atribuciones que la propia ley concede a la SEP.
Una gran aportación, que contradice las versiones malintencionadas que hablan de un "regreso al pasado" es la creación del Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas para el registro y la ocupación de las vacantes de personal con funciones docentes, de apoyo y dirección. Se trata de un sistema "que permita apreciar los conocimientos y las aptitudes necesarios del aspirante".
El proceso será público y contará con la participación de la SEP, las autoridades estatales y las representaciones sindicales, lo que, en términos llanos, significa recuperar la bilateralidad, en congruencia con el respeto a los derechos humanos laborales, y terminar con el régimen de excepción laboral de la anterior reforma.
Para garantizar la transparencia en la asignación de las plazas vacantes, las autoridades educativas de las entidades federativas darán a conocer los resultados de manera pública, de conformidad con los lineamientos que determine la SEP y se invitará como observador al sistema anticorrupción local.
Los procesos anuales de selección habrán de ser públicos, transparentes, equitativos e imparciales (artículo 39).
Los egresados de instituciones públicas tendrán prioridad para ocupar las plazas vacantes en el sistema. Esto es así porque se examinaron para estudiar y ser maestros y porque a lo largo de sus estudios profesionales serán permanentemente evaluados. La SEP regulará la matrícula de las instituciones formadoras de docentes, a fin de hacerla compatible con las necesidades de nuevos docentes.
¿Qué los docentes no serán evaluados? No a la manera de la reforma de Aurelio Nuño, que concedía poderes mágicos a un examen. Habrá, en cambio, un proceso de admisión que considerará múltiples factores: un sistema que permita apreciar los conocimientos y aptitudes del aspirante; la formación docente pedagógica; estudios mínimos de licenciatura; promedio de la carrera; cursos extracurriculares con validez oficial; programas de movilidad académica; dominio de una lengua distinta a la propia, y experiencia docente.
Una lectura objetiva de los principales cambios le mostrará a cualquier interesado que los dichos de estos días son mentiras y falsedades.
De esa lectura se puede derivar la principal aportación de las nuevas leyes: se trata de cambiar y mejorar la educación con las maestras y los maestros, no contra ellos.