La autora es Diputada Federal
Se decían defensores de las instituciones pero las dejaron inservibles. El diagnóstico recientemente presentado por el fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, da cuenta de la destrucción de instituciones por los gobiernos anteriores. Porque no es más que destrucción el hecho de que la Procuraduría, antecedente de la FGR, haya sido utilizada con fines políticos y para encubrir presuntos ilícitos.
Los anuncios del fiscal general son de gran importancia, dado que planteó la reestructuración de las investigaciones de casos tan sonados como el desvío de recursos de dependencias como la Sedesol y la Sedatu, así como la reposición del procedimiento en los casos Odebrecht y Ayotzinapa.
Respecto de los primeros casos, el fiscal general dejó claro que "debió de haberse investigado sobre la obvia premisa de colusión y de un interés delictivo coordinado y propositivo para organizar un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público".
Por lo que respecta al gigante brasileño, Gertz informó que en un plazo no mayor a dos meses se judicializará la carpeta respectiva por el delito de delincuencia organizada.
El escándalo de Odebrecht se sumó a una larga lista (Oceanografía, Estela de Luz, Casa Blanca, HIGA, OHL, exgobernadores del PRI y PAN, uso indebido de recursos en procesos electorales, son apenas algunos ejemplos). Este conjunto de actos de corrupción ha hecho posible que nuestro país aparezca entre las naciones percibidas como las más corruptas del mundo, con un Índice de Percepción de Corrupción (IPC), en 2018, de apenas 28 de 100 puntos posibles, y en el lugar número 138 de 180 países.
Este es el punto de partida del gobierno de la cuarta transformación.
El problema de la corrupción, tanto pública como privada, es de una gravedad extrema. De modo que no es extraño que combatirla a fondo sea una de las principales exigencias de la ciudadanía. En la víspera de la elección del año anterior, diversos estudios de opinión revelaban que la demanda de combatir a fondo la corrupción se ubicaba incluso encima de la lucha contra la pobreza.
La corrupción es hermana de la impunidad, dado que el 95 por ciento de los delitos asociados a este mal no es castigado.
El nulo compromiso en el combate a la corrupción fue resumido, en el sexenio pasado, por el propio Enrique Peña Nieto, quien en la inauguración de la Semana Nacional de la Transparencia 2016 lanzó una explicación profunda: "Ningún mexicano está exento de cometer actos de corrupción, por lo que nadie tiene el derecho de lanzar la primera piedra, ya que la corrupción está presente en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos".
Cuando desde lo más alto del poder se piensa de esa manera, es de esperarse que México siga apareciendo en la lista mundial de la vergüenza.
Así, nuestro país ocupa la peor posición en cuanto a seguridad y combate a la corrupción dentro de los 35 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según Forbes, el costo de la corrupción oscila entre el 2.0 y el 10.0 por ciento del PIB.
Mientras en el resto del continente las investigaciones sobre las "propinas" del gigante brasileño avanzan y llevan ante la justicia incluso a importantes figuras políticas, en México se optó, durante el gobierno anterior, por utilizar a la PGR como una tapadera de los negocios privados con dinero público.
La corrupción es uno de los principales obstáculos del desarrollo y uno de los principales factores que explican el enojo ciudadano, el hartazgo y la desconfianza que se tradujo en la votación mayoritaria del año pasado.
Las declaraciones recientes del fiscal general alimentan la idea de que existe la decisión de emprender acciones firmes y sistemáticas para llevar a la justicia a quienes crearon redes de corrupción desde el poder público.
Del lado del Poder Legislativo es preciso que se cumpla con la función constitucional de ejercer la vigilancia de las decisiones y el ejercicio de los recursos.