Dolores Padierna

Ratificación del T-MEC

Se requiere un análisis puntual con la participación de autoridades y sectores involucrados en cada tema.

Uno de los argumentos que se han utilizado como causas de la desaceleración económica es la incertidumbre sobre el futuro de las relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá. Donald Trump, desde antes de llegar a la presidencia, manifestó su desacuerdo con el TLCAN y amenazó con eliminarlo. En vez de eso, a partir de agosto de 2017 se iniciaron negociaciones para un nuevo acuerdo comercial, que concluyeron con la firma del nuevo tratado (T-MEC) en noviembre de 2018. Posteriormente, en diciembre de 2019 se firmó un protocolo modificatorio, que ha facilitado el inicio de su ratificación con la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y así la incertidumbre se ha ido diluyendo.

Para México la negociación del nuevo acuerdo comercial no sólo representaba la posibilidad de no cancelar las relaciones comerciales preferentes establecidas en el tratado que entró en vigor en 1994, sino también de modernizarlas. Por ello en el nuevo tratado se incluyen aspectos que no existían cuando entró en vigor el anterior, como es el caso del comercio digital.

Es muy importante señalar que más allá de una descripción del contenido del nuevo acuerdo comercial, lo que se requiere es que la actual administración establezca un programa de análisis puntual con la participación de las autoridades y sectores involucrados en cada tema, a partir del cual se diseñen e implementen políticas específicas para afrontar los retos que se presentarán.

Entre otros, hay dos temas que destacan en el nuevo acuerdo: el capítulo laboral y las nuevas reglas de origen para el sector automotor.

Respecto al capítulo laboral se puede decir que la principal crítica que el gobierno de Estados Unidos hizo al TLCAN era que las condiciones laborales de los trabajadores en México eran mucho más laxas que en Estados Unidos, lo que propició que muchas empresas estadounidenses se trasladaran a México, con la consiguiente pérdida de empleo, lo que indudablemente es cierto. El éxito exportador de México se ha fundamentado en una alta proporción en competir a través de salarios mucho más bajos que en Estados Unidos y Canadá.

Es por ello que en el T-MEC se incluyó el capítulo laboral en el cual México se comprometió a impulsar una reforma para fortalecer la democracia sindical y la rendición de cuentas de los sindicatos y así lograr una justicia laboral efectiva.

El pasado mes de mayo se publicó la reforma laboral, como el primer paso para dar cumplimiento al compromiso adquirido en el T-MEC. Ahora lo que sigue es su implementación. Ante la desconfianza de Estados Unidos de que la implementación no sea efectiva, en el protocolo modificatorio del T-MEC se estableció un mecanismo mediante el cual, ante una demanda de incumplimiento, la Secretaría del Trabajo de México debe hacer una investigación y en un plazo de 85 días aplicar medidas correctivas o dar una opinión sobre su no procedencia. En el caso de que Estados Unidos o Canadá se inconformaran, se turnaría a un panel conformado por tres expertos que decidirá de manera definitiva la controversia.

El propósito de la reforma es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, lo que a final de cuentas se deberá traducir en mejores salarios, por lo que en adelante México ya no podrá limitarse a competir a partir de salarios bajos, sino de una mayor productividad, lo que representa un enorme reto para el país y para las empresas.

Otro de los capítulos que sufrió cambios importantes es el correspondiente a las reglas de origen, que se aplican para exentar de aranceles a los productos cuyo contenido regional sea igual o mayor a un cierto porcentaje. El principal cambio en este sentido se aplicará al sector automotor, que es el principal exportador de México hacia Estados Unidos. En el TLCAN se estableció que el contenido regional para no aplicar aranceles era de 62.5 por ciento. En el nuevo acuerdo se incrementa a 75 por ciento, además de que entre 40 y 45 por ciento del vehículo se debe fabricar por trabajadores que ganen por lo menos 16 dólares por hora. De manera específica, en el protocolo modificatorio se estableció que los componentes de los automóviles que contengan acero o sus derivados lleguen a 70 por ciento en un plazo de siete años.

Seguramente los cambios en las reglas de origen tendrán impactos en la industria, que solamente la propia industria puede evaluar y a partir de ello se debería diseñar y poner en práctica una política que permita afrontar las nuevas reglas de origen.

Hay muchos otros temas que deberán formar parte del programa de análisis propuesto, mismo que pudiera ser liderado por la Secretaría de Economía y sería conveniente que esta dependencia informe periódicamente al Congreso sobre los avances del programa y las medidas a implementar que deriven de los análisis.

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