La autora es Diputada Federal
Contrario a lo que han afirmado algunos líderes de organizaciones campesinas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, sí hay un incremento sustancial de recursos para el campo.
Tan sólo habría que citar que para el Programa Sembrando Vida se le van a asignar casi 30 mil millones de pesos; Producción para el Bienestar, 11 mil millones; Fertilizantes, mil 300 millones; Precios de Garantía para el Campo, 10 mil millones de pesos; y además se va a formar un Fondo Especial para desarrollar tecnología en el campo, con la diferencia de que ahora los subsidios y el financiamiento se entregarán no a la agroindustria exportadora sino a los pequeños y medianos productores.
En el PEF 2020 la mayor condicionante es que el dinero disponible es sólo el 35 por ciento de todo el Presupuesto, mientras que el 65 por ciento de los recursos se destinará al gasto comprometido, es decir a las participaciones federales, gasto financiero de la deuda, ramos autónomos y pensiones.
Los rubros que más recursos requieren para el próximo año son: toda la política de Bienestar, Energía, Función Pública, Educación, Salud, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que recibirá 59 mil millones de pesos, de los cuales 54 mil millones irán a la Guardia Nacional.
En el tema de la Salud se crea el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar con un presupuesto de 40 mil millones de pesos, más otros 22 mil millones que ya estaban etiquetados.
También se encuentran todos los proyectos estratégicos del presidente Andrés Manuel López Obrador para generar empleos y mejorar el crecimiento económico como es el Aeropuerto de Santa Lucía, el Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, los caminos rurales, el mejoramiento urbano, el programa de reconstrucción, en todos esos rubros hay un incremento importante. Lo mismo en la pensión para los adultos mayores y las personas con discapacidad.
El Paquete Económico del próximo año ha provocado intensos debates y también un buen número de protestas, algunas legítimas y otras, quizá la mayoría, fundadas en el afán de grupos o sectores acostumbrados a tener recursos públicos por la vía de las presiones palaciegas o callejeras.
Sin generalizar, algunas de las protestas tienen su origen en cierta nostalgia que añora los tiempos en que se repartían los recursos no tanto porque estuviesen justificados, sino a cambio de los votos legislativos necesarios para aprobar el PEF.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido, como lo advirtió desde la campaña, en que es preciso terminar con las intermediaciones, tanto para reducir las posibilidades de corrupción en su administración como para poner fin a prácticas clientelares.
Los apoyos deben ser entregados de manera directa a los beneficiarios de los programas, trátese de productores agrícolas, de estudiantes, creadores o de cualquier otro sector.
Para algunos, esto no resulta sencillo porque estaban acostumbrados al derroche y a los lujos frente a las restricciones presupuestales que en el pasado se solventaban parcialmente engordando la deuda pública, elevando el déficit o aumentando los impuestos, cargas que finalmente teníamos que soportar y pagar toda la sociedad.
Otros, por ejemplo las cabezas de los órganos autónomos, argumentan que la democracia está en riesgo simplemente porque se les demanda ajustarse el cinturón en sus salarios, en un país donde la mayoría de la población sufre carencias.
Su descuerdo es una coartada, su autonomía no está en riesgo, pero en un país con las necesidades de México, no resulta plausible que pretendan seguir viviendo en el derroche.
En la medida en que se cumplan las estrategias planteadas en los Criterios Generales de Política Económica para aumentar el crecimiento y se instrumente la nueva Miscelánea Fiscal que cierra las brechas de la corrupción, la elusión y evasión fiscales, se podrá tener un mejor Presupuesto.