Trump, México y el plazo fatal
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Trump, México y el plazo fatal

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Trump, México y el plazo fatal

17/07/2019

Un “tercer país seguro”, según las leyes de nuestro vecino del norte, debe proporcionar cuidados, seguridad y un proceso jurídico adecuado a los solicitantes de asilo.

Durante todo su gobierno, Trump ha mantenido abiertos un buen número de litigios con el Congreso y en las cortes sobre una gran variedad de temas. La estrategia trumpiana ha sido buscar los vericuetos de las leyes para detener sus efectos o darles la vuelta.

Organismos de derechos humanos han presentado quejas ante instancias internacionales. Pero hasta ahora las denuncias o quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados no han tenido otro efecto más que hacer más visible el drama de los abusos cometidos contra los migrantes.

Los expertos consideran que dado que el gobierno de Trump es aparentemente inmune al descrédito internacional, los defensores legales de los migrantes pisarían un terreno más firme si obligaran a la administración del magnate a probar, en los tribunales de EU, que Guatemala o México reúnen los requisitos para acuerdos de “tercer país seguro”.

En 1967, tras la ratificación de la Convención sobre los Refugiados, el Congreso de EU creó un sistema para procesar las solicitudes de asilo. En 1980 emitió la Ley de Refugiados, que establece las reglas para ser “elegible”. De entrada, incluye como posible solicitante de refugio a “cualquier extranjero que esté físicamente presente en EU”, aunque también fija excepciones.

La ley no será aplicable si el fiscal general determina que el solicitante puede ser trasladado “de conformidad con un acuerdo bilateral o multilateral, a un país... en el que la vida o la libertad del extranjero no se verían amenazadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política, y donde el extranjero tendría acceso a un procedimiento completo y justo para determinar una solicitud de asilo o protección temporal equivalente...”.

Según las leyes del vecino (8 USC 1231), un “tercer país seguro” es aquel con el que existe un acuerdo bilateral o multilateral (ojo, no se exige la formalidad de un tratado, sino solamente un acuerdo).

Una nación puede ser “tercer país seguro”, según la ley citada, siempre y cuando en el país de acogida no estén en riesgo ni la vida ni la libertad del solicitante (una vara más alta que el “miedo creíble” a la persecución que la propia ley establece en otro de sus apartados).

Ese “tercer país seguro”, lo que EU quiere sea México, debe dar al extranjero “acceso a un procedimiento completo y justo para determinar una solicitud de asilo o una protección temporal equivalente”.

Donald Trump no pretende solucionar la crisis migratoria. Por el contrario, su interés es mantenerla viva e incluso profundizarla porque eso le permite ondear la bandera del defensor de EU frente a sus seguidores de cara a la búsqueda de su reelección.

En esa guerra electoral se dicen medias verdades y muchas mentiras. Hemos llegado a la situación absurda de que el gobierno EU quiera a México como “tercer país seguro”, cuando el mismo gobierno de EU ha declarado, vía el Departamento de Estado, que tanto en México como en Guatemala los migrantes son víctimas de secuestros, extorsiones y violencia debido a su “pertenencia a un grupo social particular”.

En el Congreso, los demócratas han puesto su grano de arena. A fines de junio, presidentes de tres importantes comités de la Cámara de Representantes enviaron una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, en la cual afirman que ni México ni Guatemala cuentan con mecanismos adecuados de protección y asilo.

La medida unilateral anunciada por el gobierno de Trump implica que los migrantes podrán solicitar asilo sólo si su petición ha sido rechazada previamente por otro país.

México ha rechazado, en voz del canciller Marcelo Ebrard, la medida unilateral de EU y ha sostenido que mantendrá su tradicional política de asilo.

El 22 de julio se cumple el plazo de 45 días establecidos en el acuerdo que dio un respiro a la crisis. Trump se adelantó porque todas sus acciones tienen un solo objetivo: la reelección.

El camino será largo y tortuoso porque, eso ya lo deberíamos saber, con Trump no hay acuerdo ni plazo fatal que valgan.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.