Pese a que es difícil hacer un balance sintético y concluyente de los resultados de la última Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, la COP27, sí es posible identificar avances parciales y proyectar a futuro.
A nivel global, la principal preocupación está en el escaso progreso de las negociaciones sobre cuánto avanzar en la eliminación gradual de las energías fósiles, consideradas el principal escollo para lograr el objetivo de un incremento de la temperatura global de sólo 1.5 por ciento sobre los niveles de la era preindustrial. La actual situación geopolítica conspiró para que no se lograran progresos, más allá de incluir algún concepto sobre energías renovables.
En contraposición, se lograron avances en la cuestión de financiamiento, con la creación de un fondo de “pérdidas y daños” para hacer frente a los efectos de cambio climático particularmente en los países más vulnerables, algo muy relevante para América Latina y el Caribe y un cambio respecto a la posición que prevalecía, que planteaba que la estructura ya existente de financiamiento para la cuestión climática era la que debía hacerse cargo de estas problemáticas.
Restan definir las modalidades operativas de este fondo, incluyendo su magnitud y quienes serán los aportantes –lo que deberá hacerse en el 2023–, pero lo decidido implica un cambio significativo y una respuesta, aún parcial, a los eventos climáticos destructivos cada vez más frecuentes y el impacto que tienen sobre los países más débiles.
El texto final de la declaración pone sobre la mesa la necesidad de que las instituciones financieras internacionales sean parte integral de la lucha global contra el cambio climático, algo muy importante dada la magnitud y capacidad transformadora que tienen estos organismos sobre la economía global.
Por primera vez el texto resolutivo hace referencia a la necesidad de acciones específicas sobre los océanos, los bosques y la agricultura, vinculando ésta a la seguridad alimentaria, como una prioridad fundamental para el logro de los ODS, particularmente el referido a la eliminación del hambre.
En paralelo, se propone establecer un grupo de trabajo conjunto sobre la implementación de la acción climática sobre agricultura y seguridad alimentaria, que deberá continuar las actividades relacionadas a la agricultura con una visión ampliada en su relación con la seguridad alimentaria y con la participación de la ONU y otras entidades relevantes, la academia, el sector privado y la sociedad civil, incluyendo las organizaciones de productores. El grupo deberá reportar sobre sus deliberaciones y propuestas a la COP de 2026 y a los distintos cuerpos de la Convención.
Esto es un avance significativo. En las COP previas no se había hecho mención a la agricultura ni a la alimentación, aunque sigue sin incluirse la temática de los sistemas alimentarios, principal tema de la Cumbre de la ONU sobre Sistema Alimentarios de 2021, y no se profundiza en el abordaje sobre lo que la agricultura puede aportar a los esfuerzos de mitigación y, en especial, a su capacidad de servir como sumidero de carbono.
Desde la perspectiva de nuestra región –las Américas–, se abren grandes oportunidades en lo que hace al papel de la agricultura en las estrategias de desarrollo sostenible. La magnitud de los recursos naturales sobre los que se asienta nuestra agricultura y su peso en los mercados internacionales hacen que sea un componente estratégico de la seguridad alimentaria, nutricional y ambiental global.
El desafío es llevar esa visión a las negociaciones, incorporando la dimensión empírica de nuestra agricultura, que lejos de ser parte del problema es claramente parte de la solución, con sus altos niveles de eficiencia y sostenibilidad. Más importante aún es consolidar en nuestros países que el futuro admite solo estrategias productivas sostenibles e inclusivas.
Hemos dado pasos muy importantes para eso. Uno es el mensaje de consenso de los Ministros de Agricultura de las Américas dado en las vísperas de la COP 27, en el que se hace énfasis en la importancia de la agricultura como instrumento para las tareas de mitigación y adaptación al cambio climático y en sus indispensables contribuciones a la fortaleza económica y social de nuestras sociedades.
En ese mensaje se asume el compromiso de fortalecer la presencia de los Ministerios y Secretarías de Agricultura y Ganadería en los ámbitos de discusión climática nacionales, hemisféricos y globales, compromiso que comenzó a materializarse a través de la presencia de ministros y secretarios de las Américas en la COP realizada en Sharm El Sheik y en las actividades del pabellón Casa de la Agricultura Sostenible de las Américas, instalado en esta Cumbre por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) junto a más de 40 socios del sector público y privado, bajo el lema “Alimentando al Mundo, Cuidando el Planeta”.
Debemos transformar ahora los consensos generales en un plan de trabajo con acciones específicas.
Una hoja de ruta parece estar clara: la agricultura sostenible, basada en ciencia e innovación y con el rol protagónico de sus agricultores, tiene que ser parte de la solución a los problemas que traban el desarrollo de la Humanidad.