A doce días de la jornada electoral en Coahuila y el Estado de México se habla de todo menos de irregularidades en la organización de las elecciones.
Los temas son las encuestas, las márgenes entre las candidaturas; los debates; la injerencia del presidente de la República y las quejas al respecto; lo que estas elecciones pueden significar para 2024; si las elecciones están pactadas, etcétera, etcétara.
Pero poco o nada se dice sobre el delicado trabajo de instalar casillas, integrar las mesas de ciudadanos que recibirán y contarán los votos, capacitarlos para esos efectos y mil procedimientos técnicos y operativos que, nada más y nada menos, harán posible que en esas dos entidades la ciudadanía pueda acudir a votar y su decisión sea la que prevalezca para elegir a sus gobernantes y representantes.
Lo anterior se debe en muy buena medida a los miembros del servicio profesional electoral del INE, esos que pretende desaparecer el plan B. Lo dije en su momento y lo sostengo ahora, quienes integran ese ejército de profesionales son garantía de dominio técnico, de sobriedad —aunque la “austeridad republicana” lo dude— de imparcialidad. Ellas y ellos han hecho cientos de elecciones con los más diversos resultados —mismos que no están en su preocupación cuando hacen su trabajo— y las consecuencias están a la vista: ¡¡PAZ SOCIAL!! El más largo periodo en nuestra historia de país independiente de paz social después de elecciones.
Todavía como sociedad no hemos aquilatado eso…
Ahora bien, no todo depende de ese funcionariado y de quienes les apoyan. Las autoridades responsables de la seguridad están obligadas a hacer un despliegue discreto, pero eficiente, para garantizar el libre tránsito y el ambiente apropiado para que la ciudadanía acuda a votar y su voluntad sea respetada sin intromisiones indebidas que pretendan coaccionar, inhibir la participación o recurrir a viejas prácticas asociadas al secuestro de urnas o bloqueos en el traslado de las mismas.
Para que las cosas salgan bien se requiere además del respeto a las reglas democráticas vigentes (aquellas derivadas de la reforma de 2014 y que una vez más probarán su viabilidad como ya se ha hecho evidente en 331 comicios previos) de parte de candidatas y candidatos, partidos políticos, funcionarios públicos y demás actores.
La ciudadanía acudirá a las urnas en el número de su responsabilidad y conciencia (ver pie de página) y, no soy ingenuo, guiada por su conciencia y no por prebendas, esas que se han desbordado haciendo uso de recursos públicos, aunque la Constitución lo prohíba.
Del arbitraje de las autoridades electorales habrá que esperar al menos consistencia, mucha agua ha pasado bajo esos puentes y hay criterios muy sólidos y reiterados para abonar a un “suelo parejo” que propicie condiciones de equidad. Espero que recientes resoluciones no marquen tendencia en sentido inverso.
Lo anterior es crucial, ya que los criterios del arbitraje en estas elecciones prefiguran lo que podemos esperar para los próximos comicios.
No es menor lo que está en juego. En primera instancia cualquier elección es importante para renovar la confianza en que la democracia está vigente y alejar las aspiraciones autoritarias tan influyentes hoy en día; segundo, se trata de un padrón de cerca de 15 millones de electores y en dos entidades en las que no ha habido alternancia, pero que hoy son gobernadas por partidos políticos de oposición; y tercero, son las elecciones previas a las del próximo año que renovarán todos los poderes federales sometidos al escrutinio directo, nueve gubernaturas y más de 20 mil cargos en todo el país.
En buena medida el ánimo de 2024 se juega este próximo 4 de junio.
Pero, en medio de toda esta parafernalia renuevo mi confianza en esos miles de mujeres y hombres que por sus méritos, por concurso sin padrinaje, ingresaron y han renovado su permanencia en el Instituto Nacional Electoral. Ellos y ellas son la garantía de que la democracia mexicana prevalezca y, perdón por mi reiteración, por eso mismo en el plan B pusieron particular acento en su desmantelamiento.
Este próximo 4 de junio volveremos a ver una organización electoral ejemplar, las irregularidades, si ocurren, correrán por cuenta de actores políticos nerviosos por la inversión en resultados inciertos.
A ese ejército de mujeres y hombres del INE, del servicio profesional y de la rama administrativa, les debemos mucho y estoy seguro que este próximo 4 de junio por ellas y ellos no quedará. El resultado dependerá de la ciudadanía, de un procedimiento cierto y confiable y no de la organización. Dependerá también del respeto a las reglas y de que estas se hagan respetar.
Pie de página: la participación ciudadana en estas elecciones puede hacer la diferencia. En Coahuila hace seis años fue de 57 por ciento y en el Edomex de 53 por ciento, cifras muy parecidas a las de la participación en las intermedias de 2021. Es decir, el abstencionismo ronda la mitad del padrón electoral.
Posdata: preocupante la reiterada producción de evidencias sobre el pobre o nulo respeto al Estado de derecho: ante una sentencia de la Corte otro decreto el mismo día reiterando el criterio del Ejecutivo. No hay que preguntarnos de qué se trata, es claro: desgastar al Poder Judicial y preparar los próximos desacatos. Al tiempo. Lamentables, muy lamentables las agresiones contra los integrantes de la SCJN, uno esperaría argumentos y no amenazas, eso es lo que nos toca exigir.
El autor es exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).