El proceso electoral está en marcha y se siguen sucediendo las decisiones que le van dando forma, las que definen las condiciones en las que se desempeñarán los actores políticos y las reglas que aplicarán las autoridades.
Dos decisiones de gran relevancia se abordaron en estos días, una tiene que ver con la fiscalización de los recursos que se usarán en las precampañas y campañas, y la otra con la paridad de género en la postulación de candidaturas.
Por lo que hace a la fiscalización, el INE aprobó originalmente que el inicio de las precampañas fuera el 5 de noviembre con el propósito de que la revisión de las cuentas de gastos de las precandidaturas tuviera el tiempo necesario para hacerse con la profundidad que se requiere.
Sin embargo, tal acuerdo fue revocado por el Tribunal Electoral para que se ajustara a lo previsto en ley, de manera tal que el pasado jueves el INE acató para que las precampañas se desahoguen entre el 20 de noviembre y el 18 de enero.
Es una decisión que deja los plazos de fiscalización muy castigados, ya que el Consejo General del INE sesionará hasta el 27 de febrero para aprobar los dictámenes de fiscalización, aquellos en los que se consigna el gasto de cada precandidatura y si alguien rebasó los topes establecidos, lo que sería suficiente para anular una candidatura.
El 27 de febrero es una mala fecha, ya que es un día antes de que inicien las campañas. Tal vez eso explique que la decisión se haya tomado en una cerrada votación de seis votos contra cinco.
Una solución más adecuada hubiera sido acortar el periodo de precampañas, es decir, en lugar de extenderla a 60 días, dejarla en 45, por ejemplo, pero los partidos políticos se opusieron, evidentemente ellos quieren menos fiscalización y más tiempo para elegir sus candidaturas aunque ya tengan DOS.
La cuestión que puede presentarse con esta decisión, si no regresa en una nueva revocación, es que pudiera darse el caso de que ya en campaña alguna candidatura tenga que retirarse por incumplir con los topes, con el desgaste político que eso supondría.
La cuestión no es menor, ya que la tarea de la fiscalización tiene que ver con una de las fibras más sensibles de la política: ¡el dinero!
Bien dice el dicho, dime en dónde pones el dinero y te diré en dónde están tus prioridades. Y si un funcionario público que llega a un puesto de gobierno o de representación con dinero de fuentes ilegales y en cuantía superior a los topes previstos, tendrá, antes que con sus electores, compromiso con su fuente de financiamiento.
Además, en México, se adoptó el modelo según el cual el financiamiento a la política es en un 90 por ciento con recursos públicos. Esto con la idea de que el dinero, el cochino dinero, no sea el determinante en la promoción de una candidatura, sino que sean las propuestas. Que no sea el que tenga más recursos económicos quien tenga más posibilidades de acceder a un cargo público.
El propósito central de la fiscalización es detectar esas irregularidades.
Si lo anterior es valioso en sí mismo, es más importante aún en el actual contexto de inseguridad en el que vivimos. Las organizaciones criminales han pasado de estar localizadas en remotas localidades, recorriendo estrechos caminos y esperando al presidente municipal en turno para presionarlo, a ocupar amplios territorios, recorriendo anchas carreteras y lo más grave, influyendo en la política. Ya sea para “proponer” candidaturas y/o inhibir la participación.
Grave responsabilidad la de la fiscalización y con este acuerdo sus tiempos se estrecharon. Habrá que estar muy vigilantes de esta tarea técnica, pero vital para saber en qué condiciones llegan las y los candidatos a los cargos públicos.
El otro tema sobre el que se debate en estos días es el de paridad de género para la postulación de candidaturas en las nueve entidades que elegirán al Ejecutivo local. El proyecto que se presentó no gustó a los partidos políticos, ya que propone que cinco de las nueve sean para mujeres y además bajo criterios de competitividad, es decir, en entidades en las que los partidos tengan posibilidades reales de ganar.
El viernes pasado hubo una nueva reunión con los partidos, el tema está estancado y genera división entre las consejerías.
Esta cuestión tampoco es menor, ya que en el INE se ha insistido desde tiempo atrás en avanzar en la paridad, incluso antes de que el precepto quedara en la Constitución. Los partidos políticos, en un afán de ser políticamente correctos en este tema tan delicado y que involucra a más del 50 por ciento del electorado, han aceptado esta iniciativa a regañadientes.
Por lo general, los partidos alegan contra las acciones afirmativas el derecho que les asiste a la autodeterminación para elegir candidaturas. En la práctica, lo que ocurre es que medidas de esta naturaleza les complican los acuerdos internos, en los que predominan los militantes hombres, quienes ahora tienen que “ceder” su lugar a mujeres o bien a otros sectores de la población.
Más allá de la justicia en torno a la lucha de las mujeres para acceder a posiciones de gobierno y de representación, lo cierto es que a estas alturas del proceso electoral estos temas, aún por definir, acumulan tensiones en un escenario de por sí complejo.
Seguramente lo que resultará es que lo que se acuerde llegue al Tribunal y la postulación de cinco mujeres quede firme, lo que estará en duda será el criterio de competitividad y seguramente se dará más tiempo a los partidos para que definan en qué entidades postularán mujeres.
POSDATA: El acoso desde el Ejecutivo federal al Poder Judicial continúa. Ahora el pretexto son los fideicomisos. Lo que todo esto denota en el fondo, es un presidente en campaña —como siempre— y así lo veremos en lo que sigue. No sólo le molestan los contrapesos sino además sabe sacar provecho político de lo que vende como privilegios de unos cuantos cuando en realidad esos fideicomisos son base importante de la operación profesional del Estado de derecho. México requiere de un Poder Judicial autónomo, imparcial y con miembros que puedan ejercer libremente su tarea y al término de la misma sean recompensados. No es pedir mucho dada su responsabilidad.
El autor es exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).