El miedo es el peor enemigo de la democracia. Cuando el clima de inseguridad cubre a una sociedad e inhibe el libre tránsito, recluyendo a la población a los espacios cerrados y al silencio, lo que se degradan son las libertades.
Las elecciones se organizan y se materializan en el espacio público. Por ello, me atrevo a decir que hay una relación directa entre seguridad y elecciones: a mayor seguridad, y por lo tanto, libertad de tránsito, se incrementan las posibilidades de participación ciudadana y se enriquecen el debate y las opciones.
Si el espacio público está “tomado” y quienes se lo apropian inhiben el que concurramos a las plazas, abramos la puerta de nuestros hogares o nos postulemos como candidatas o candidatos, la política, las elecciones y la democracia están en riesgo.
Lo anterior no es resultado de una especulación o un lugar común, es la consideración después de casi 15 años de organizar elecciones.
En ese lapso pude constatar la gran diferencia que existe cuando hay condiciones o no de seguridad. En primer lugar, lo que se afecta es la participación ciudadana y sin duda la credibilidad en los resultados y en los procedimientos que se siguieron para organizar los comicios.
El INE es responsable de la organización de las elecciones y NO de la seguridad pública, pero sin esta no hay elecciones libres y auténticas, como enfáticamente señala nuestra Constitución. De manera tal que para que se puedan organizar se requiere una estrecha coordinación con la fuerza pública para que el INE pueda hacer el despliegue territorial al que está obligado, entre otras cosas, tocar la puerta de 13 millones de hogares y capacitar a millones de ciudadanos que instalarán las 170 mil casillas el 2 de junio para recibir y contar los votos de sus vecinos.
Todo lo anterior implica la necesidad de un clima de confianza a fin de que la ciudadanía abra sus puertas para ser convocada y capacitada, así como para escuchar las propuestas de quienes se postulan a los diversos cargos públicos.
A lo largo de 15 años me tocó coordinarme con las fuerzas de seguridad de todos los niveles y de gobiernos emanados de los más diversos signos políticos. Por lo general, me encontré con profesionales con don de mando y que entendían los riesgos que se corrían. La regla de colaboración era muy clara: el INE sólo necesitaba información para realizar su trabajo en campo sin arriesgar a su personal ni a la ciudadanía, y no las razones de las causas ni de los actores involucrados.
En ese lapso pude constatar también, lamentablemente, el deterioro de las condiciones de seguridad en nuestro país. Pasamos de zonas de riesgo muy identificables (pequeños poblados, territorios agrestes y brechas terregosas) a grandes manchas urbanas y supercarreteras. Chiapas fue un caso del que advertimos una y otra vez, y hoy a los endémicos hechos de injusticia social se le suman “territorios perdidos” en manos de diversos grupos criminales y como ese otros casos…
Por otra parte, los datos sobre la proliferación de la inseguridad y un clima de percepción de riesgo inhibe la participación no solo para acudir a votar sino para atreverse a postularse a alguna candidatura. Así que entramos en un círculo de deterioro: menor participación en todos sentidos, de electores y de opciones.
La política se degrada y con ello va dejando las decisiones en manos de cada vez menos y no necesariamente de quienes están pensando en el “bien común” o al menos en construir acuerdos escuchando a los oponentes. La ley de la fuerza, de los “valientes”, se va imponiendo y no la de las ideas y de quienes están dispuestos a poner en riesgo su prestigio y a rendir cuentas.
Todo lo anterior viene a colación por la proliferación de información que da cuenta de hechos de violencia asociados a actores políticos, cuestión que hay que tratar con madurez y prudencia para no hacer eco a quienes tienen como estrategia ahuyentar a la ciudadanía de la vida pública, pero que no podemos dejar de señalar que nuestra democracia corre también por esta vía un riesgo con pendiente en ascenso y que hay que atajar, antes que el clamor sea por un Bukele mexicano.
Además, con mayor razón hay que abordar este tema cuando la semana pasada tres magistrados del TEPJF, encabezados por su presidenta, ofrecieron una conferencia de prensa en la que, entre otras cuestiones, se refieren a los riesgos de nulidad de una elección si el clima de inseguridad incidiera en la voluntad popular y con ello en los resultados. Sin duda, mucha razón en ello y más proviniendo de quienes tendrán la máxima responsabilidad de calificar la elección presidencial.
En medio de los problemas que nos aquejan, que no sea el miedo, la reclusión, lo que determine nuestro futuro.
POSDATA: El INE cuenta con un servicio profesional experimentado sobre el que descansa la confianza que hoy la ciudadanía le dispensa. Sin embargo, para hacer su trabajo requiere, además de decisiones oportunas y certeras, sobre los recursos materiales y tecnológicos para cumplir con el estricto calendario de actividades que requiere hacer elecciones en nuestro país. Es de llamar la atención el reporte acerca de retrasos en la entrega de insumos (uniformes y dispositivos de comunicación) para capacitadores electorales, así como desfases en el programa de trabajo del PREP (herramienta fundamental para dar a conocer los resultados electorales con la mayor oportunidad y con ello evitar especulaciones). Confío en que esto se enderezará a la brevedad para contar, una vez más, con elecciones confiables y certeras.