El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene la grave responsabilidad de calificar la elección presidencial, es decir, es la última palabra sobre la validez de la misma y, si esta procede, otorga la constancia de presidente electo.
Eso tendrá que suceder a más tardar el 6 de septiembre para que quien resulte electo asuma el cargo el 1 de octubre. Grave responsabilidad, de eso depende en buena medida la estabilidad política de nuestro país y la continuidad democrática. La ratificación de que somos capaces de renovar los cargos públicos pacíficamente.
Pues bien, en esa dirección, la semana pasada sesionó la Sala Superior del TEPJF y la magistrada Janine Otálora hizo una propuesta por demás trascendente, la constitución de un cuaderno auxiliar en el que se registren las resoluciones que consignen violaciones a la norma electoral y que sirva de apoyo para que en el momento en el que el Tribunal analice la validez de la elección tenga documentadas las violaciones y valorar si estas incidieron de manera sustantiva en el resultado. Además, propuso que esta información se hiciera pública.
Cito: “… se forme un cuaderno auxiliar, en el cual se ordenen y sistematicen aquellas resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las cuales se determinen o confirmen violaciones a las condiciones de equidad en la contienda, a la neutralidad del Estado y sus agentes y órganos respecto de la contienda electoral, a la prohibición del desvío de recursos públicos en la elección, así como a las reglas en materia del modelo de comunicación política y de fiscalización de los recursos en la campaña electoral.”
“Una vez que se determine la apertura del expediente de elección presidencial, el cuadernillo auxiliar a formarse se integrará al mismo, como uno de sus cuadernos accesorios”.
Sus colegas acogieron la iniciativa y propusieron además que se elabore un catálogo de infractores para todas las elecciones federales y locales. En virtud de eso, la magistrada retiró el proyecto para incorporar al mismo las propuestas, con el compromiso de que la nueva versión se atendería en la próxima sesión, misma que está prevista para pasado mañana.
Creo que se trata de buenas noticias, ya que todo esto deviene de una norma imperfecta, la cual señala que cuando un funcionario viola disposiciones electorales la sanción tiene que ser impuesta por su superior jerárquico, lo que ha traído como consecuencia en muchos casos la inaplicación de sanciones.
Vayamos al caso del presidente de la República, ¿Quién es su superior jerárquico?
Hasta donde recuerdo a los presidentes Calderón y Peña Nieto se les apercibió en dos ocasiones a cada uno por violaciones constitucionales y con eso fue suficiente para frenar su intervención en procesos electorales, quiero creer que pesó su respeto al marco legal, lo que es cierto es que la presión pública jugó su papel y que la sola exhibición de dudas sobre el proceder de quien juró preservar y respetar el orden constitucional fue suficiente.
Al actual presidente se le ha apercibido en más de 30 ocasiones por violaciones constitucionales sin ningún efecto y, por lo que vemos, ha decidido continuar su intervención en los actuales procesos electorales, con lo que sin duda está incidiendo en el ánimo de los votantes promoviendo una candidatura y descalificando otras, lo que le está expresamente prohibido.
Además, se observan viejas prácticas que buscan coaccionar el voto a cambio de programas sociales. Si no hay consecuencias, y la sanción pública no importa, la injerencia continuará y con esto la inequidad en la contienda.
De ahí que la propuesta de la magistrada Otálora sea de la mayor relevancia, ya que el solo hecho de abrir ese cuaderno auxiliar ya tiene implicaciones legales en la consideración de la calificación de la elección.
Habrá que seguir con la mayor atención la sesión del TEPJF. Esperemos que el sentido de fondo de la propuesta no se altere y no se disminuyan sus efectos. Me explico, si finalmente se acuerda no abrir el cuaderno auxiliar y que solo se abra el registro de infractores, eso tendría efectos mediáticos, pero no necesariamente jurídicos para efectos de la calificación de la validez de la elección y, como ya señalé arriba, eso parece que no frenará a López Obrador, quien continuará su conducta injerencista y violatoria de la Constitución.
Bienvenido el listado público de infractores, pero el riesgo es que el listado sea muy amplio, siguiendo el ejemplo de López Obrador, y que se decrete ‘un empate’ concluyendo que como todos lo hicieron (“todos a una Fuenteovejuna” diría Lope de Vega), triste final para más de treinta años de construcción de una sociedad respetuosa de las leyes y de la legitimidad y seguridad que deviene de su aplicación.
De la mayor trascendencia la responsabilidad del Tribunal Electoral: restablecer el orden constitucional, sin duda hay que poner atención.
POSDATA: Un presidente que se considera por encima de la ley es un peligro para él, para el Estado de derecho, para la democracia, para todos y todas. ¿Él es la ley y la medida de su aplicación? Es eso justamente la característica de un régimen autoritario y arbitrario.