A 75 días de la jornada electoral, ¿a quién le conviene hablar de fraude, de “golpe de Estado técnico” (lo que eso signifique)? ¿Será a quien piensa que va a ganar?
Una premisa para cualquier auténtico demócrata es respetar el resultado de la decisión de los electores, lo que implica invitarlos a participar y generar confianza en la organización de las elecciones, si bien siempre con la atención puesta en que la autoridad responsable haga bien su trabajo para que haya elecciones libres y auténticas.
La larga trayectoria política del actual presidente de la República está marcada por el desconocimiento a lo que Felipe González llamó el sello fundamental de un demócrata: “el reconocimiento de la derrota”. Lo anterior en aras de fortalecer el sistema democrático en el que todas las manifestaciones tienen cabida y en donde nadie pierde o gana todo.
López Obrador nunca ha reconocido una derrota y sólo ha hablado bien de las elecciones cuando el resultado le ha sido favorable. Al parecer se encamina a reiterar su convicción política, muy alejada de los principios democráticos y más cercana a la vieja consigna leninista de que la razón histórica para imponerse requiere de una dictadura.
Deplorable que quien compite por un cargo de elección popular pretenda generar desconfianza en el proceso electivo sin aportar elementos, pero irresponsable que quien lo haga sea el Presidente, quien, en teoría, debería ser el principal responsable de que la paz pública prevalezca y que las diferencias sociales se puedan dirimir civilizadamente.
Ya que lo anterior parece ser teoría, y sin caer en el terreno de la especulación, intentemos algunas explicaciones tomando en consideración los antecedentes:
“Tiene otros datos” y los mismos le indican que la elección se está cerrando con lo que la continuidad de su proyecto está en duda y más vale curarse en salud por si se requiere descalificar el resultado.
Sabe que un resultado que le sea favorable está correlacionado con el nivel de participación ciudadana. A mayor participación se incrementa la posibilidad de la alternancia y está buscando inhibir ésta, para que su base social de soporte (su voto duro) marque la diferencia.
Los 30 millones de votos del 2018 ya no son tales, a pesar de los programas sociales y la estructura electoral que ha montado y movilizado desde el inicio de su gestión a través de los ‘servidores de la nación’. Los datos de las elecciones del 2021 y la revocación de mandato del 2022 así lo dejan ver.
El deterioro natural del ejercicio de gobierno a unos meses de la conclusión de su gestión le está cobrando la factura.
Su candidata no está levantando el entusiasmo que se requiere y está perdiendo el capital electoral que pretendía heredarle, aunque bien se sabe que esa transferencia no es automática.
Las denuncias sobre corrupción y nepotismo están haciendo sus efectos. Se trata de dos compromisos centrales de su campaña y distintivos que enarboló para su gobierno. No ha podido dar respuesta convincente a los señalamientos sobre la intervención de su familia en hechos de corrupción y tráfico de influencias, ni tampoco a los señalamientos sobre la intromisión del crimen organizado.
Después de generar muy altas expectativas en 2018, los malos resultados de su gobierno en materias tan delicadas y estratégicas como seguridad, salud, justicia y políticas públicas sobre mujeres, por mencionar algunos, no sólo han generado desencanto, sino además franca inconformidad, misma que se expresa en amplias manifestaciones a lo largo y ancho del país.
Ayotzinapa ha resultado un búmeran. Tratar de lucrar con dolorosos conflictos sociales no sólo implica un problema ético, termina cobrando. Algo similar le pasó al presidente Fox con el conflicto zapatista en Chiapas.
Los malos resultados de gobiernos de militantes de Morena en estados como Morelos, Puebla y Veracruz, por mencionar algunos que renovarán gubernaturas en estas elecciones, sin duda influirán en la decisión de los electores.
Para cerrar, nuestras elecciones coinciden con un contexto internacional convulso en el que se está redefiniendo los centros de poder económico y político globales y frente a lo cual el gobierno mexicano ha recurrido a una pobre retórica de los años sesenta y setenta del siglo pasado.
Este breve listado de datos pueden ayudarnos a explicar el porqué el Presidente recurre a una imagen tan fuerte como la de un “golpe de Estado”, el panorama no le resulta tan claro como meses atrás cuando daba por sentado la continuidad de su proyecto.
Pero más allá de que sigue ostentándose como actor central en las elecciones, marcando agenda e interviniendo en las mismas, ahora lo hace como jefe de Estado, sus declaraciones rayan en la irresponsabilidad y parecen estar dirigidas a justificar una posible derrota, a generar un clima de desconfianza y temor que aleja a la ciudadanía de la política y de las urnas.
Quien tiene la más alta responsabilidad de Estado tiene el poder que la Constitución le da, pero también la responsabilidad de ejercerlo a la altura, por ello, no todo le está permitido, ni política, ni ética, ni legalmente.
POSDATA: La semana pasada escribí sobre los paralelos entre las campañas electorales en EU y nuestro país y hasta dónde puede llegar la polarización. Pues bien, Trump rebasó lo imaginable y habló de un “baño de sangre” si no es electo. Aquí López Obrador habla de un golpe de Estado técnico y de un fraude electoral. ¿Se llegará al extremo de chantajearnos con que lo que está en juego es la paz pública si no gana su propuesta?