Se entiende que a 68 días de la elección los contendientes estiren la liga de su discurso para granjearse la simpatía del electorado, pero llevarlo al extremo puede ser contraproducente y alejar a los desencantados, escépticos y a quienes se definen como apolíticos. Contribuyen también a la banalización de la política.
Un ejemplo de lo anterior es la ‘deliberación’ del pasado miércoles en el Senado de la República. Penoso el tono y la forma, y de la mayor irresponsabilidad el contenido. Solicitar la desaparición de poderes es una cuestión de la mayor gravedad que requiere para su ejercicio de extrema responsabilidad.
¿Será que el ejemplo del presidente López Obrador está cundiendo? Si él puede hablar de golpe de Estado y de fraude electoral, ¿por qué otros no pueden darse la licencia de amenazar con la desaparición de poderes?
Solicitarlo en cualquier momento es delicado, pero hacerlo en pleno proceso electoral y con el fin de incidir en la contienda es un juego perverso. ¿Hasta dónde llegarán los ingeniosos legisladores? Pasaron de la solicitud de hacerlo en un estado y ya van en tres.
Sin duda los hechos ocurridos y denunciados en las tres entidades son lamentables y de suma gravedad, pero no se resolverán con medidas equivalentes a los de un Estado de excepción, ¿o se trata de una presión similar a la de amenazas de juicio político contra personajes incómodos del régimen en turno?
El Senado de la República es un órgano previsto para representar y preservar la integridad de la República y, en ese contexto, tiene la facultad de declarar la desaparición de poderes cuando es evidente que estos no existen y nombra un gobierno provisional que tiene como principal tarea convocar a la brevedad elecciones para que la ciudadanía elija un nuevo gobierno.
Visto en su integralidad, lo que se busca es preservar el orden de la República, de la soberanía republicana manifiesta en la voluntad de la ciudadanía expresada en el ejercicio democrático para integrar los poderes públicos.
No se trata, pues, de una revancha política, menos de una arbitrariedad, sino de la atención a una contingencia que pone en riesgo la integridad de la nación y el Estado de derecho en todo el territorio.
En estos momentos en los que en nuestro país y en el mundo ronda la sombra del populismo y de los designios autoritarios, lo que debemos preservar es el valor fundamental del Estado de derecho, ese que supone una legalidad por encima de las intenciones personales y de la imposición de mayorías o minorías sobre el resto del conglomerado social.
Estas manifestaciones que hacen de facultades extraordinarias del Estado un uso indebido para pretender resolver problemas estructurales de gran calado sin atender el fondo, tienen como consecuencia la trivialización de la política y el reforzamiento entre amplios sectores de la población de que es preferible un régimen autoritario a la democracia, aunque esto sea a costa de ceder libertades.
Además de que contribuye a incrementar la percepción de que los órganos legislativos son poco eficientes y bien merecen ser recortados o bien subordinados a un poder central.
Desalentador el espectáculo que el presidente de la República y los senadores dan en el ejercicio de sus delicadas facultades con pretensiones electorales. Lo que hacen es atentar contra ellos mismos, derruyendo el camino que los llevó a la posición que actualmente ocupan.
POSDATA: Una vez más las encuestas salen a relucir y no en el sentido de aportar información para que el elector tome una mejor decisión al momento de votar, sino para contribuir a la confusión y a la desinformación. Se puede entender que haya diferencias en los resultados de la medición demoscópica, pero que esta sea en el orden de lo que se publica habla de que muchas ‘encuestas’ son realmente extensiones de estrategias políticas que pretenden transmitir la idea de que ya todo está resuelto y con ello de inhibir la participación.