Nada más lejos de mi intención que la especulación interesada, abonar a las teorías de la conspiración o contribuir a la confusión, pero por más que reviso los datos (los míos y los ajenos) no puedo más que compartir mi perplejidad.
Desde la más elemental lógica, quien supone que va a ganar en cualquier actividad competitiva busca eliminar las sombras de sospecha que resten legitimidad a su triunfo, más aún cuando el margen de diferencia se espera amplio.
Estamos en un escenario tal que quien se proclama ganador ha venido sistemáticamente atentando contra la integración y operación de las instituciones que conforman el entramado que permiten el equilibrio en el ejercicio del poder público y en particular contra las que organizan y validan las elecciones y poniendo en duda ex ante su proceder imparcial. Hagamos un breve recuento.
El actual presidente de la República se ha enfrentado sistemáticamente al Poder Judicial, lo dejó claro desde el momento en que impulsó e influyó para que Arturo Zaldívar presidiera dicho poder. El diagnóstico era que el sistema judicial estaba corrompido y había que reconstruirlo. Zaldívar encabezó esa “transformación” y no tuvo reparo en hacer explícita esa aseveración a costa de tachar a toda la institución que él presidía de estar lejana de su misión legal, sin importarle agraviar a todos sus integrantes al tratarlos sin distingos.
La cuestión no para ahí, en la renovación de las vacantes que se sucedieron en la Corte a lo largo de su sexenio, López Obrador no repara en decirse decepcionado del proceder de aquellos ministros que fueron designados con su consentimiento. Esperaba ‘lealtad’ y encontró aplicación de las leyes. De manera tal que en las últimas tres designaciones, y en particular en la última, se encargó de asegurarse que quienes llegaran a la SCJN fueran personas que no lo ‘decepcionaran’.
A la par, lo comentamos la semana pasada, la mayoría en el Senado de la República tiene incompletos todos los tribunales electorales, tanto los locales como el federal, instancias responsables de vigilar el cumplimiento de la legalidad en los comicios y calificar la validez de las elecciones, todo ello en beneficio de la legitimidad de la renovación de los poderes ejecutivos y legislativos en todo el país.
El tratamiento que la coalición gobernante le dispensa al Poder Judicial se extiende a otras instituciones autónomas, el caso más evidente es el del INAI, institución que sigue operando con cuatro de los siete integrantes con los que debe contar y al amparo de una sentencia de la SCJN. Así, la consideración a la transparencia y al derecho a la información.
El INE no ha sido la excepción. En la última designación de cuatro consejerías, incluida la presidencia, se renunció al acuerdo político en la Cámara de Diputados para dejar a una tómbola la decisión. Ese pésimo ejemplo posiblemente esté permeando de alguna manera en el gobierno del Instituto y la falta de acuerdos en el colegiado tiene como consecuencia que la mayoría de las posiciones de dirección estén ocupadas por encargados de despacho.
Además, el Instituto ha estado sujeto a descalificaciones que buscan restarle legitimidad, sobre todo, obviamente, cuando toma decisiones que no son de la simpatía de quien gobierna.
Y para rematar, el presidente de la República habla de fraude, de golpe de Estado técnico y de que los tigres se podrían soltar. ¿De qué se trata?
Este breve recuento, más otros hechos que por falta de espacio no podemos describir, están conformando un panorama que me llevan preliminarmente al menos a dos conclusiones: o bien quien se dice seguro ganador no está tan seguro de ello y ‘por si hace falta’ está preparando el escenario para desconocer o al menos restarle legitimidad a la victoria de la oposición o a resultados que no le sean tan favorables y/o con todo esto se busca generar confusión y desánimo en la ciudadanía para que siga alejada de las elecciones y de la política. Estamos a 40 días de conocer los efectos de todo esto y del quehacer de los contendientes.
POSDATA: Sin duda el clima de inseguridad está marcando estas elecciones, no solo por lo que hace al número de personas asesinadas que estaban vinculadas a los comicios en calidad de precandidatos, candidatos o dirigentes partidistas (datos crecientes y lamentables per se), ahora se suman a ello las dificultades por las que atraviesa el INE para instalar casillas en algunas regiones del país, ya sea porque los ciudadanos no aceptan ser capacitados para fungir como funcionarios el día de la jornada o no prestan sus domicilios para que en ellos se instalen las urnas. Lo que resulta inaceptable es que, en reciente visita al INE, legisladores de la Comisión integrada para dar seguimiento a las elecciones hayan solicitado que estas se suspendan en aquellos lugares en donde se compruebe la injerencia del crimen organizado, en lugar de exigirle al Estado que cumpla con su deber de garantizar las condiciones para que la ciudadanía pueda acudir a votar en libertad. Prefieren restringir derechos antes de exigir el cumplimiento de obligaciones, ¡qué lamentable!