Telón de Fondo

El peso de las herencias

Llama la atención que siguen sin nombramiento las secretarías que tendrán la responsabilidad de la política interna, la seguridad y los programas sociales.

Iniciamos hoy el segundo semestre de 2024 y estamos a dos meses de la instalación del Congreso de la Unión, a tres de que la Dra. Sheinbaum asuma la presidencia de la República y a poco más de cuatro meses de las elecciones en Estados Unidos. Además, el pasado jueves se realizó el primer debate de los aspirantes a la presidencia de ese país y dentro de tres días los estadounidenses festejarán un año más de su independencia.

Lo anterior no solo es un recuento de fechas, sino el dar cuenta de hechos que están íntimamente conectados y respecto de los cuales la futura administración de nuestro país tendrá que pronunciarse.

Antes de que se instale el Congreso, este ya tiene tarea y el llamado plan C (18 iniciativas de cambios constitucionales y cinco legales) ocupará el primer mes de sus actividades, heredando con ello la agenda del presidente saliente, quien la impuso desde antes del inicio de las pasadas campañas y quiere garantizar que sus propuestas, o al menos las más relevantes, queden aprobadas antes de que concluya su gestión.

Está por definirse quiénes encabezarán las mayorías de la coalición gobernante en ambas Cámaras, pero el contenido de su encomienda ya está sobre la mesa y operándose, a tal grado que, en un hecho inédito, el pleno de la Suprema Corte compareció ante los legisladores para exponer sus puntos de vista con respecto a una propuesta que no solo los destituye, sino que además reconfigura el papel del Poder Judicial en el sistema político y al sistema en su conjunto.

Sintomático de lo que viene es dar cuenta de las posiciones divergentes de las y los ministros, lo que no debe extrañar en cualquier colegiado, sino los términos del debate, que pasa de razones a actos de fe y a reclamos personales, si consideramos la intervención del expresidente Zaldívar. Así, el nivel de un foro que se registrará en los anales, pero no se considerará para las resoluciones, a decir, de uno de sus protagonistas.

Por su parte, la virtual presidenta electa ratificó su apoyo para que el mando de la Guardia Nacional pase formalmente al Ejército, ya que nunca ha dejado de tenerlo. Este pronunciamiento no es menor, ratifica la lealtad a un proyecto, aún a pesar de que quien lo enuncia es parte de una generación que criticó severamente la intervención del Ejército en actividades civiles y políticas. Lo anterior no se trata de una fobia prejuiciada, sino de reconocer las tareas que institucionalmente le corresponden a cada quien, y justo a las Fuerzas Armadas no les compete la seguridad pública, y si alguien considera que es el caso, nos oculta información sobre la seguridad nacional que debe estar en riesgo para tal intervención.

La operación de este nuevo marco constitucional y legal dependerá de un gabinete que poco a poco se configura y que, por lo menos en lo que hasta ahora se ha hecho público, hay algunas trayectorias que no implican una continuidad ciega y en automático. Llama la atención que siguen sin nombramiento las secretarías que tendrán la responsabilidad de la política interna, la seguridad y la política social.

Y si bien, por lo que hace al desarrollo nacional, la máxima es la continuidad, habrá que ver si en el terreno de la política exterior se seguirá el mismo derrotero, a saber, si las relaciones internacionales frente a los principales socios comerciales se pensarán como en los años de la Guerra Fría.

Al amparo de las fuertes tensiones internacionales, derivadas de la Segunda Guerra Mundial, México encontró una ventana de oportunidad para un desarrollo económico muy relevante y estiró la cuerda en la década de los años 70 del siglo pasado, pretendiendo liderar una tercera alternativa frente a los dos polos en disputa. Al parecer, López Obrador ha pretendido seguir esa línea muchas décadas después, buscando aprovechar las tensiones comerciales y políticas entre China y Estados Unidos y hacer ver su simpatía, o al menos su tolerancia, a gobiernos como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua y su ánimo justiciero en los casos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

¿Seguirá Claudia Sheinbaum con esa política? Seis décadas son muchas y el contexto y las condiciones son otras. Ni Biden ni Trump son Roosevelt ni Kennedy, aunque como aquellos, primero defenderán los intereses de su país y sin desparpajo afirmarán, como ya confesó el republicano, que siendo presidente recibió de México “todo a cambio de nada”.

Lo que está al frente es un 2025 de negociaciones para renovar un tratado comercial, en el que tanto en Canadá como en Estados Unidos predominan políticas proteccionistas lejanas a las que inspiraron el actual acuerdo a principios de los años 90.

En ese marco, las decisiones domésticas jugarán un papel muy importante, de manera tal que temas como capital de origen, energía, seguridad y Estado de derecho (entendido este en el sentido estricto de garantías a la inversión extranjera) pasarán a jugar un papel muy relevante para la reconsideración del tratado comercial. No así temas, lamentablemente, como medio ambiente y justicia social.

Las señales de ‘tranquilidad’ que se envían a los mercados, con la ratificación del Secretario de Hacienda y los nombramientos de Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard, no son suficientes para las difíciles condiciones que le esperan a México el próximo año que, además de las restricciones externas, enfrentará el difícil trámite de financiar la continuidad de los programas sociales y la conclusión de las megaobras, herencia de López Obrador.

POSDATA: Ya en otras ocasiones he insistido en que la legitimidad de la calificación de la elección presidencial depende de que la Sala Superior del TEPJF esté plenamente integrada por los siete miembros, como está previsto en la Constitución. Recientemente, magistrados de esa sala dejaron ver que eso no sería así y que llamarían solamente a un sexto miembro ya en vísperas de la calificación señalada. El panorama se torna interesante, ahora un juez ordena a los magistrados que asuman las facultades que se les tienen conferidas para nombrar a la brevedad a las dos magistraturas vacantes, considerando los criterios de antigüedad en el cargo y en su caso la edad de las personas. Como diría el clásico: pero ¿qué necesidad?

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