Estamos a tres semanas de que el INE y el TEPJF tomen la decisión más importante en materia electoral de los últimos 30 años. Se podrá decir que la del 2000 o la del 2006 fueron cruciales y sin duda lo fueron, pero ésta, de confirmarse lo que se sospecha, entregaría a la coalición gobernante un poder que ningún gobierno ha tenido en las últimas tres décadas, de eso estamos hablando.
La cuestión no debería generar problema alguno si esa decisión fuera solo la confirmación de lo que la ciudadanía expresó en las urnas. Lo que llama a la reflexión es que hay dudas fundadas de que ese no fue el mandato resultado de la jornada del pasado 2 de junio. De manera tal que las autoridades electorales tienen en sus manos decidir el futuro de nuestro país, no creo que sea exagerado plantearlo en esos términos, ya que las reformas constitucionales y legales que conforman el llamado plan C apuntan a la reconfiguración del diseño del Estado mexicano y apuntan a un programa de gobierno.
Los números son un referente fundamental para poder conversar más allá de nuestras diferencias ideológicas, y si bien es incuestionable que Claudia Sheinbaum obtuvo el 59.8 por ciento de los votos emitidos, lo es también que gobernará con la aprobación del 36 por ciento de la ciudadanía si consideramos que hubo una abstención del 40 por ciento.
También es cierto que ese fenómeno ha acompañado a las últimas elecciones, pero ahora se trata de la elección presidencial con la más baja participación después del 58.6 por ciento del 2006 y lejos del pico de 1994 cuando se llegó al 77.2 por ciento.
Otra cuestión a considerar es la diferencia entre la votación de la candidata presidencial y la que obtuvo su coalición para efectos de la integración de la Cámara de Diputados. En este caso la distancia es de más de 5 puntos y si bien no es de extrañar que haya estas diferencias, lo que llama la atención es la brecha y que el 54 por ciento de votación obtenida para las diputaciones esté realmente soportada por el 32 por ciento de la ciudadanía.
Una tercera parte del electorado decidió por la continuidad, pero eso no pasa por tener una mayoría calificada fuera del espíritu de la Constitución en la Cámara de Diputados, como ya lo he señalado en otras entregas.
Aquí se abre al menos otra cuestión a considerar. Si de legitimidad y soporte social hablamos, la próxima presidenta tendrá el respaldo expreso de un poco más de un tercio de la ciudadanía; eso per se debería indicar un signo de preocupación para cualquier gobierno democrático que vea responsablemente más allá del acceso al poder.
Me refiero a que tendríamos que preguntarnos si a casi la mitad de la ciudadanía le es indiferente la política o se ha alejado de ella por los malos resultados y por el desprestigio de la misma. Cualquiera que sea la respuesta, este indicador debería ser motivo de preocupación; no verlo en esos términos puede derivar en el mediano plazo en la pérdida de legitimidad y en el deterioro de las instituciones, las que hoy conocemos o las reconfiguradas si el plan C prospera.
Los tiempos son inexorables y en materia electoral inevitables, si no lo que se produce es una crisis política. El miércoles pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió 240 juicios de inconformidad sobre la operación de la jornada electoral, y ya antes había resuelto tres juicios conocidos como ‘madre’, ya que cuestionaban la elección toda, y ahora comunica que a mediados de esta semana calificará la elección y el jueves extenderá la constancia de presidenta electa.
La decisión se tomó por mayoría (4-2) por lo que hace a un poco más de 60 casillas respecto de las cuales la magistrada Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez propusieron anularlas por haber detectado irregularidades; el haber procedido como se proponía no hubiera alterado el resultado, pero se habría ganado en legitimidad y certeza y se habría dejado constancia de cuestiones operativas para ser mejoradas en futuros procesos.
Ahora bien, este capítulo no se cierra aquí. Lo que sigue en la agenda electoral es la asignación de diputados y senadores que integrarán el Congreso de la Unión y en ese carácter podrán tomar decisiones que nos impacten a todas y todos.
La siguiente parada será el 23 de agosto cuando sesione el Consejo General del INE y asigne a los legisladores de ambas cámaras del Congreso federal, y cualquiera que sea su resolución, seguramente la misma será impugnada ante el TEPJF, quien tendrá la última palabra. Recordemos que sus decisiones son definitivas e inatacables.
En torno de todo esto se ha desatado, afortunadamente desde mi punto de vista, una deliberación pública respecto del alcance del voto ciudadano manifestado en las urnas. Han sido múltiples las advertencias bien documentadas de especialistas, académicos y comentaristas del riesgo que se corre de que en una interpretación ‘letrista’ de la Carta Magna se altere el sentido del voto.
Llama la atención, como bien lo señaló recientemente Jesús Silva-Herzog, la casi ausencia en este debate de los partidos políticos de oposición, quienes deberían ser los principales interesados en encabezar estos señalamientos. Seguramente deben estar enfrascados en sus relevos internos; la mala noticia es que muy probablemente cuando terminen de tomar sus decisiones despierten en una arena muy distinta y su propio peso sea cada vez menos relevante.
Si a escasas tres semanas estamos de saber las decisiones que tomarán 11 consejeros electorales y cinco magistrados, nunca en tan pocos han descansado tan relevantes decisiones.