A siete días de que concluya el mandato presidencial de López Obrador, lo que está claro es que deja al menos dos saldos deficitarios, con la democracia y el Estado de derecho, dos cuestiones que están estrechamente vinculadas, que no pueden existir una sin la otra.
Termina el sexenio con el Poder Judicial en suspensión de labores, hecho inédito en la historia de nuestro país y con una violencia desbordada en Sinaloa, Morelos, Chiapas, Baja California, Nuevo León y otras regiones del país. Vaya manera de cerrar.
Se aprobó por el Legislativo y la mayoría de los congresos locales la reforma al Poder Judicial, misma que fue publicada el pasado 16 de septiembre para cumplirle a AMLO su pretensión de equiparar su ‘cuarta transformación’ con las gestas independentistas del siglo XIX.
Para ello, impuso su proyecto sin la más mínima atención a muchas voces dentro y fuera del país que advirtieron de los riesgos que implica para la impartición de justicia, el Estado de derecho, la delimitación de poderes, el respeto a los derechos humanos y contra el ejercicio democrático de las libertades políticas. Todo a partir de la consideración de que el Poder Judicial debe estar alineado al proyecto del Ejecutivo.
Son muchos los ejemplos de las molestias que generaron sentencias judiciales que pusieron en duda o frenaron iniciativas presidenciales por estar mal fundamentadas o controvertir disposiciones constitucionales, lo que nos ha llevado a sistemáticos desacatos o a afirmaciones como “no me vengan con que la ley es la ley”, que pasa de ser una anécdota a pintar sin ataduras una concepción respecto al papel que debe jugar la impartición de justicia.
Se trata de una reforma que busca concentrar el poder del Estado en el Ejecutivo federal, disfrazando todo ello en un ‘acto democrático’, la elección de juzgadores, cuando lo que pretende es la imposición de la tiranía de las mayorías en todos los órdenes de la vida pública.
Se nos quiere vender como muy democrática la elección de juzgadores. Verlo de esa manera es ignorar que la lealtad de un juez es con la Constitución y la ley, y no con sus electores. ¿Qué nos podría ofrecer diferente un aspirante de otro a un cargo en el Poder Judicial que no sea la aplicación estricta de la ley? ¿Qué acaso se pueden ofrecer distintas varas según quien esté en un caso bajo su consideración? ¿Benevolente con su base electoral y la aplicación a secas de la ley con quienes no?
Gallarda la actitud de jueces, magistrados y la mayoría de los ministros de la Corte que, en un hecho inédito en la historia de nuestro país, desde el 21 de agosto suspendieron actividades como último recurso para ser escuchados y ahora extienden el mismo hasta el 2 de octubre, esperando tal vez que con el inicio del nuevo periodo presidencial se abra una ventana de civilidad, ya que en el que concluye la única opción era la subordinación.
Lo que es un hecho, es que el Pleno de la SCJN tendrá que pronunciarse en los próximos días respecto de los amparos que algunos jueces dispensaron para evitar la aprobación y publicación de la reforma y que fueron sistemáticamente desacatados por la mayoría de los legisladores y el Ejecutivo federal. Además, tendrán que resolver sobre una gran cantidad de amparos que han solicitado y solicitarán ciudadanos y organizaciones civiles contra la aplicación de la reforma. De la misma manera tendrán, eventualmente, ante sí recursos contra la constitucionalidad de la misma.
Vaya escenario. Si, como es de esperarse, el pleno de la Corte ratifica los amparos y se pronuncia por la inconstitucionalidad de la reforma, podría presentarse la delicada situación de que los otros dos poderes de la unión desacaten esta decisión y desconozcan al Poder Judicial, generándose así una crisis institucional sin precedentes y sin recursos para enfrentarla, a no ser la imposición de dos poderes sobre el otro.
Por si lo anterior fuera poco, la violencia se ha desatado en el país y no creo exagerar al calificarla de esa manera. Las noticias que nos llegan así lo confirman. Pero una vez más, López Obrador no da su brazo a torcer e impone sus ‘abrazos, no balazos’, aunque con ello esté renunciando a una de las obligaciones centrales del Poder Ejecutivo en cualquier país: garantizar la integridad de la nación, el libre tránsito de los ciudadanos y el respeto a sus bienes y a sus vidas.
De la misma manera en que impuso sus tiempos y formas para en los hechos rediseñar al Estado mexicano, lo mismo está haciendo con algo tan delicado como la paz pública.
Pero no solo no asume su responsabilidad en la materia, sino propicia otra reforma constitucional para dejar marcado su sello en la Carta Magna, dándole acto de naturalización a la militarización del país. Ni Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto que combatieron la inseguridad utilizando para ello a las Fuerzas Armadas se atrevieron a dar el paso que hoy López Obrador ha dado, cuando él mismo, a lo largo de toda su carrera política, había ofrecido que haría lo contrario.
Y la cuestión no concluye ahí, se reformó el artículo 129 Constitucional para que las Fuerzas Armadas puedan, en tiempos de paz, intervenir en actividades civiles gozando del fuero militar. Es decir, harán labores policiacas, de investigación, pero además obra pública, administración de bienes y servicios de la nación, cuestión que les estaba prohibida.
Sí, de eso estamos hablando, de la herencia de un Estado no democrático, que debilita a las instituciones civiles con lo que golpea al corazón mismo de la democracia.
Vaya herencia, una democracia vulnerada, una inseguridad a galope y carta abierta a la militarización.
POSDATA:
Mientras tanto, para el INE la vida sigue y ahora se apresta a organizar sin convocatoria ni leyes secundarias la elección de los integrantes del Poder Judicial, que al menos debería tener los mismos estándares de calidad y credibilidad que las elecciones del Ejecutivo y el Legislativo. Por lo pronto ya aprobó sesionar sin representantes de partidos políticos ni del Poder Legislativo.