El 1 de diciembre de 2018 rendía protesta como presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Juró cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella emanan y gobernar para todos. A lo largo de estos 5 años y 10 meses no cumplió cabalmente ni una ni otra cosa.
Mañana dejará el cargo y la ceremonia de relevo se llevará a efecto con las formalidades y con la oportunidad que el caso amerita. Esperemos que, en este caso, no se trate solo de cumplir un protocolo, sino de honrar a cabalidad durante todo el sexenio la palabra empeñada ante la nación.
Recuerdo las jornadas del 1 de julio de 2012 y del 2018, en ambas la voluntad ciudadana se manifestó con claridad, la organización de la elección, con complejidades e inequidades, fue el vehículo, una vez más, para ofrecer un resultado creíble sobre el que descansó la legitimidad necesaria para el inicio de los gobiernos electos. Así se había manifestado el electorado, y acudimos a la transmisión pacífica del poder, lo que corresponde a las reglas de la vida democrática.
López Obrador en 2018, en su tercer intento de llegar a la Presidencia, desplegó una campaña bajo el axioma “Primero los pobres” y explotó en todos los órdenes —político, social, comunicacional y sobre todo emocionalmente— los yerros de los tres gobiernos de la transición democrática y en particular el sexenio priista de Carlos Salinas de Gortari.
Pasó de ser para algunos “un peligro para México” a una esperanza para desterrar la corrupción, la desigualdad, la impunidad y la inseguridad, entre otros flagelos. Muchos de aquellos 30 millones de votos así lo valoraron ante los insatisfactorios resultados de los gobiernos precedentes, razones y evidencias no faltaban.
Lo que nunca estuvo en consideración de los electores fue que en la perspectiva del nuevo gobierno estaba que para remediar la situación económica y social había que postergar los derechos político-sociales, como lo dictaba la más vieja ortodoxia del populismo izquierdista, de que la justicia social para lograrse pasa por concentrar el poder y eliminar a las oposiciones.
Historias de esos discursos y sus fatales resultados están a la vista desde la Unión Soviética hasta las actuales Cuba y Venezuela, y podemos hacer un largo listado de gobiernos que se impusieron por la fuerza o por las urnas y que embriagados de poder o desde el cinismo demagógico ahora hacen del ejercicio público negocio privado o pretendida materialización de su muy particular visión de la historia y de su papel en ella.
Hoy se cierra un ciclo y se abre otro y como corresponde a los rituales periódicos, las expectativas se multiplican; en unos prevalece la idea de la continuidad, ya sea por así convenir a sus intereses o porque legítimamente consideran que este es el rumbo que el país debe seguir o simplemente por fatalidad. Hay quienes consideran que habrá continuidad, pero que en algún momento la Dra. Sheinbaum impondrá su sello particular, su estilo personal de gobernar, diría don Daniel Cossío Villegas.
Pero más allá de los matices, prevalece la idea de que lo que nos espera para los próximos seis años es más de lo mismo; si es el caso, creo que los avances democráticos y los derechos que se ensancharon en las últimas décadas están en riesgo e incluso la estabilidad económica podría verse fuertemente afectada dado el alto costo de sostener los programas del “bienestar”, que dispensan recursos a diferentes sectores sociales sin atender los problemas estructurales que han generado las desigualdades que nos aquejan.
Los programas sociales traducidos en dinero en efectivo, que deberían ser medidas transitorias y, en todo caso, focalizados a ciertos grupos sociales, se han convertido en permanentes, en formas de gobierno y en sustento de popularidad. Soy de los que creen que su generalización y extensión es un indicador del fracaso de un modelo de desarrollo, además de que empobrecen la vida social, política, educativa y cultural.
Sin caer en la ingenuidad y en los buenos deseos, creo, por el bien de nuestro país, que el rumbo, el ejercicio del gobierno y la convivencia social deben replantearse. Nada justifica la restricción de libertades y la estigmatización desde el poder a los diferentes. Justo, la potencialidad de una sociedad crece cuando los diversos se encuentran, se escuchan y en el diálogo construyen.
Mañana la Dra. Claudia Sheinbaum asumirá la máxima responsabilidad en nuestro país y jurará ante la nación gobernar para todas y todos respetando el acuerdo social que nos hemos dado; esperemos que no se trate de un ritual más, sino de un compromiso a honrar.