Sigue siendo mucha la prisa por cambiar el régimen democrático que a lo largo de al menos cuatro décadas se había venido construyendo en nuestro país. La coalición gobernante se aprovecha de una mayoría construida artificialmente en el Congreso de la Unión, de la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados y de la “debilidad de las oposiciones” en el Senado, por decir lo menos.
Se dice que solo estamos ante reformas constitucionales y legales dentro del marco establecido, pero yo insisto que estamos ante cambios de régimen, cambios de fondo en la conformación de la República y sus poderes, y para eso no fuimos convocados el pasado 2 de junio.
Por la vía de estas modificaciones se avanza en esa dirección. Ejemplo de ello son las reformas al Poder Judicial, a la Guardia Nacional, a la reconstrucción del aparato productivo del Estado, a la pretensión de desaparecer los organismos autónomos para que sus facultades pasen a manos del Ejecutivo, etcétera.
Este proyecto viene concebido desde antes y se fue implementando desde el 2018, sin embargo, López Obrador encontró sobre todo en el Senado y en el Poder Judicial un freno a sus pretensiones. Es por ello que, distorsionando y abusando de la democracia, se construyó un Poder Legislativo a modo y desde ahí se busca disminuir al Poder Judicial para finalmente concentrar en el Ejecutivo la construcción de un modelo de país sin contrapesos y en el que incluso estorba el federalismo, encaminándose hacia el ejercicio autoritario del poder público.
La prisa es mucha y el desaseo legislativo es una constante que arroja errores y dilemas que van quedando en el camino y que en la aplicación de las nuevas normas provocarán incertidumbre, entre otras cosas, por la poca certeza que arrojará la aplicación de disposiciones normativas mal elaboradas, como diría el clásico Muñoz Ledo: ¡ah qué manera de legislar…!
Lo anterior no sólo denota el desprecio a las disposiciones legales, sino además abre el zaguán a la arbitrariedad, ya que ante tantos vacíos, insuficiencias y contradicciones en las normas que se están aprobando se deja en manos de quien las va a ejecutar la interpretación y el sentido de las mismas.
Ejemplos de lo anterior hay muchos; como botón de muestra recordemos lo que pasó el sábado pasado en el Senado al hacerse el sorteo para definir los cargos de juzgadores que se pretenden elegir en junio del próximo año. Las reglas que se habían dado tuvieron que ser modificadas en el transcurso de la sesión para arribar a un resultado. Ya veremos si el mismo es ejecutable tanto por el INE como para la continuidad de la impartición de justicia, aunque parece que eso es lo que menos importa.
En el fondo, el conjunto de reformas conduce a la concentración del poder, a rehuir el debate, a la imposición por encima del ejercicio político, a evitar la vida colegiada y el equilibrio y contrapeso de los poderes.
Este modelo de gobierno federal se replica a otras instancias, otro ejemplo es la reforma con la que se pretende cambiar la conducción del Instituto Nacional Electoral. El jueves pasado, el pleno del Senado aprobó un cambio a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que quien preside el INE pueda nombrar directamente a los funcionarios de primer nivel, excepto la Secretaría Ejecutiva, sin que dichos nombramientos sean aprobados por el Consejo General, como está dispuesto actualmente.
Es de resaltarse que esta propuesta llegó de contrabando al pleno del Senado, ya que no estaba en el texto de la iniciativa que la Presidencia de la República turnó a esa Cámara apenas el lunes anterior, con la que se buscaba sólo adecuar la ley electoral para operar la elección de juzgadores, pero ¡oh sorpresa!, de repente un senador llegó con un adendum para disminuir las facultades del Consejo General del INE y darle manga ancha a la Presidencia.
Con esta decisión se rompe la vida colegiada que no sólo ha caracterizado a la autoridad electoral desde 1996, sino que es parte de la naturaleza de su autonomía. Antes de aquella fecha, el IFE era presidido por el secretario de Gobernación y al lograr su autonomía, pasó de un mando unipersonal a uno colegiado. Retrocedimos 27 años…
Bien dice el dicho: “farol de la calle, oscuridad de su casa”. La institución que debería ser en su operación y conducción ejemplo de oficio político y logro de acuerdos razonables, en un año y seis meses ha sido ejemplo de lo contrario. La consejera presidenta ha renunciado a la construcción colegiada, a los consensos, nombrando encargados de despacho con el aval del Tribunal Electoral y ahora, no sólo eso, la mayoría legislativa termina por “legalizar” lo que hoy en los hechos es una forma de gobierno unipersonal.
En mi experiencia de casi 15 años en el INE fui testigo de las virtudes de la vida colegiada, ya que sin duda ésta enriquece, en las diferencias, a la institución y la fortalece. En el caso de la designación de directores, que tienen facultades y responsabilidades expresas en ley, el hecho de que su nombramiento y cese recaiga en el Consejo General refuerza el sentido de institucionalidad y profesionalismo de esos cargos. Con la reforma propuesta se pasa de la lealtad institucional a la subordinación y fidelidad a la Presidencia del Consejo.
Con estos hechos se está renunciando a la construcción de acuerdos, a la deliberación con los otros para imponer la autoridad de una persona. ¿Así se hará el arbitraje de la política? El árbitro renuncia a ella, vaya paradoja.
POSDATA: Qué falta de respeto a cientos de personas juzgadoras cuando sus trayectorias están sujetas a una tómbola ¿De eso se trata el humanismo que tanto se pregona?