Telón de Fondo

Venezuela no está lejos

En los primeros tres meses del actual gobierno, se han precipitado una gran cantidad de reformas constitucionales y legales que desmontan el equilibrio de poderes.

Las comparaciones suelen ser odiosas y en muchas ocasiones pueden llevar a equívocos cuando se trata de extrapolar los sucesos de una realidad social a otra sin considerar el contexto y las condiciones históricas particulares; sin embargo, pueden ilustrar riesgos y ayudar para entender tendencias. El caso de Venezuela es un referente que no podemos perder de vista.

Un país que hace treinta años contaba con una institucionalidad con índices democráticos razonables, es decir, con posibilidades reales de alternancia y competitividad política, y una sociedad con niveles de vida por arriba del estándar latinoamericano y que conocía de la libertad de expresión y el ejercicio de otros derechos, se encuentra social y políticamente devastada.

En un breve lapso, Hugo Chávez y su movimiento, con el respaldo de las fuerzas armadas, se apropiaron del Congreso, del Poder Judicial y de los órganos electorales, entre otras instancias que permitían el equilibrio necesario para el ejercicio del poder público. Y hoy, a los ojos de todo el mundo, su heredero —no es metáfora— realizó el más grande fraude electoral que las oposiciones, con las actas en la mano, demostraron.

Hablar de esto no es ocioso, ni es referirse a un “lejano país”; es una evidencia más de cómo la construcción de instituciones que tienen como encomienda la protección del libre ejercicio de derechos y, por lo tanto, el evitar el uso abusivo del poder, son un proceso complejo que implica mucho tiempo, pero que puede destruirse en periodos muy cortos.

México parece encaminarse hacia allá. En seis años, pero en particular en los primeros tres meses del actual gobierno, se han precipitado una gran cantidad de reformas constitucionales y legales que desmontan el equilibrio de poderes y facilitan un ejercicio arbitrario del poder.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá lo dijo con claridad al iniciar, la semana pasada, el periodo de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “el legado de la Constitución fue destruido”, cuestión que no había sucedido en más de un siglo, aun en momentos de guerra civil o de conflictos internacionales de gran envergadura. ¡Cuánta razón le asiste! Ni en los momentos de mayor inestabilidad política del país se había “dinamitado la estructura” del Estado, las reglas de convivencia social expresadas en la Constitución.

Y lo que falta. La presidenta anunció que turnará una propuesta de reforma político-electoral para ser considerada en el siguiente periodo de sesiones del Congreso de la Unión, reforma que a su decir implicará al menos tres cosas: reducción del presupuesto para organizar elecciones y del financiamiento a los partidos políticos; eliminar la reelección y combatir el nepotismo en la sucesión de cargos públicos y, lo más preocupante de todo, la restricción a la pluralidad representada en los Congresos federal y locales, ya que propone revisar la representación plurinominal.

Respecto de lo primero, si bien es cierto que hay que reconsiderar los montos desorbitados de financiamiento a los partidos políticos, esto habría que hacerlo a la luz de la equidad de la contienda y no solo bajo la consideración del “ahorro”.

Simultáneamente, se plantea revisar el costo de la organización de elecciones, área en la que siempre hay oportunidad de mejora, pero esto no debe ser a costa de poner en duda la certeza de los resultados y con ello la legitimidad de quienes son electos. Lo anterior no es una mera hipótesis; la próxima elección de juzgadores es un ejemplo de comicios que, al no contar con los recursos necesarios, sembrará muchas “sospechas” y cuestionamientos sobre sus consecuencias. A la vista son previsibles una baja participación, la deficiente capacitación de ciudadanos, la instalación de “centros de votación”, la ausencia de resultados preliminares, cómputos realizados por funcionarios y no por la ciudadanía, entre otras cuestiones.

Por otra parte, si bien la reelección no arrojó, en el poco tiempo de su implementación, los resultados esperados, el tema a resolver es la profesionalización en los ejercicios legislativos y de gobierno, en una sociedad cuyos problemas son cada día más complejos y requieren una atención técnicamente solvente. Para no hablar de la pretensión de fortalecer el voto ciudadano para que éste califique los resultados del ejercicio público.

Sobre el nepotismo, vaya paradoja, un gobierno que se ha caracterizado por el mismo ahora pretende combatirlo, ya veremos…

Finalmente, décadas de demandar y luchar para que la diversidad, la pluralidad, de nuestra sociedad se manifestara en las diferentes esferas de la vida pública para ahora retroceder. Ya conoceremos la propuesta específica al respecto; hasta ahora el anuncio es que los diputados seguirán la fórmula de los senadores, es decir, mayorías y primeras minorías…

No creo, y espero equivocarme, que la reforma político-electoral quede solo con esos alcances. Al menos la de López Obrador implicaba desaparecer a los órganos electorales locales (los OPLE) para que el “INEC” (SIC) organizara todos los comicios en el país, reduciéndole facultades y su estructura. El Tribunal Electoral ya está condenado por la reforma al Poder Judicial; los magistrados entrarán al paquete de las tómbolas y las urnas. Aunque en los hechos ya se condenó con decisiones mayoritarias de dudosa procedencia constitucional como la sobrerrepresentación.

POSDATA: El gobernador de Sonora parece sugerir que el registro de homicidios debe ser reclasificado para pasar de la inseguridad —responsabilidad del Estado— como causa de los mismos a la imprudencia de la sociedad, de las familias, que “se esmeraron en el transcurso de su vida en crear un entorno de riesgo” (SIC). Vaya manera de rehuir sus deberes.

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