El miércoles pasado se celebró el Día Mundial de la Salud. Estos días conmemorativos se instauran para hacer conciencia sobre algún problema público, para atraer la atención sobre un tema particularmente importante o que ha caído en el olvido. El tema de la salud está en nuestras conversaciones de manera intensa desde hace un año. Con la irrupción de la pandemia reconocimos cuán frágiles somos, sobre todo cuando no hay un aparato de salud pública que pueda atendernos a mitad de una emergencia.
Por ser el Día de la Salud, en México Evalúa, junto con organizaciones muy queridas y respetadas como el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, elaboramos un posicionamiento que presenta evidencia sobre la fragilidad de nuestro derecho de acceso a la salud. La brecha entre los que acceden a él y los que no es muy grande. Muchos mexicanos se quedan fuera. Esto sin contar la calidad de los servicios; también existen enormes brechas en este aspecto. Pienso de inmediato que ésta debería ser una prioridad del presidente López Obrador. ¿Cómo es posible que una agenda de justicia social no coloque a este tema en el centro? Si el acceso a la salud no amerita estar entre sus prioridades, entonces que alguien me explique a qué se refiere cuando dice que “primero los pobres”.
Tomo un dato del comunicado que las tres organizaciones difundieron esta semana. Agárrense, es duro: 26 por ciento de nuestra población no está afiliada a servicio de salud alguno. La aspiración de contar con cobertura/acceso universal claramente no se ha logrado. Existe un gran problema operativo y financiero detrás, pero sí tiene solución si se cuenta con la voluntad política de emprender una reforma de gran calado.
Sabemos, además, que nuestro sistema está muy fragmentado. Y que cada ‘proveedor’ del servicio tiene calidad y sustento financiero distintos. No es la misma oferta la del IMSS o la del ISSSTE, por ejemplo, que la del Insabi, cuyo tránsito es incierto. Esta fragmentación tiene repercusiones que se resumen en una frase: los más pobres no tienen acceso, o lo tienen en un esquema subfinanciado. Con esto me viene a la mente el título de uno de los libros de Carlos Elizondo, aquel que dice que Los de adelante corren mucho... Desigualdad, privilegios y democracia. Y agrego: los de atrás ahí se quedarán. El presidente no está haciendo nada para cambiar esta realidad.
A lo anterior hay que sumarle el efecto de la pandemia, que ha estresado al límite a nuestros servicios de salud. En el comunicado de las tres organizaciones se presenta evidencia de cómo se ha desplazado la atención de otros padecimientos. Cito: “(…) en 2020 se dieron 168,173 consultas para la atención de cáncer de mama y cervicouterino en unidades de la Secretaría de Salud y de Servicios Médicos Estatales y Municipales, el equivalente al 43% del total de consultas otorgadas en 2019 (383,462). Las consultas en las 101 unidades de Especialidades Médicas en Enfermedades Crónicas de la Secretaría de Salud, que atienden principalmente a pacientes con diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemia (todas comorbilidades de Covid-19), también se redujeron el año pasado: un 49% con respecto a 2019”. Esto, no lo duden, tendrá consecuencias graves en términos de salud preventiva, incluso cuando la emergencia haya pasado.
El comunicado cierra con recomendaciones, algunas de horizonte amplio, otras muy de corto plazo. Dentro de las primeras está la muy necesaria reforma a nuestros sistemas de salud, para integrarlos en uno solo, que busque la universalidad. Esta es la madre de todas las reformas, si el objetivo es cerrar las brechas de desigualdad en este país. Por aquí se atienden las necesidades de los más pobres. Lo que hace este gobierno con sus transferencias monetarias puede ser un complemento, no un sustituo de lo central: el acceso efectivo al derecho a la salud.
Las de corto plazo son sencillas, pero muy potentes. Cito algunas (el documento completo se puede consultar en los sitios de las respectivas organizaciones): 1) Que se reasignen hacia la salud recursos prespuestales de proyectos y programas de baja rentabilidad. (Escribía hace unas semanas que en la cartera de inversión para 2021 el 63 por ciento de los recursos van para Pemex, 0.02 por ciento para el sector salud, ¿recuerdan?). 2) Etiquetar ingresos provenientes de impuestos especiales para asegurar el financiamiento de la atención de la salud pública, que suele verse impactada por las externalidades que generan ciertos consumos (tabaco y gasolinas, por ejemplo). 3) Incrementar el presupuesto para la salud, sí, pero también hacerlo más transparente. Al día de hoy no sabemos cuánto ni cómo se han asignado recursos para la atención del Covid-19, por ejemplo.
Lo más importante es empoderar a los ciudadanos como poseedores de derechos, y no como beneficiarios de una dádiva. Pienso que sin esta primera transformación, la del aparato de salud se seguirá postergando. La manera en que el presidente López Obrador concibe su agenda hacia los pobres no está en sintonía con darles voz para defender su acceso a estos derechos. El presidente quiere a ciudadanos sumisos que se acoplen a los esquemas clientelares de intercambio, esos que nos tienen donde estamos.
Si los pobres son primero, habría que sacarlos de esa condición de sumisión.
La autora es directora de México Evalúa.