Proponer que se cobren impuestos no es popular. Sobre todo si tenemos pobres mecanismos de rendición de cuentas sobre los recursos que salen de nuestro bolsillo para depositarse en las cuentas de la Tesorería de la Federación o las de otros ámbitos de gobierno. Es decir, son tan débiles esos mecanismos que al pagar una contribución, no tenemos garantía de que ese dinero regresará a nosotros en la forma de un servicio o bien público de calidad.
Sabemos que en el proceso de ejecución del gasto hay tantas fugas como políticas públicas mal diseñadas, proyectos de inversión infructuosos o corrupción. Estas fallas hacen que el proceso de ingreso-gasto sea fallido en el país y por eso nos resistimos a pagar impuestos. Se imponen por medios de coerción, porque no tenemos incentivos para colaborar voluntariamente. Esa conexión, que es parte del contrato social básico, está rota en el país.
La semana pasada escribía en este espacio sobre la debilidad de las finanzas públicas. En algún punto en el tiempo (corto plazo, es mi pronóstico) tendremos una situación difícil. Y esto tendrá una manifestación concreta: hablo de vidas humanas que se pierden por la deficiencia de los servicios de salud; rezagos educativos que se ensanchan por el recorte de los mejores programas en el sector; falta de crecimiento porque la inversión es insuficiente y sus destinos son los peores posibles. En fin, estancamiento en todo, que es el caldo de cultivo de las peores expresiones políticas y sociales.
Por eso debemos tomarnos muy en serio este tema. Y prepararnos para tener una discusión profunda de cómo financiar el desarrollo. Hablo de crecimiento económico, por supuesto, pero con la garantía de acceso parejo a derechos y oportunidades. Permítanme ponerlo así: en esta discusión se fundará un futuro promisorio o el fracaso consumado para construir un país mejor.
En espera de esta gran discusión y del gran rediseño fiscal en nuestro país, hay que pensar en medidas factibles hoy mismo, que permitan el inicio de un cambio incremental de gran alcance. Lo muy grande se construye con decisiones más acotadas, que van estableciendo los elementos de la ‘enchilada completa’ que necesitamos. Planteo este argumento porque quiero convencerlos de la relevancia de crear espacios para hablar de estudios valientes (porque lo reitero, hablar de impuestos no es popular) como el que presentamos recientemente desde México Evalúa, sobre el cobro de tenencia. Lo pueden encontrar en nuestro sitio de internet(1).
Es cierto que los impuestos vehiculares no constituyen la reforma fiscal que necesitamos, pero es un componente: una fuente de recursos que los estados necesitan a gritos. Veo en el cobro de tenencia dos elementos positivos adicionales. El primero, se trata de un impuesto progresivo fácil de cobrar; el segundo, constituye una manera de reconectar el cobro de impuestos con la rendición de cuentas. Me parece claro: gobiernos estatales y municipales eluden el cobro de impuestos sobre los que tiene potestad porque no quieren asumir la responsabilidad de rendir cuentas. Prefieren permanecer en el espacio de una dependencia excesiva de las transferencias federales, mientras eso les permita eludir dar la cara a los contribuyentes. Esta relación básica la tenemos que reestablecer y la tenencia es un buen ‘lugar’ para hacerlo. No podemos pensar en una gobernanza del gasto más sofisticada si no resolvemos lo básico: la asociación básica entre la aportación y su retorno.
Al día de hoy tenemos 17 estados que no cobran tenencia. Declinaron a esa potestad y, al hacerlo, mermaron su potencial de proveer mejores servicios o bienes públicos a los ciudadanos. El cálculo del monto potencial no recaudado asciende a casi 80 mil millones de pesos, según el estudio al que hago referencia. Esos recursos equivalen a más de 10 veces el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Es dinero no recaudado que pudo haber hecho la diferencia en materia de seguridad.
No todos estos estados se han quedado con las bolsas vacías, claro. Han hecho un cambalache entre el cobro de tenencia y el de otros derechos o impuestos sobre el parque vehicular, como pueden ser el refrendo o reemplacamiento. La sustitución no es benigna: se le quita la virtud de progresividad inherente a la tenencia. Se pueden poner argumentos sobre la mesa sobre la conveniencia o no del impuesto, en el balance me parece que el resultado es positivo.
El punto es que necesitamos recursos para hacer nuestra vida mejor. El Estado es un intermediario para ejercer esos recursos. Así lo hemos decidido. Lo anterior establece una relación que es difícil regular (vaya que nos consta a los mexicanos). Me refiero a que la autoridad dotada de la misma por los propios ciudadanos se desentiende del interés de quienes dice representar. Esa es una desviación a la esencia del contrato social, misma que debemos corregir. Empecemos desde lo pequeño y factible para hacer posible lo grande y ambicioso. Hagámoslo ya.
La autora es directora de México Evalúa.
(1) Ingresos vehiculares y tenencia: hacia el fortalecimiento de la independencia fiscal local, disponible en: https://bit.ly/3FQJpGK