Hay que mirar para adelante, porque quedarnos atorados en recriminaciones y lamentos no nos lleva muy lejos. Hay que plantear horizontes deseables y posibles. En los próximos días se dará la sucesión en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en estas transiciones es cuando se abren oportunidades.
La presidencia del ministro Zaldívar fue controvertida porque algunos percibimos que el ministro estaba muy cerca del presidente López Obrador, y que eso pudo afectar la manera en que en el tribunal se procesaron (o no) asuntos de extrema relevancia para los mexicanos. Asuntos que trataron sobre la esencia misma de nuestro régimen político (como la militarización, por citar el más relevante). Pero también hay que reconocer que la gestión de Zaldívar tuvo aspectos positivos. Me parecen importantes los avances en materia de gobierno y carrera judicial (sobre todo lo que toca al tema del nepotismo y la corrupción dentro de la Judicatura); el énfasis que estableció en cuestiones de equidad de género, y su interés por consolidar la Defensoría Pública Federal, como pieza clave del modelo de justicia que promueve la igualdad de armas en el proceso, y la protección de derechos en consecuencia.
No sé si estos logros compensen en alguna medida la percepción de que el ministro ‘se entregó’. Es bien fuerte plantearlo, pero es necesario reconocer que la percepción existe, y algunos hechos lo constatan.
Hay asuntos relacionados con la agenda del gobierno federal, en particular, como digo, vinculados al tema de la militarización, y que se encuentran pendientes de sentencia, algunos incluso pese a contar con un proyecto (como la acción de inconstitucionalidad 46/2016, cuyo proyecto se presentó en noviembre de 2021 y que ha permanecido en lista desde enero de este año). Otros asuntos de especial interés para la agenda del Ejecutivo se han resuelto a su favor: la consulta sobre los expresidentes, la prisión preventiva (para el que, según especialistas, la resolución de la Corte se quedó muy corta en su función garantista de los derechos humanos), el acuerdo militarista y la Ley de la Industria Eléctrica, por mencionar algunos ejemplos.
No es que el presidente de la Corte actúe solo y decida todo, eso es obvio, pero sí utiliza los instrumentos de su alto cargo para sesgar algunos temas. Puede hacerlo porque la normatividad que regula algunos procesos en la Corte se lo permite, y esos espacios de discrecionalidad también abren la puerta a presiones de distinto tipo. No seamos ingenuos, esto sucede.
En México Evalúa hicimos una investigación muy minuciosa, de la que ya escribí antes en este espacio, para conocer la ruta procesal que siguen los casos que llegan a la Corte y los tiempos que toma cada fase. Se llama Observatorio de la Suprema Corte, y su propósito es contrastar con la realidad la percepción de que existe discrecionalidad y opacidad en la manera en que se procesan algunos asuntos.
Hallamos que, en efecto, existen espacios de discrecionalidad; algunos entendibles por la naturaleza del trabajo que se hace en el máximo tribunal, pero que de cualquier forma pueden dar pie a injerencias externas. ¿Cómo acotarlos? No es factible establecer reglas fijas para todo lo que sucede en la Corte (los jueces no son panaderos, como dice Zaldívar), pero sí se pueden establecer acuerdos básicos que permitan a todas las partes, dentro y fuera del tribunal, tener certeza de cuál es la ruta procesal y de los mecanismos para resolver los temas de los que conoce.
Tuvimos la oportunidad de recibir retroalimentación sobre nuestro Observatorio por parte de un grupo de ministros. Opiniones que nos llevaron a matizar conclusiones, pero también a calibrar mejor algunas recomendaciones. Pienso que de este trabajo se desprende una agenda muy interesante y fundamental para la Corte en los siguientes años. Una agenda de transparencia procesal que nos deje a todos tranquilos. De hecho, algunas propuestas de los ministros que aspiran a la presidencia ya la incluyen, y me parece que ponen el énfasis en el lugar correcto. Esa agenda de transparencia procesal, es obvio, tiene como condición indispensable que la Corte produzca información confiable y accesible a todos los interesados. Fue problemático realizar el estudio a causa de piezas de información que estuvieron ausentes, además de que fuentes de la misma Corte entregaron información contradictoria.
Pero hay que ver para adelante. En algunos asuntos, hay que profundizar en la reforma de Zaldívar. Hay asuntos de la carrera judicial que tienen que refinarse; el tema del nepotismo debe llegar a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral. Habría que revisar si el presidente de la Corte lo debe ser también del Consejo de la Judicatura. En fin, el diseño de instituciones fuertes es una tarea que nunca acaba. Se hace con ajustes de fondo o en el margen. De manera comprensiva o incremental. Y habría que preguntarnos si son unas u otras las que necesitan la Corte y el Poder Judicial en su conjunto.
Espero que quien suceda al ministro Zaldívar sea el que tenga la mejor oferta para la SCJN. Porque vivimos tiempos aciagos en los que se señala e intimida a juzgadores, en los que la ley no es La Ley, y en los que un buen día la Rayuela de La Jornada dice que “por el camino de la ‘legalidad’ de nuestros jueces nunca llegaremos a la justicia”.
Ojalá que los ministros elijan bien.