García Luna no fue el primero ni será el último funcionario público mexicano en abusar de su cargo para beneficio propio. Es de los pocos que recibirá una sentencia por ello, porque la justicia estadounidense encontró elementos para fincarle cargos y abrir un juicio en su contra. El sistema de justicia de aquel país hará lo que muy pocas veces ha ocurrido en el nuestro: imponer una sanción ejemplar a quien más allá de la duda razonable violó la ley de manera oprobiosa.
Se ha discutido mucho en los días posteriores al fallo de la Corte de Nueva York, sobre las consecuencias del caso y su posible efecto disuasivo sobre el crimen en nuestro país. La pregunta es si un puñado de casos puede cambiar los cálculos de los infractores de la ley en este lado de la frontera. En un lapso corto de tiempo, la justicia estadounidense ha mandado la señal de que no hay rangos intocables. Tan sólo hace algunos meses, anunció la apertura de un proceso contra un exsecretario de la Defensa mexicano, un militar de altísimo rango y reputación. Lo hizo con García Luna, su antigua contraparte, a quien ofreció ayuda técnica y de otra naturaleza, y con quien parecía congeniar. Y manda, además, un mensaje añadido: el testimonio de criminales convertidos en testigos protegidos, bien puede convencer a un jurado de la culpabilidad de un indiciado. Al parecer, no es rocket science.
Por eso hoy, en la conversación pública, circula la idea de que a este caso le seguirán otros. No es que haya una conspiración contra el país: es sólo la impaciencia de algunos operadores de agencias estadounidenses que ven que de este lado no pasa nada...
Y llegamos a la pregunta central: ¿por qué acá no pasa nada?
La semana pasada escribí sobre el caso del exfiscal anticorrupción de Chihuahua que persiguió penalmente y logró procesar a funcionarios públicos por ser parte de redes de corrupción. Hoy el exfiscal está en prisión. También en este espacio he escrito sobre la transición fallida de la Fiscalía General de la República y los tropiezos de las fiscalías estatales, que no tienen nada de autonomía del poder. Ninguno de los fiscales supuestamente autónomos, con excepción de uno o dos, ha logrado sobrevivir el cambio de sexenio. Y a pesar de que el gobierno de Estados Unidos ha invertido millones en cooperación técnica con el sistema de justicia penal de nuestro país, las agujas de la impunidad se mueven con mucha dificultad.
Cuando no existe persecución penal efectiva es muy difícil que el crimen y la violación de derechos humanos se contengan. Por eso no debemos tener ni la menor expectativa de que la violencia y la inseguridad disminuyan en el país. Estamos haciendo muy poco para mejorar esas capacidades.
El tema de fondo es que la impunidad es parte de un sistema que se retroalimenta y que tiene poca capacidad endógena de reformarse. Es de esos temas que pareciera que necesitan de un shock externo para moverse; una intervención particular que pueda romper con el statu quo —no estoy pensando en una crisis de magnitud insostenible, porque ésas las hemos tenido desde hace años, sin efectos transformadores—.
Por eso para mí resultan muy interesantes aquellos casos en los que se logra romper con los equilibrios de la impunidad. Hace algunos semanas reseñé en este espacio el estudio elaborado por Guillermo Trejo y Camilo Nieto-Matiz sobre la experiencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CISIG), y cómo la ayuda de la ONU permitió la generación de capacidades en la persecución criminal al grado que les permitió identificar redes criminales para ponerlas a disposición de la justicia. No tengo claro qué mecanismo podría ser útil para México, pero empiezo a convencerme de que esto no va a cambiar si nos atenemos sólo a mecanismos endógenos.
Ya se entiende mejor, entonces, por qué es interesante el caso de García Luna y el veredicto del jurado en la Corte de Nueva York, que cruzaron un umbral de lo que puede procesarse en materia criminal. No lo celebro necesariamente, sólo quiero entender sus repercusiones.
En todo caso, pienso que sin una reforma profunda a la justicia en el país, no puede alterarse el equilibrio de crimen y violencia alto en el que vivimos. Hay que encontrar los detonadores del cambio, y a los que pueden ser capaces de sostenerlos a lo largo del tiempo. Es un hecho que la sociedad y las organizaciones de víctimas son un factor, no decisivo hasta ahora. ¿Cuál será el hito, el factor detonador de la transformación? Quiero ser optimista. Hace apenas tres décadas nadie pensaba que México pudiera ser una potencia económica a su escala; que contaría con instituciones bastante sólidas para respaldar ese camino. Pienso que podemos lograr algo similar para la justicia. Necesitamos que alguien entienda que es tan importante reformar a las fiscalías como en su momento los fue firmar el TLC, y que el futuro del país no es viable si no encontramos las maneras de frenar la impunidad.
Créanme. Sin este cambio, todo lo demás será bueno, pero no suficiente. Ahora pongo a su consideración el impacto que puede tener sobre nuestra justicia el hecho de que se juzguen casos en nuestro país vecino. Reflexionemos sobre esas intervenciones desde el exterior que pueden tener repercusiones en el interior.
Para que no haya más críos de nuestra impunidad.
La autora es directora de México Evalúa.