La curiosidad superó al gato y a mí también. No pude detenerme y busqué en internet información sobre el gobernador de Veracruz. Los sucesos que lo pintan como hombre rudo son muchos: le encanta encarcelar para amedrentar. Entiende el poder como abuso, no como servicio. Por ello, me resultaba interesante conocer qué hace que una persona se incline hacia el abuso; qué tipo de circunstancias producen personajes políticos como él. Lo que leí en Wikipedia (no crea que tuve estómago para llegar más lejos, estimado lector) es la biografía de un mexicano común, de familia numerosa, con padres dedicados a la docencia. Las marcadas aspiraciones del joven Cuitláhuac lo llevaron a estudiar ingeniería, incluso en el exterior. Lustros después se convirtió en político y hoy es un gobernador temido por su modus operandi: utiliza el instrumento penal y la privación de la libertad para acallar opositores, críticos y hasta juzgadores.
Porque lo ocurrido en las últimas semanas con la jueza Angélica Sánchez representa el desprecio a los límites de la ley, a las garantías procesales y la separación de poderes. A la jueza le han impuesto un castigo político por una decisión jurisdiccional que no agradó al gobernador. Si la jueza incurrió en actos indebidos, si tras su resolución hay irregularidades, existen instancias que podrían investigarla y sancionarla. Esa es la tarea disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Pero se optó por el camino de la reprimenda pública, para dar un mensaje a todo el gremio.
Hago un recuento brevísimo del caso, plagado de arbitrariedades. Primero detienen a la jueza durante un operativo de tránsito en Veracruz, que ella supuestamente repele con disparos de arma de fuego (la jueza declara que la obligaron a disparar para ‘sembrarle’ el delito). Se le acusa, además, de llevar droga en el automóvil. La verdad es que a los autores intelectuales y materiales de la detención se les pasó tanto la mano que hicieron inverosímil la historia. La propia Fiscalía local desechó el caso. Días después se le detiene de nuevo, en la Ciudad de México, y por elementos de la Guardia Nacional, a pesar de contar con un amparo que le ofrecía protección.
Varias horas después de su ‘levantón’ (así hay que calificarlo, pues la detención no cumplió con ningún requisito legal) se conoció que la jueza era trasladada a Veracruz, acusada de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. No se acepta que la Defensoría Pública federal represente a la imputada. Ella esperará sentencia privada de la libertad.
Esto me lleva a varias reflexiones. La primera tiene que ver con el daño que se causa a la independencia judicial. Me pregunto qué juzgador en Veracruz querrá ahora contrariar al gobernador. Una amenaza cumplida es tremendamente potente. Disuade, intimida. El trabajo de los juzgadores en el estado ya no será el mismo.
El relator de la ONU en materia e independencia judicial, Diego García-Sayán, ha subrayado el daño que se causa al Estado de derecho el que abogados, defensores de derechos humanos y juzgadores sean amenazados. Y es que el Estado de derecho no es una entelequia. Se sostiene por el trabajo de profesionales y operadores. Cuando se les impide ejercer su trabajo de forma libre, el Estado de derecho se derrumba desde sus cimientos. Durante años hemos conocido de la agresión y violencia que sufren abogados que defienden causas de derechos humanos y medio ambiente, por ejemplo. La embestida contra los juzgadores forma parte de esta misma lógica: se intimida a los que se les considera opositores y se merma la última línea de contención del abuso del poder, que está en los juzgadores y el Poder Judicial.
La segunda reflexión tiene que ver con la construcción de casos en el sistema penal. A los jueces se les hostiga por abrir lo que se llama la ‘puerta giratoria’. Y el argumento ha penetrado: son los jueces los que dejan salir a delincuentes. Poco se repara en que los casos que llegan a juzgadores son débiles, porque las fiscalías no hacen un trabajo profesional, libre de injerencias. Los propios gobernadores no las dejan crecer, porque son un buen instrumento de control político y de administración de impunidad. ¡Pobres jueces! En muchos casos pagan el costo de estos arreglos indeseables entre el aparato de persecución criminal y el poder.
Por último, quiero mencionar mi preocupación sobre cómo se forjan los liderazgos públicos en el país. El gobernador de Veracruz pudo haber formado parte de una nueva camada de políticos que enarbolaran una verdadera transformación en la ética pública. En la historia familiar que consulté (quizá muy manipulada), no hay vicios o carencias que condicionaran su desempeño posterior. Sin embargo, le tocó ejercer el poder en una etapa en la que saltar trancas se festeja en las mañaneras. ¿Un gen autoritario? Más bien un entorno en el que se premia la estridencia y la manifestación de poder ilimitado.
La autora es directora de México Evalúa.