Edna Jaime

Reformar las fiscalías en tiempos imponentes

El 1 de septiembre de 1982, el entonces titular del Ejecutivo, José López Portillo, sorprendió a la nación al anunciar la ‘nacionalización’ de la banca mexicana mediante decreto suyo.

Llegó como un paliativo. Como “sí apruebo” una reforma judicial que desestructura el poder judicial de la base a la cúspide, pero a cambio compenso con otras reformas vitales para el Estado de derecho en su avenida penal: la de las fiscalías y las defensorías públicas. En otras circunstancias, este solo anuncio hubiera implicado para mi una declaratoria de verdadera transformación. Llegar después de un caminar errante a la causa madre de mucha de nuestra atrofia política suena  muy sustantivo. Me refiero a la impunidad y el uso político que se ha dado al aparato de persecución penal.

Se dice que la iniciativa de reforma la prepara Arturo Zaldívar, que dejó su posición en la máxima magistratura por un puesto político (el ministro hacía política partidista mucho antes de dejar la Corte) y en este lapso de cambio de gobiernos prepara una propuesta como plataforma para ocupar (supongo) la posición de Fiscal General. Menuda tarea: proponer hacer justicia cuando  se ha decidido matarla. A la justicia no lo enterró este gobierno, pero sí acabó por echar los últimos palazos  de tierra a un modelo emergente de justicia que buscaba lograr eficacia con respeto a los derechos humanos. Buscaba alinear nuestro modelo de justicia con la democracia que construíamos entonces. No llegamos muy lejos, porque quienes tenían el poder no estaban dispuestos a sujetarse a controles, ni a soltar al instrumento de control político más acabado, la impunidad. Esa es la realidad. Que no se lamenten hoy.

Ahora que los partidos de oposición se asumen como democráticos, deben reconocer que no quisieron transformar el sistema a cabalidad. Sólo lo necesario para sostener el statuo quo. Son también sepulteros de ambiciones democráticas y  de justicia

¿Qué se imagina querido lector que tendrá la reforma que anuncia el nuevo gobierno? En la exposición de motivos además de hablar de la falta de acceso a la justicia, quizá se mencione que la justicia penal es un sistema. Compuesto por eslabones que deben funcionar bien articulados y todos con las capacidades suficientes para garantizar el acceso a la misma. En un sistema, si falla un componente falla el conjunto. Y qué expectativa se puede tener cuando lo que era más fuerte, el judicial, está en camino de perder lo que había logrado en términos de profesionalización.

En México Evalúa se han realizado evaluaciones del más distinto orden sobre el sistema de justicia. Una muy importante constistió en observar audiencias en el modelo de justicia penal oral. En la observación- evaluación de las audiencias casi siempre sobresalía la actuación de los jueces en los procesos penales orales. Había evidencia de que en ese ámbito se construían  capacidades. Otros operadores del sistema tenían rezagos, de manera muy manifiesta los ministerios públicos que carecían de la capacitación suficiente para sostenerse bien en un proceso oral adversarial en el  que se demanda capacidad de argumentación para presentar un caso.

¿Cuáles serán los contenidos de las reformas que se propongan? Dudo que alguno de ellos compense la destrucción que implica la reforma recién aprobada. O la formalización constitucional del ejército en materia de seguridad y de justicia. No veo cómo en las actuales circunstancias se pueda edificar un sistema alineado con derechos fundamentales, con la observancia de un debido proceso legal y  el acceso a la justicia para víctimas. No hay reforma que compense la destrucción anunciada.

Será interesante el juego de palabras que se presente en la iniciativa que conoceremos en los próximos días. Será difícil desenterrar a un muerto al que se le han echado palazos de tierra porque la justicia implica control al poder.

Sólo recordar que antes de la llegada del gobierno de López Obrador se articuló un colectivo que dedicó tiempo a pensar en un modelo de justicia que pudiera funcionar para todos. Que fuera un sistema que abriera el acceso a la justicia, al esclarecimiento de hechos y su eventual reparación. Una idea de justicia no sólo como un espacio para la resolución del conflicto, sino también para la reparación de daños. Lo que una comunidad necesita para sostenerse como tal. Hay muchas propuestas hechas alrededor del cambio del modelo de justicia. Horas invertidas en su evaluación. Mucho ejercicio de recopilación de las mejores prácticas. Y la enorme frustración de ver que nada de esto prospera.

No estoy negada a la sorpresa. No creo que esta pueda provenir de quién se ha dedicado, ha socavar lo construido.

No podemos ser ingenuos y esperar propuestas transformadoras en un entorno en el que impera la imposición. No podemos esperar una reforma a la procuración de justicia cuando lo que prevalece es la motivación por el control.

Como mea culpa quizá pueda funcionar para algunos, no para los mexicanos que esperan justicia.

Veamos de que está hecho la reforma propuesta. Difícil que sea una isla en la era de la imposición.

@EdnaJaime

Decana de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno

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