Sigamos la agenda pública del país en los últimos días. Trump, aranceles, exportaciones, muertos, desapariciones, madres buscadoras, campo de exterminio. No soy antropóloga ni filóloga para darle significado a las palabras. Trato de darme una explicación de lo que vivimos desde mi disciplina, que es la ciencia política. Lo que veo es que nuestra agenda pública oscila en temas que dan espacio a nuestros distintos Méxicos. Realidades que emergen de un modelo de “modernización” inconcluso y rezagos ancestrales. De la tensión entre la ley y la discreción política. Entre el arbitraje político y el arbitraje que dan las leyes y el Estado de derecho. Entre el México exportador y los pequeños emprendimientos que tienen todo en contra. O lo que es la extensión de lo anterior: el sector que está (estaba) protegido por el TMEC y creció al amparo de las certezas que éste otorgaba, y el resto, sujeto a la incertidumbre de la justicia que era en muchos casos incierta… y en otros tantos injusta.
Es tiempo de reconocer que el pasado reciente, con intentos modernizadores exitosos y otros fallidos, debe ser revisado. Y que necesitamos replantearnos la ruta a seguir. Me gustó mucho un artículo de Fausto Hernández publicado en la sección Forma y Fondo del periódico Reforma. En él planteaba que buena parte de nuestra conversación pública discurre alrededor del México exitoso: el segmento de país que es productivo, se educa con base en estándares internacionales y es parte de nuestra economía formal. Es el que está pendiente de las veleidades del presidente norteamericano sobre aranceles y el acuerdo comercial con Norteamérica, del nearshoring y las oportunidades que el entorno ofrece para desarrollarnos.
De forma paralela existe el México que discurre en la violencia y violación de derechos, los campos de exterminio, la extorsión y el cobro de piso. Una realidad de pocas oportunidades, mucho chantaje político y bajísimo acceso a derechos. Para este México, el Estado casi no existe. En los últimos años se ha hecho presente a través de transferencias de dinero en efectivo. Recursos que no construyen presencia de Estado en el sentido más clásico o elemental. El Estado, entendido como último árbitro del conflicto, como el ente que detenta el uso legítimo de la violencia para la protección de la vida y el patrimonio. Algo tan fundacional y complejo a la vez. Esa construcción no la hemos tenido en los últimos muchos años.
Nuestro estado de cosas llama a hazañas, como replantear nuestro contrato social. Seguir por el camino andado puede provocar una fractura mayor en nuestro tejido social. Pienso en las implicaciones de más de lo mismo. Porque me atrevo a decir que hemos tenido más de lo mismo en los años de la democracia mexicana, incluyendo el periodo del presidente López Obrador: el reparto del botín político sin una reestructura profunda del Estado mexicano y del ejercicio de poder para dar efectividad a las funciones públicas en un marco de derechos ampliado y la rendición de cuentas que conlleva el ejercicio del poder en un marco democrático. Ese más de lo mismo que repudiaron los mexicanos en 2018 y ratificaron en el 2024, pero que sigue ahí.
Es necesario renovar el contrato social. Me pregunto en las condiciones para hacerlo. ¿Es posible una mayoría aplastante en el Legislativo que la detente por una sobrerrepresentación artificial? ¿Se necesita una crisis? ¿Una coalición amplia de actores para hacerla posible?
Pienso que todavía no estamos en el punto de la necesidad de un replanteamiento profundo. Las condiciones económicas del país, las heredadas, han sido lo suficientemente buenas para sostener lo que tenemos por un tiempo. Los niveles de aprobación de la presidenta siguen siendo abrumadores, nada que indique la urgencia de un cambio de rumbo. Pero la situación de distintos lugares del país que están en llamas o que están fuera del control del Estado, esos sí son signos de alarma. Ahí hay que construir presencia de Estado, que implica institucionalidad. Misma que se construye bajo un marco de entendimiento, mecanismos de gobernanza efectivos entre ámbitos de gobierno y muchos recursos. Se trata de un trabajo complejísimo pero necesario de construcción de capacidades de Estado. Estas no surgen de la nada. Necesitan de un entendimiento político como basamento.
Pienso que estamos a tiempos de provocar una discusión profunda de nuestro contrato social. Las mayorías aplastantes pueden no tener incentivos para ello, pero las realidades del país lo piden a gritos.
Veremos si se abre un espacio para replantearnos. Sí estamos en un momento para la construcción de una coalición amplia que incluya a partidos, pero lo supere, para rescatar al país desde sus terruños que sufren hoy por una fractura del contrato social.
El léxico del país ya no puede ser de contrastes, sino de inclusión, uno que emerja de un entendimiento social renovado, de un compromiso con nosotros mismos. Ni más ni menos.
