La autora es directora de México Evalúa .

Tan sorpresivo fue enterarnos de la detención del general Cienfuegos en Estados Unidos como conocer su reciente exoneración. Es definitivo: saber que un general con la trayectoria de Cienfuegos podía estar involucrado en actividades criminales nos cimbró. Nos hizo pensar que los tentáculos del crimen organizado lo podían todo. Incluso corromper a un representante del Estado mexicano cuya misión es, justamente, proteger y salvaguardar la seguridad y el interés nacionales. Para ello se formó. La esencia de su doctrina es ésa: el servicio incondicional.

La opinión pública se dividió con rapidez entre quienes lo defendían a rajatabla y los que lo acusaban de corrupto sin conocer siquiera los cargos que se le imputaban. Lo cierto es que la presunción de inocencia es una regla de oro. Y Cienfuegos seguiría siendo inocente mientras un proceso bien conducido bajo las reglas del debido proceso no dictara su culpabilidad. Cuando el expediente regresó a México para ser tramitado en esta jurisdicción, las posibilidades de un proceso justo, apegado a los debidos estándares procesales, se hicieron chiquitas. Este es el país de la no-justicia. Porque ésta siempre está sujeta a otras consideraciones.

El general fue exonerado. Y no debería existir reclamo alguno si la exoneración fuese la desembocadura de un proceso de investigación bien conducido, el cual, de hecho, le hubiera hecho mucho bien al general, porque no quedaría duda sobre su integridad. También le hubiera hecho bien a México y a la relación bilateral. Pero al general se le exoneró vía fast track, y eso lastima la credibilidad del proceso (¿o debo decir no-proceso?). Si las pruebas en el expediente de la DEA y el Departamento de Justicia de EU eran débiles, eso no obstaba para conducir una investigación hecha y derecha. Porque las implicaciones de una exoneración con estas características son enormes: ponen a las Fuerzas Armadas por arriba de la ley. Fuera de cualquier control democrático. Y esto es bien grave.

La edición de enero 2021 de la revista Nexos trata sobre las Fuerzas Armadas. Un artículo de Catalina Pérez Correa pone el dedo en la llaga, y lo hace desde el título: "Cuando los ciudadanos se vuelven enemigos". Trata de los abusos del Ejército a partir de su incursión en tareas de seguridad. Presenta evidencia de abusos de derechos humanos perpetrados por militares, sobre todo bajo el gobierno de Felipe Calderón. Describe cómo la presencia de miembros del Ejército en operativos ha provocado la proliferación de quejas ante la CNDH. Recuerda los casos de desapariciones forzadas perpetradas por elementos castrenses que fueron presentados ante instancias de justicia internacional. Es un hecho: más despliegue militar implicó más abusos contra civiles. Y muy pocos de éstos fueron investigados, menos sancionados. El abuso tiene permiso de ser.

A mitad de este escenario delicadísimo se tramitó el expediente Cienfuegos. Por eso tomó forma de una señal para el Ejército, el mensaje de que tiene manga ancha para actuar, porque las instituciones civiles están subordinadas a él. Hoy el despliegue militar en tareas de seguridad no tiene parangón. En el mismo artículo al que hago referencia se reporta que en octubre de 2020 había 181 mil 286 elementos de las Fuerzas Armadas desplegados en el país. Y los abusos a derechos humanos no cesan; incluso la muy nueva Guardia Nacional ya aparece entre las 10 autoridades con más quejas ante la CNDH, después de la Sedena. Tiene razón Catalina cuando dice que los ciudadanos podemos convertirnos en el enemigo.

Las recientes revelaciones del diario Reforma en torno al caso Ayotzinapa, en las que se implica al Ejército en la masacre, elevan la alerta sobre los riesgos del uso de la fuerza sin controles. De ser verídica la información, también nos mostraría cómo los militares pueden corromperse cuando se relajan sus propios códigos de disciplina y no hay nada en la institucionalidad civil que les haga un contrapeso.

Por eso no hay que dejar que el caso Cienfuegos se vaya por la tangente. Tenemos derecho a saber más y a conocer una argumentación más elaborada que la ofrecida por el fiscal general y el propio presidente de la República. Irnos a las patadas con nuestros vecinos, o pedir la intervención de un tercero en este caso, no resuelve la debilidad de nuestras instituciones, la cuales, además (o por ello mismo), se subordinan a otros dictados que no son los de la justicia. Quedarnos callados hoy puede ser muy costoso mañana. Nos podemos convertir en el blanco. En el enemigo.