La autora es directora de México Evalúa .

Los jueces han estado bajo ataque desde que inició este gobierno, o incluso desde antes. Pero quién soy yo para defenderlos. Se les señala porque dejan libres a delincuentes. Vamos, se les acusa de corrupción. Estoy segura de que muchos mexicanos nos hemos enfrentado a la corrupción judicial en alguna de sus expresiones, desde la propina al auxiliar del juez que facilita el expediente, hasta los cañonazos de millones de pesos para que un juicio beneficie a unas de las partes, sin importar pruebas y evidencias.

También creo que el Poder Judicial se ha transformado. No sólo lo creo: se puede constatar con evidencia que la justicia federal ha adoptado mejores estándares en la selección de jueces y mejores prácticas de transparencia en torno a sus procesos. En los poderes judiciales estatales también ha habido avances, y eso que muchos están sometidos al Ejecutivo local. Miren lo que está sucediendo en Baja California. El gobernador Bonilla no ganó la batalla por la ampliación del periodo de su mandato, pero sí fraguó –sin pudor– una reforma a la Constitución del estado para que sea él quien proponga, en los hechos, a los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Toda una ficha, el Don.

Por eso en México Evalúa tenemos un programa en materia de transparencia judicial, para fortalecer a los consejos de la judicatura estatales como mecanismos disciplinarios y de establecimiento de buenas prácticas en la materia. Y para proponer maneras de fortalecer los mecanismos de selección de jueces y sus carreras en servicio. Esto, desde mi perspectiva, es lo que puede sentar las bases de poderes judiciales más vigorosos, celosos de su función. Créanme, esto es un fundamento de nuestra democracia y del respeto de nuestros derechos. Los jueces son guardianes de esos derechos. ¿De verdad queremos debilitarlos?

Bajo esta lógica creo que debe interpretarse el gol que anotamos al aprobarse la reforma a la Ley General de Transparencia, que obliga a los poderes judiciales a publicar todas sus sentencias. Lo promovimos desde México Evalúa con otras organizaciónes a través del colectivo #LoJustoEsQueSepas. Antes la ley indicaba que los tribunales y juzgados sólo debían dar a conocer las sentencias de "interés público", pero un concepto tan jabonoso les daba a muchos poderes judiciales el pretexto para no publicar ni una. El escrutinio público de seguro funcionará a partir de ahora como un contrapeso al trabajo de los jueces.

Entro, ahora, a otro tema importante: las declaraciones recientes del secretario de la Defensa Nacional respecto al trabajo jurisdiccional. En una de las mañaneras de esta semana, el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, lanzó la advertencia de que el Poder Judicial no podía fallar frente a la detención de El Marro. Insólito que haya puesto contra la pared a los jueces en este caso.

Como plantee en el inicio, no soy nadie para defender a los jueces cuando existe evidencia de un desempeño desapegado de la ley, pero creo que es justo poner las cosas en perspectiva.

Colaboradores míos en México Evalúa dieron seguimiento a lo que sucedió con la aprehensión de los familiares de El Marro hace unas semanas. Su análisis nos permite conocer las fallas en las que incurrieron las Fuerzas Armadas, que en buena medida explican el desenlace. No son ellos –los jueces– sino los elementos de las Fuerzas Armadas, los que incurrieron en errores. Con todo respeto para el general Sandoval, hay muchas cosas que los militares deben elaborar y resolver para que una aprehensión cumpla con la ley. Es entendible. Su función no es ésa. Han sido entrenados para otras cosas. No podemos pedirles que de la nada circunscriban sus acciones a reglas que no son las de la guerra o la persecución del enemigo.

En el ámbito civil existen otros parámetros. El 'detalle' es que hay derechos que deben salvaguardarse. En la captura de los familiares de El Marro existieron anomalías que no dejaron margen al juez, que tuvo que determinar su libertad. La más notoria es que ingresaron al domicilio en el que se encontraban los familiares del capo sin orden de cateo. La intervención la realizaron a las 16 horas. La orden de cateo se liberó hasta las 18:31. Puedo entender la frustración de los elementos que intervinieron en este operativo, y la de sus mandos. El general secretario debería fustigar a quienes se dilataron en obsequiar dicha orden, no al juez que encontró una irregularidad en el proceso y decretó la detención como ilegal.

¿O qué queremos, que los jueces se ignoren las reglas procesales básicas?

Este caso también reveló una serie de fallas que delatan la falta de coordinación entre los elementos castrenses y las instituciones civiles de procuración de justicia. No se entienden entre ellos, simplemente. Grave problema, porque ha recaído sobre las Fuerzas Armadas la responsabilidad de la seguridad pública. Y deben y pueden hacer lo que a cualquier policía le corresponde, pero sin entrenamiento para ello. Éste es el meollo del asunto. Ojalá que así lo reconozca el secretario.

El general se equivocó con su amenaza. Espero que haya sido sólo un exabrupto. Si no, estamos en problemas.