La autora es directora de México Evalúa
Si usted o yo fuéramos accionistas de una empresa, quisiéramos en ella una administración profesional, dedicada a generar valor y ganancias para nosotros sus propietarios. Un elemento clave es el talento de los equipos directivos, pero también los son los mecanismos de toma de decisiones y de vigilancia para prevenir que los directores abusen de su poder y por lo tanto de los dueños. Los equilibrios necesarios para que las cosas sucedan así son difíciles. Existen montones de casos donde los dueños son defraudados por los cuerpos directivos. Esto sucede en países desarrollados y también en países atrasados. El buen gobierno corporativo es un arte, tan complejo como el buen gobierno en el ámbito de las funciones públicas. En el caso de empresas estatales los dos mundos se empalman, elevando la complejidad en la administración de estas empresas.
Y el mal manejo de una empresa estatal difícilmente se detecta o sanciona si no existen prácticas de gobierno corporativo que así lo prevean.
El tema tiene repercusiones. Las empresas estatales suelen estar situadas en sectores sensibles para el ciudadano. En muchos países proveen servicios públicos de primera necesidad. Si la empresa falla en su administración, el ciudadano pierde por una doble vía: como usuario del servicio provisto y como 'dueño' de la empresa estatal.
Pemex es la empresa estatal mexicana por excelencia. Por su peso en la economía mexicana (menguante desde hace tiempo), por su significado histórico, por su papel estratégico. Y porque por muchos años el petróleo fue una fuente de ingresos importantísima para financiar el gasto en el país en los distintos órdenes de gobierno. Por décadas el petróleo nos mantuvo. Hoy la empresa está en una crisis que podría ser terminal.
El intento por introducir prácticas de buen gobierno corporativo en la empresa le llegaron muy tarde. La riqueza natural del país en materia de hidrocarburos hizo posible que diversos problemas se sostuvieran en el tiempo sin derrumbarla. Primero un arreglo fiscal especial, que le extrajo recursos enormes a la empresa y que lamentablemente se destinaron a financiar gasto corriente y no inversión generadora de riqueza. Segundo, un esquema de empresa paraestatal que no logró aislarla de influencia política y que permitió, entre otras cosas, que su sindicato creciera y se beneficiara desmedidamente porque era fuente de apoyo y/o de chantaje político. Tercero, un esquema de gobierno corporativo débil, sin debidos mecanismos de control y rendición de cuentas que permitieron corrupción, como se presume existe en la empresa, y es origen de actividades como el huachicol. Pobre Pemex. Todo en su contra.
Por eso su nuevo estatuto como empresa productiva del Estado, con un diseño de gobierno corporativo más adecuado para una entidad que busca generar valor, parecía una ruta adecuada para fortalecerla en el marco de la reforma energética. Precisamente en México Evalúa analizamos a través de la medición de una serie de variables, si el nuevo esquema de gobierno corporativo respondía a buenas prácticas internacionales y si modificaba rutinas en una de sus dimensiones más relevantes, la transparencia. El próximos 13 de febrero haremos la presentación del estudio y sus hallazgos.
Arraigar prácticas empresariales en una entidad que ha tenido muchas funciones antes de ser una empresa, es complicado. También limpiar prácticas viciadas. Pero la ruta estaba sentada.
Dice el presidente de México que recibió una empresa en ruinas. Y que su crisis reciente es heredada. Nadie puede disputárselo. Pero el camino que escoge para levantarla, cava más profundo el hoyo de su entierro. El presidente quiere revertir la introducción de prácticas de gobierno corporativo al regresar al director de Pemex funciones y atribuciones que había compartido con el consejo de administración de la empresa. Concentrar en la dirección decisiones que deben ser calibradas por grupos de profesionales, en un ejercicio de contrapesos y controles. Revertir el intento de un gobierno más profesional para la empresa.
Por eso las instancias que califican la deuda de Pemex bajan su evaluación. No castigan la situación de la empresa sino el proyecto para administrarla en el futuro. Y este no es prometedor. Porque le quita a Pemex la posibilidad de romper definitivamente con la simbiosis empresa-poder político, si la administración se sostiene en la idea de promover una ley que revierte el esquema de gobierno que se había planteado para la empresa productiva del Estado.
Pobre Pemex. Pudo (¿puede?) ser grande.