La autora es directora de México Evalúa .
Si no me equivoco, fue en el periodo de transición que el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México celebró uno de sus encuentros con la ahora secretaria de Gobernación y distintos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Nunca como ese día había sentido la crudeza de estos años de violencia. Escuchar los relatos en voz de las víctimas y sus familiares fue verdaderamente desgarrador.
Las reuniones de dicho seminario tienen un propósito académico, pero en más de una ocasión han servido para incitar acalorados intercambios y también para el desahogo, la catarsis. En la sesión que relato hubo de todo, pero especialmente fue el espacio en que las víctimas pudieron expresarse frente a quien ocuparía una cartera fundamental para articular una respuesta del Estado mexicano a la demanda de estos grupos: Olga Sánchez Cordero. La exministra tiene la cualidad de saber escuchar, eso pensé, y auguraba que la nueva administración no dudaría en definir políticas públicas para atender la causa de estos colectivos.
De ese encuentro a la fecha, han sucedido demasiadas cosas, ninguna alentadora para las víctimas y para el país. Porque lo que el presidente ha ofrecido a lo largo de su primer año de gobierno ha sido mano dura, no un planteamiento que construya verdad y justicia, que es la demanda de estos grupos. Para mí es difícil entender el viraje radical entre el candidato y el presidente, particularmente en este tema. Porque López Obrador sí tuvo la disposición de escucharlos, hasta que decidió que su gobierno iría por otro lado.
En efecto, el presidente decidió profundizar en la militarización de la seguridad pública con la creación de la Guardia Nacional, este cuerpo híbrido integrado por elementos del Ejército y la Marina, que están en comisión en una institución civil. El presidente optó por el populismo penal, al ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión automática. Y estaría en camino de profundizar la mano dura y la arbitrariedad si no se pronuncia en contra de las más que probables iniciativas de ley que amenazan con vulnerar el debido proceso y los derechos humanos. Entre estas decisiones y la demanda de colectivos de víctimas se ha abierto una zanja ancha y profunda que parece irreparable, sobre todo si el presidente se niega a recibir a la caravana (Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz) que arrancó en Cuernavaca para renovar sus demandas. Dice el mandatario que no puede arriesgar la investidura presidencial.
¡Qué difícil ha de ser para la secretaria de Gobernación y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, haberse convertido en meros 'oidores', cuando todo indicaba que querían ser actores de un proceso de construcción de justicia y paz! Han de sentirse contra la pared, porque las decisiones y la política pública de este gobierno camina en sentido contrario a su oferta original y a los planteamientos de estos colectivos. Y lo más probable es que ocurra lo mismo que en administraciones anteriores, cuando las mesas de diálogo se limitaban, si acaso, a administrar el descontento, porque dar soluciones nada de nada.
La caminata que inició ayer en Cuernavaca es una buena noticia para todos, por una razón: porque nos dice que este cuerpo –la sociedad mexicana– presenta signos vitales. Sí, vive. Escribe Javier Sicilia, en una de las cartas dirigidas al presidente, que "debemos abandonar el hábito –que nos inoculó la violencia– de insultarnos, descalificarnos, difamarnos, polarizarnos; que debemos sacudirnos la indiferencia bovina a la que, a fuerza de horror y miedo, nos está reduciendo la violencia, hasta normalizar el crimen, y que sólo unidos podemos hacer posible lo único que importa: la verdad, la justicia y la paz".
Es importante caminar en estos días para elevar los indicadores de estos signos vitales. Porque a la indiferencia le sigue la prepotencia por parte de quienes detentan el poder. Porque si no hay exigencia desde la parte ciudadana, no habrá respuestas acertadas en los temas de justicia y seguridad.
Es una coincidencia casi providencial que esta marcha suceda cuando se discuten reformas al sistema de justicia. Cuando se pretende una regresión obscena que pretende eliminar los límites al abuso del poder en la persecución penal.
Espero que esta caminata sume a muchos y ayude a cambiar el enfoque y la política pública. Porque le conviene al presidente. Si no quiere oír de razones, si no quiere escuchar argumentos, su administración será como cualquier otra, llena de soberbia pero vacía de resultados. Estamos a tiempo de que las cosas sean distintas. Permitamos que los signos vitales se dejen escuchar.