Edna Jaime

Una temporada excepcional para pensar en las policías

El mensaje más importante que nos mandan desde Estados Unidos es que existen distintos instrumentos que deben ser parte de la caja de herramienta de todo gobierno que quiera atender de una manera más integral el problema de la inseguridad.

La autora es directora de México Evalúa

El asesinato de George Floyd a manos de un policía de Minnesota está generando, además de protestas, un debate interesantísimo sobre las policías y su papel frente a la conflictividad social y la seguridad.

En uno de los extremos del debate están quienes postulan disolver a las policías. Un planeamiento, desde mi perspectiva, tan extremo como inviable. Una postura menos extrema, plantea disminuir el financiamiento que las instituciones de seguridad reciben y reasignar el dinero recuperado a la atención de problemas sociales reales, que terminan generando conflictividad social o criminalidad. Por supuesto, desde un enfoque y con instrumentos distintos al policiaco.

Esta discusión se da primordialmente en Estados Unidos. Y los argumentos descansan en evidencia sobre lo que sucede allá. Los ejemplos que se exponen para promover el defund (disminuir los recursos a las policías) son bien elocuentes. Por ejemplo, un número importante de llamadas al 911 se refieren a sobredosis del consumo de algún medicamento o droga, así como violencia en el entorno familiar. Y la pregunta es si un policía debe atender estas situaciones, o si no sería más pertinente la intervención de un trabajador social o de una trabajadora de la salud. En otro tipo de conflictos (vecinales, por ejemplo) la intervención de un mediador entrenado para ese propósito sería más útil. La gama de instrumentos disponibles para hacer intervenciones efectivas es muy amplia. Tener capacidad para hacerlas dependiendo de la situación concreta habla de un grado alto de sofisticación. De un gobierno inteligente, pues.

No sé en qué vaya acabar este debate en Estados Unidos. Allá, algunos grupos ya no creen en una reforma policial más. Lo han intentado de todo sin lograr cabalmente el objetivo. Han dispuesto de cámaras que registran en tiempo real las rutinas del agente policial; han ensayado con diversos diseños para sus oficinas de asuntos internos y también han incorporado la supervisión externa, en algunos casos ciudadana, para asegurar que su conducta se limite a lo permitido. A pesar de todo ello, el abuso en el uso de la fuerza no acaba. Pero tampoco ha cesado el crimen, ni aumentado la tasa de esclarecimiento y sanción de hechos delictivos. Los proponentes del defund, pues, parecen tener un punto. Aunque siempre se puede refutar con un planteamiento contrafactual: qué sucedería en las calles de sus ciudades si no invirtieran como lo hacen en sus policías. Quizá nada. Quizá todo.

Traer este debate a México podría parecer inadecuado. Nuestro grado de subdesarrollo en materia policial y el grado de subinversión en estas corporaciones nos ponen fuera de sus supuestos. Pero hay argumentos de aquella discusión que deberían tener resonancia en nuestro contexto.

En México siempre se ha privilegiado la respuesta reactiva-punitiva sobre cualquier alternativa. Y todavía más grave: se ha impuesto una respuesta centralizada en contraste con intervenciones más locales, capaces de responder a perfiles de criminalidad y conflictividad particulares. En el gobierno actual este modelo se intensifica, descartando la posibilidad de diseñar trajes hechos a la medida. Vamos en sentido contrario a lo que parecen ser políticas pertinentes para atender la criminalidad y la conflictividad social.

Pero en algo estamos alineados. En nuestro país el defund, se está dando por la vía de los hechos. En instituciones civiles, no militares. La Secretaría de Seguridad Pública sufrirá un recorte de 30 por ciento en su presupuesto de 2020. Y ya se ha planteado a los gobernadores que pueden utilizar recursos federales destinados al fortalecimiento policial para atender la pandemia. Estos recursos no se destinan a instrumentos alternativos, como pretenden los proponentes de esta idea en Estados Unidos. Se van para sostener los programas sociales y los proyectos de inversión del presidente, que ni tangencialmente tocan el problema.

A pesar de que nuestra realidad es muy diferente, este debate no debe pasarnos de largo. Porque temo que en el tema de la seguridad y conflictividad social muchos gobernadores y alcaldes tendrán que vérselas solos. En este país, donde toda política pública se ha politizado, no me parecería extraño que el gobierno federal les regateara el apoyo. No sólo en recursos, sino también en presencia. Y los espacios vacíos tendrán que ocuparse.

El mensaje más importante que nos mandan desde Estados Unidos es que existen distintos instrumentos que deben ser parte de la caja de herramienta de todo gobierno que quiera atender de una manera más integral el problema de la inseguridad. Retomar el camino andado en materia de prevención y mirar con lupa cada realidad local para comprender los detonantes de sus conflictos y, por tanto, de sus soluciones.

Coincido con Bernardo León, quien fue director de la policía municipal de Morelia y uno de los autores del modelo policial que he descrito brevemente. Él dice que estamos frente a una "revolución silenciosa". La que se detona desde lo local. Su énfasis es el tema de policías, pero a mí me gustaría pensar que se le pueden adicionar otros elementos. Esa revolución silenciosa debe combinar la construcción de capacidades desde lo local con mucha innovación. Y están empezando a circular diversas buenas ideas para incitarlas.

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