La semana pasada se celebró, con bombo y platillo, el diálogo de alto nivel de seguridad entre México y Estados Unidos. Del lado estadounidense estuvieron, entre otros, los secretarios de Estado, Antony Blinken, y de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, además del fiscal general, Merrick Garland. Del lado mexicano, el diálogo lo encabezaron el presidente López Obrador y el canciller Ebrard. Para poner este encuentro en su justa dimensión, hay que tomar en cuenta que el próximo viernes se cumple un año del arresto en Los Ángeles del general Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Peña Nieto. La DEA llevaba tiempo investigando a Cienfuegos de forma discreta, y su arresto fue uno de los golpes políticamente más audaces que la agencia antidrogas jamás haya intentado.
En Palacio Nacional el sorpresivo arresto del exsecretario se tomó como un agravio mayúsculo. Se jalaron todas las palancas que fue posible y se logró, un escaso mes después, tener a Cienfuegos de vuelta en México. Luego siguieron los desencuentros. Por desconfianza en la Fiscalía General de la República, y para no poner en riesgo a los informantes de la DEA, el Departamento de Justicia mandó a México un expediente mutilado. Cienfuegos fue exonerado de forma sumaria y desde entonces México ha tomado algunas represalias contra las agencias de seguridad norteamericanas. En particular, se aprobó una regulación mucho más estricta para la operación de sus agentes en territorio nacional y más recientemente se dio a conocer que la Cancillería mantiene detenidas una docena de solicitudes de visa para agentes de la DEA.
Es este contexto es relevante, y en cierto sentido alentador, que vinieran a la Ciudad de México funcionarios de la talla de Blinken, Mayorkas y Garland. Durante el encuentro se puso esmero en guardar las formas y en demostrar que hay cordialidad y buena voluntad. Aun así, sospecho que estamos todavía lejos de reconstruir la relación de cooperación con el Tío Sam en materia de seguridad. Del lado mexicano se ha dejado claro que ya no se quieren más fondos norteamericanos para el equipamiento de las policías (que, dicho sea de paso, nunca han sido muy significativos). La Iniciativa Mérida quedó formalmente sepultada. Lo que quedó en su lugar, plasmado en una declaración conjunta, es todavía nebuloso. Aun así, hay dos puntos que me parece importante destacar.
El primero es la idea de crear una red para la prevención del homicidio. En efecto, los departamentos de policía y los fiscales al norte de la frontera tienen una enorme experiencia en la materia. Gracias a una serie de intervenciones atinadas, de 1993 a 2013 Estados Unidos logró reducir los homicidios a la mitad (si bien el año pasado hubo un repunte importante, ocasionado por la pandemia). Bastante de lo que allá se puso en práctica para atajar la violencia podría retomarse en México. En particular, siguiendo el modelo estadounidense, el Ministerio Público, las policías y la Guardia Nacional, podrían actuar de manera más estratégica para golpear fuerte a las organizaciones que generen más violencia y al mismo tiempo incentivar a las demás a portarse bien. Por supuesto, habría que tomar en cuenta que aquí los principales generadores de violencia no son pandillas juveniles como las que existen en los barrios pobres de Boston o Chicago, sino brazos armados de corte militar.
El segundo punto a destacar es que en la declaración se menciona una sola organización criminal por su nombre: el Cártel Jalisco Nueva Generación, y se hace hincapié en las medidas que se buscarán para detener el flujo de precursores químicos que ingresan al país. México y Estados Unidos tienen un interés común en pegarle al principal negocio del CJNG, que es el tráfico trasnacional de drogas (que a su vez alimenta los muchos otros giros delictivos que dicha organización opera en prácticamente todo México). Es probable que en las próximas semanas y meses se tomen acciones más decisivas contra dicha organización.
Fuera de estos dos puntos, la declaración conjunta es primordialmente retórica. Ambos gobiernos se comprometen, de forma bastante genérica, entre otras cosas, a combatir el lavado de dinero y el tráfico de armas y de personas, y a hacer frente a las adicciones desde una perspectiva de salud pública. Muchos buenos propósitos y frases políticamente correctas. Los temas álgidos, y que sería relevante procesar para una verdadera colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad –como las condiciones para la presencia en territorio nacional de agentes norteamericanos— ni siquiera se mencionan.
Por supuesto, es una buena señal que México mantenga el diálogo al más alto nivel con Estados Unidos. Ya llovió después del affaire Cienfuegos y en Washington hay una nueva administración. La reunión del viernes pasado es señal de que hay voluntad política para construir acuerdos. Que esos acuerdos se concreten está todavía por verse.