Lo bueno. Este año la incidencia delictiva se ha mantenido baja, a pesar del reinicio de las actividades que fueron suspendidas durante la pandemia. Por ejemplo, las cifras sugieren que 2021 cerrará como el año con menos robos de vehículos en la historia reciente del país. El número de unidades robadas se ubicará 4 por ciento por debajo del registrado en 2020 y 35 por ciento por debajo de 2018.
Las cifras de percepción también apuntan a que los mexicanos nos sentimos un poco más tranquilos. De acuerdo con el levantamiento más reciente de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi de septiembre pasado, 64.5 por ciento de la población urbana se siente insegura. Este es también el registro más bajo de la historia reciente (apenas tres años atrás 75 por ciento de la población urbana se sentía insegura).
En 2021 la capital del país fue probablemente el lugar donde la reducción de la inseguridad fue más notoria. Además de la acelerada caída de los robos y los asaltos, y una sobresaliente mejoría de la percepción, la capital ha logrado abatir la violencia criminal. En 2021 los homicidios vinculados con el crimen organizado han disminuido 15 por ciento en comparación con 2020 y 37 por ciento en comparación con 2019. El ambiente de emergencia que se vivía en la CDMX hace no mucho –cuando la delincuencia asesinaba a comerciantes en pleno Centro Histórico y llegó al extremo de intentar un atentado contra el secretario de Seguridad capitalino– hoy parece un mal recuerdo.
Lo malo. Tuvimos el proceso electoral más violento de la historia. De acuerdo con el monitoreo que coordiné, a lo largo del proceso electoral que culminó en junio se reportaron 322 incidentes de violencia política. Lo peor del caso es que esta intervención masiva en las elecciones dio resultados y prácticamente no ha tenido costos para la delincuencia. Por un lado, de los candidatos que fueron identificados por tener un vínculo criminal, la mitad logró el triunfo. Por otro lado, incluso las intervenciones más descaradas de la delincuencia quedaron impunes. Como ejemplo basta recordar la operación que tuvo lugar en Sinaloa para secuestrar a decenas de operadores políticos del PRI la víspera de la jornada electoral.
Lo peor. En el ámbito rural y en las ciudades pequeñas, el panorama de seguridad sigue siendo desolador, e incluso ha empeorado en los últimos doce meses. En la Tierra Caliente de Michoacán, la situación es igual de crítica que en tiempos de los Caballeros Templarios. Una y otra vez el conflicto entre el CJNG, mafias locales y grupos de autodefensa, dejó comunidades enteras incomunicadas y obligó a la población a salir huyendo. Una situación similar tiene lugar en las rancherías de varios municipios de Zacatecas, donde la gente tuvo que escapar para refugiarse en las cabeceras municipales ante el conflicto entre células del CJNG y del Cártel de Sinaloa.
En el sur del Estado de México y el norte de Guerrero, la Familia Michoacana parece tener la intención de controlarlo todo y cobrarle cuota a todos, desde los taxistas y los pequeños agricultores hasta los ayuntamientos. En Chiapas, un estado que había logrado mantenerse al margen de la crisis de violencia criminal, 2021 estuvo marcado por la multiplicación de grupos de autodefensa y la proliferación de mafias dedicadas al tráfico de migrantes (al grado que Chiapas es el estado donde la violencia más ha aumentado este año, con un incremento de 56 por ciento respecto a 2020).
Balance. Cada vez en mayor medida, tenemos dos Méxicos. Tradicionalmente, la delincuencia y la inseguridad se habían concentrado en las principales zonas metropolitanas. Sin embargo, en los últimos dos años los robos y asaltos disminuyeron de manera acelerada en las grandes ciudades y, como resultado de esa reducción, buena parte de la población percibe que la seguridad está mejor. El crimen organizado todavía puede irrumpir ocasionalmente en las grandes ciudades. Sin embargo, en términos generales, las corporaciones policiales con más recursos han aprendido a imponer algunos límites a la delincuencia. La situación es la contraria en el México rural, que históricamente había mantenido bajos niveles de incidencia delictiva y que actualmente es mucho más peligroso.
Esta segmentación del país constituye un fracaso para AMLO y su promesa de paz, así como para la Guardia Nacional. En términos generales podemos decir que este año las cosas marcharon bien ahí donde los gobiernos locales tienen recursos para hacer frente a la delincuencia (la Ciudad de México, las capitales estatales y otras grandes zonas urbanas). En contraste, la situación empeoró en el México rural, donde los ayuntamientos son inevitablemente rebasados por grupos criminales mucho más poderosos y el gobierno federal es el único que podría proteger a la población. Para las comunidades pobres y aisladas del país, donde este año, además, el crimen reforzó su control político, la paz nunca había estado tan lejos.