Hace unos días circularon en redes sociales denuncias (y un video) de una caravana criminal, conformada por siete u ocho camionetas repletas de hombres armados, que circulaba por el sur del Estado de México (para mayor exactitud, por los municipios de Villa Guerrero y Coatepec Harinas). Es la misma zona donde, en marzo del año pasado, 13 policías estatales y agentes ministeriales fueron asesinados en una emboscada. Es también la misma zona que, además del sur del Edomex, abarca el norte de Guerrero, donde es bien sabido que se ha asentado un grupo surgido a partir de La Familia Michoacana, que en ocasiones se hace llamar La Nueva Empresa. Esta Familia Michoacana o Nueva Empresa es una mafia local, como hay decenas en el país, que no se conforma con operar algunas actividades delictivas, sino que busca construir un gobierno paralelo que le permita cobrar cuota e imponer condiciones a todos en su zona de operación, empezando por los ayuntamientos.
Aunque las mafias de este tipo han surgido en contextos muy distintos, la norma es que prosperen en el medio rural –o al menos fuera de las principales zonas metropolitanas–. En las grandes ciudades, sus actividades terminan por ser demasiado notorias, las autoridades tienen más recursos, y tarde o temprano son desarticuladas (como está ocurriendo de modo gradual en la Ciudad de México, con organizaciones como la Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac).
En contraste, en zonas predominantemente rurales la presencia de estas mafias se ha convertido en un problema aparentemente intratable. La razón es que es prácticamente imposible que las autoridades locales en esas zonas tengan capacidad para plantar cara a los criminales. Los alcaldes y los mandos policiales que no se alinean tienen de dos: o se van o los matan.
La Tierra Caliente de Michoacán es el caso más emblemático. Ahí, durante más de una década, el Estado mexicano ha sido incapaz de evitar las constantes guerras entre facciones criminales que buscan controlar el importante negocio de las drogas sintéticas, pero también la vida política y económica local. Los enfrentamientos, los bloqueos carreteros, y ahora hasta los ataques con drones, se repiten una y otra vez en las mismas localidades. Lugares como Aguililla, Tepalcatepec o La Ruana se han vuelto tristemente célebres.
En otras regiones se advierte una paz opresiva. Es la norma en las zonas donde un solo grupo criminal ha logrado imponerse, frecuentemente en colusión con autoridades locales. Es la situación que prevalecía hace algunos años en el oriente de Morelos, donde por una serie de mantas y filtraciones, se ha ventilado recientemente la cercanía entre algunas figuras de la política local y El Ray, el líder de una célula afín al CJNG, quien gobernaba de facto en Cuautla, Yautepec y Yecapixtla.
No deja de sorprenderme que nadie, ni en el gobierno de AMLO ni en los previos, se haya propuesto de forma seria recuperar de manos del crimen una de estas zonas rurales controladas por mafias criminales (como sí ocurrió, con relativo éxito, en Ciudad Juárez al final del gobierno de Calderón). Al menos un territorio que pudiera servir como modelo para entender cómo se pueden neutralizar estas mafias, cómo se llenan los vacíos de poder que dejan, y cómo es posible reconstruir la vida política, económica y social de las comunidades que las albergaban en el medio rural.
Tal vez en Palacio Nacional se haya optado de manera consciente por coexistir con las mafias que cada vez controlan una mayor porción del México rural. O tal vez esta coexistencia se ha ido imponiendo, poco a poco, para evitar confrontaciones cotidianas que desgasten a la Guardia Nacional o escándalos en la política local que salpiquen a Morena.
Sin embargo, el control criminal en zonas rurales tarde o temprano culmina en nuevos conflictos, nuevas emergencias y nuevos escándalos. En algunos casos el rompimiento ocurre en la clase política, como el conflicto que se ha encendido recientemente en Morelos. Más frecuentemente es la población la que se harta del cobro de cuota y de los otros abusos, y termina por apoyar la formación de grupos de autodefensa (que debajo del tenue barniz de legitimidad con que nacen, terminan por operar de forma idéntica a los criminales).
De hecho, la caravana armada que circuló por los pueblos del sur del Estado de México hace unos días, fue una respuesta ante la aparición de volantes, en las que un nuevo grupo, al parecer de autodefensa, invita a la población a denunciar a los integrantes de La Familia Michoacana. De forma similar, en los últimos meses hemos escuchado de más y más ‘autodefensas’ que se integran en distintos estados, incluyendo Guerrero, Veracruz y Chiapas. En buena parte del territorio nacional, el paramilitarismo se va convirtiendo en una realidad más o menos común.