La militarización de la seguridad pública no sólo la determina si la Guardia Nacional está adscrita a Sedena o a una dependencia encabezada por un civil. Lo que en realidad nos debería de preocupar al hablar de militarización, como ocurre en otros países, es si el tipo de armamento y tácticas que los elementos utilizan es el adecuado, de acuerdo con el tipo de operativos que realizan. En Estados Unidos, por ejemplo, en la discusión sobre militarización se invoca con frecuencia la imagen de unidades SWAT (siglas en inglés para armamento y tácticas especiales), equipadas hasta los dientes, irrumpiendo en zonas residenciales o en escuelas. Al norte de la frontera frecuentemente se denuncia que estas unidades militarizan de forma innecesaria la seguridad pública, a pesar de que forman parte de corporaciones de policía locales, que no tienen ninguna vinculación con el Ejército. Desde esta perspectiva, es justo señalar que, en México, la militarización no la ha decidido el gobierno, la han impuesto los grupos criminales, que desde hace años cuentan con sus propios brazos armados, de carácter netamente militar.
Desafortunadamente, en la discusión pública en nuestro país ha prevalecido una visión simplista y demagógica al respecto: Sedena y Semar son dependencias militares, y por ende malas o inapropiadas para vigilar el país y hacer operativos contra la delincuencia. En contraposición hay una hipotética policía ‘civil’, que por ende es buena y adecuada, sin necesidad de entrar en demasiados detalles sobre el tipo de armamento o vehículos o protocolos que utiliza.
AMLO tenía presente esta visión maniquea, que él mismo explotó en sus larga etapa de opositor. Sabía muy bien que sus detractores iban a pasarle factura por la decisión de poner bajo mando de Sedena a la principal corporación policial del país –lo que fue la Policía Federal y actualmente es la Guardia Nacional–. Por eso al principio quiso pretender que Sedena sólo tendría el mando ‘operativo’ de la Guardia Nacional; un arreglo que ahora genera complicaciones e ineficacia, y que ahora el propio AMLO busca desechar, para adscribir la Guardia de lleno, y a como dé lugar, en las Fuerzas Armadas. Más allá de la preocupación sobre las mañas legislativas del Presidente, me parece necesario entender las razones de fondo por las cuales AMLO se ha empeñado, a pesar del costo político, en que Sedena se quede con la Guardia Nacional.
La primera motivación es un tema de capacidades y confiabilidad. Dentro del cálculo del Presidente, Sedena es la mejor institución para la ejecución de la tarea. Hasta cierto punto coincido. En el ámbito civil hay mandos sobresalientes, tanto por su capacidad como por su vocación de servicio (personalmente he tenido el privilegio de colaborar con varios de ellos a lo largo de mi carrera). Desafortunadamente, se trata de talentos individuales, que cambian de puesto y de corporación según dicten los vaivenes de la política.
Por esta razón, en el ámbito civil, en particular en la Policía Federal, nunca se construyó la institucionalidad y los contrapesos que sólo se dan con el paso de los años, y que hasta cierto punto permite evitar algunos riesgos en las Fuerzas Armadas. En México, el riesgo mayor es que el crimen organizado ‘colonice’ segmentos amplios de las instituciones de seguridad, como claramente sucedió en la Policía Federal en tiempos de García Luna.
El Ejército no está libre de toda sospecha en este sentido, pero sí es menos vulnerable, pues los elementos y la estructura tienen mucho mayor estabilidad y trabajan para la institución, no para un mando en concreto. Aunque haya cierta colusión con criminales al más alto nivel, como pudo haber sido el caso con el general Cienfuegos, ésta no puede volverse crónica ni evidente ni generalizada. De hecho, a Cienfuegos se le acusaba de colaborar ocasionalmente, al propiciar acercamientos de otros funcionarios corruptos con una organización criminal de ligas menores (el grupo de Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como Los Mazatlecos).
La segunda motivación es que el Presidente encontró en el Ejército un cuerpo que le permitió romper con el pasado. Independientemente de su capacidad y compromiso, para AMLO los mandos policiales civiles eran criaturas de los gobiernos previos. En contraste, a los mandos militares que él ha favorecido (que ni siquiera eran los más encumbrados en tiempos de Peña Nieto) los considera aliados confiables.
Para efectos prácticos, la Guardia Nacional ya forma parte de Sedena. Dicha secretaría será la responsable, si bien nos va, de crear el cuerpo profesional, de corte militar, que necesitamos para hacer frente a la actual amenaza criminal, que también es de corte militar. Todavía estamos lejos de llegar a esa consolidación: por el inevitable choque entre soldados y elementos que proceden de la Policía Federal, por complicaciones jurídico-administrativas sobre la adscripción de los elementos y por simple falta de tiempo. En este contexto, sería un error que, en 2025, el próximo gobierno buscara construir de cero una nueva corporación desde el ámbito civil.
Sin embargo, esto no quiere decir que en el largo plazo, sobre todo si en un futuro se logra pacificar al país y deja de ser necesario contar con una gran fuerza policial de corte militar, la Guardia tenga que permanecer amarrada a Sedena. De hecho, los mandos militares tienden a ser contrarios a este panorama. Para ellos, participar en tareas de seguridad pública también es, en principio, un mal, que genera desgaste y riesgos para las Fuerzas Armadas.
Una solución idónea sería buscar un acuerdo político (que desafortunadamente parece lejano) donde Sedena tuviera certeza de que en el mediano plazo podrá continuar con la labor de construcción de la Guardia Nacional, pero donde también se planteara un eventual tránsito hacia una corporación bajo mando civil (y con ello se evitara que, en el largo plazo, los mandos militares se volvieran adictos al poder y al presupuesto asociados a la Guardia Nacional).