Como era de esperarse, el Senado aprobó –sin mayor trámite– el traslado de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya la semana pasada comentaba en este espacio el paquete de reformas legales que fue aprobado. Más que la militarización de la GN, lo preocupante de las reformas es que confirman la intención de que, junto con la GN de carácter militar, el propio Ejército continúe encabezando las tareas de seguridad pública.
Las cosas no quedaron ahí, pues el gobierno parece empeñado en invertir todo el capital político que sea necesario para garantizar la permanencia del Ejército en las calles. A la par del paquete de reformas legales que Morena, con su mayoría simple, logró aprobar, la diputada priista Yolanda de la Torre presentó una iniciativa de reforma constitucional a efecto de otorgar una prórroga, para que la Fuerza Armada Permanente –es decir, el Ejército y la Marina– pueda desarrollar tareas de seguridad pública, ya no hasta 2024 (como se estableció cuando se creó la GN), sino hasta 2028.
Esta iniciativa de la diputada De la Torre cimbró a la clase política, pues rompe la “moratoria constitucional” acordada entre los partidos de la coalición opositora. Casualmente, la polémica iniciativa de la legisladora priista también coincidió con lo que parece una tregua para el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, hasta hace poco asediado por continuos señalamientos de enriquecimiento ilícito por parte de autoridades federales y campechanas.
Dejo de lado la discusión de si esta prórroga se justifica en virtud del actual grado de avance en el desarrollo de la GN. Ésa es una discusión técnica, que implicaría analizar información detallada sobre los recursos y operación de dicha corporación. Se trata de una tarea que, dicho sea de paso, la diputada De la Torre no consideró necesario llevar a cabo para motivar su iniciativa. En todo caso, el Presidente ya ha sido bastante claro al respecto. A él le parece que, independientemente de las capacidades de la GN, lo deseable es que el Ejército siga en las calles.
Hay algo que no termina de cuadrar en el empecinamiento con mantener indefinidamente al Ejército en tareas de seguridad pública. Por un lado, porque no necesariamente es una demanda de la cúpula militar. En la propia Sedena algunos mandos quisieran dejar de meter las manos en el combate al crimen organizado (una labor riesgosa y que, además, hace al Ejército vulnerable ante el poder corruptor de la delincuencia). Para estos militares lo ideal sería cumplir la tarea de reclutar y formar a la GN, y luego dejar que dicha corporación opere con independencia respecto a la estructura del Ejército.
Por otro lado, el esquema que AMLO promueve resulta incomprensible porque no busca concentrar la intervención, ni del Ejército ni de la Guardia Nacional, ahí donde es verdaderamente necesaria (es decir, en realizar operativos de alto perfil en los territorios donde operan los grupos criminales de mayor peligrosidad). Por el contrario, pareciera que el Presidente también busca que las Fuerzas Armadas mantengan una presencia visible, incluso en las ciudades más tranquilas del país, donde lo lógico sería dejar la seguridad en manos de las policías locales.
Al respecto, un amigo enterado y agudo, funcionario del gobierno federal, me ofreció una explicación sugerente: para ganar la elección presidencial, AMLO necesita, en cada municipio del país, un programa social y un soldado. Los programas sociales ya los tiene. Sin embargo, la principal preocupación de la ciudadanía es la seguridad y las instituciones militares son, de lejos, las que tienen el mayor respaldo público en la materia. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), que el INEGI publicó la semana pasada, 90 por ciento de los mexicanos confía en la Marina, 87 por ciento, en el Ejército, y 81 por ciento, en la Guardia Nacional (una aprobación mucho más alta a la que jamás logró la Policía Federal). Desde la lógica electoral del Presidente, hace sentido que la gente, en todo el territorio, vea en las calles mucha GN y también mucho soldado.
Tras cuatro años de denunciar continuamente la militarización, la oposición ha logrado que ese despliegue, en el que la gente confía, se identifique plenamente con el gobierno de AMLO.