La semana pasada, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó un informe en materia de seguridad. El informe dio mucho de qué hablar. Llama la atención que, aunque en principio Alfaro milita en Movimiento Ciudadano, parece estar muy en sintonía con algunas posturas que a menudo se escuchan en Palacio Nacional. Al igual que al presidente López Obrador, al gobernador Alfaro parece molestarle que los medios hagan su trabajo. Considera que hay una “agenda sistemática” de generar una percepción de miedo, de preocupación, de dolor. Que quienes lo critican lo hacen con el propósito de chantajearlo.
El gobernador dijo de modo categórico que en todos los indicadores en materia de seguridad se ha registrado un avance significativo durante los cuatro años que lleva su gestión. En su afán por hacer parecer que todo va viento en popa, presentó cifras alegres en varios temas. De paso, tuvo también algunas declaraciones francamente ofensivas, como recalcar, usando un criterio bastante dudoso, que nueve de cada 10 desapariciones de personas fueron por voluntad propia (como queriendo decir que la crisis de desapariciones en el estado no es para tanto).
Técnicamente Alfaro puede afirmar que algunos –aunque definitivamente no todos– de los indicadores de seguridad han mejorado durante su gobierno. La incidencia delictiva total efectivamente ha disminuido de forma sostenida. Es claro que en Jalisco actualmente se cometen menos delitos que en el gobierno anterior. De hecho, en 2021, la incidencia delictiva registrada en Jalisco (utilizando datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, Envipe 2022, del INEGI) se situó en su nivel más bajo en 10 años. Esta disminución en la incidencia delictiva ha sido más acelerada que la que se observó en el resto del país, e inició antes de la pandemia. Se trata de un mérito que es justo reconocer.
En otros indicadores las cosas han mejorado solamente si hacemos la comparación en relación con 2018 (el último año, desastroso en materia de seguridad, del gobierno de Aristóteles Sandoval). Si hacemos un análisis de más largo alcance resulta evidente que la situación actual en Jalisco es peor, y en algunos casos mucho peor, a la que prevalecía hace cinco o 10 años. Tal es el caso de algunos de los fenómenos que más le duelen a la sociedad, como los asesinatos, en particular los asesinatos de mujeres.
El gobernador sabe bien que la presencia que el crimen organizado tiene en Jalisco es francamente escandalosa. En ese tema prefirió mejor tomar la tangente, y salir con el formalismo de que el combate a las organizaciones criminales es responsabilidad del gobierno federal. En algunos lugares y momentos, las Fuerzas Armadas han desempeñado un papel crítico para hacer frente a los brazos armados de la delincuencia. Sin embargo, en el pasado reciente, las principales historias de pacificación han sido historias que construyeron autoridades estatales que aprendieron a trabajar de la mano con la sociedad (como ocurrió en Nuevo León en la segunda mitad del gobierno de Rodrigo Medina, en Coahuila con Rubén Moreira, y como está ocurriendo actualmente en la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum). Desafortunadamente, en el Jalisco de Enrique Alfaro no hay historia de éxito que contar. A dos años de que termine el sexenio, el CJNG puede hacer y deshacer a su antojo en el estado, como quedó claro el mes pasado con la balacera en el centro comercial más exclusivo de la zona metropolitana de Guadalajara.
No es mi intención descalificar al gobernador Alfaro. Su gobierno no ha sido irresponsable y omiso en todo. No ha sido catastrófico. No merecería mayor reseña, ni para bien ni para mal. Sin embargo, preocupa el triunfalismo –y la arrogancia de decir que todo va bien– sobre todo viniendo del gobernador de la tercera entidad federativa más poblada del país, quien tiene a su disposición recursos y capital humano muy por encima de los que tienen otros estados. Cuando a las autoridades les da por creer que en su gestión todo son logros, las cosas sólo pueden empeorar. Me viene a la mente el caso del exjefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, a quien le gustaba pretender que en la capital no había crimen organizado, y que dejó a la Ciudad de México sumida en una grave crisis de violencia criminal.
Desafortunadamente no todo va bien en Jalisco. La confianza en las instituciones de seguridad y procuración de justicia sigue siendo baja, y la gran mayoría de los delitos no se denuncia. Jalisco no es, ni remotamente, el estado con la cifra negra más baja del país (como quiso hacer parecer el gobernador al presentar los resultados de una encuesta que sólo cubre al sector empresarial). Ya ni hablar de la percepción de seguridad. De acuerdo con la Envipe 2022, la gran mayoría de la población en Jalisco (79.1 por ciento) se siente insegura en su estado, cifra superior al promedio nacional (75.9 por ciento). No sé si el gobernador Alfaro se logre engañar a sí mismo, pero me queda claro que no logra engañar a los jaliscienses.