Más allá de los presuntos delitos que, de acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, Salvador Cienfuegos y Genaro García Luna cometieron al asociarse con organizaciones de narcotraficantes, es un hecho que las acciones de las agencias de inteligencia y procuración de justicia de este país se están convirtiendo en un poderoso mecanismo de combate a la corrupción de políticos (por ejemplo, el exgobernador Roberto Sandoval) y altos funcionarios (por ejemplo, el exfiscal Édgar Veytia) en México. Aun en el caso de Cienfuegos, en el que el juicio fue abortado por aparentes razones políticas, el daño reputacional que le infligieron las acusaciones fue de tal magnitud que su figura ha quedado inhabilitada políticamente. Y es que los pronunciamientos de las autoridades vecinas, aunque no siempre respaldados por evidencia suficiente, colocan y mantienen en el ojo del huracán cualquier presunto vínculo criminal de nuestras máximas autoridades.
Varios factores han empujado al Tío Sam a tomar esta ruta de activismo judicial contra sus contrapartes mexicanas. Primero, las graves consecuencias en materia de salud que ha tenido en Estados Unidos el trasiego de estupefacientes, especialmente el fentanilo durante los últimos años. En segundo lugar, la gran debilidad que sigue caracterizando la actuación del gobierno mexicano contra el crimen organizado. Nuestros déficits en términos de capacidades institucionales en esta materia son enormes y no podrán subsanarse en el corto plazo. Y tercero, en algunos estados y municipios, el crimen organizado cuenta cada vez más con más apoyo de las autoridades. Sin embargo, con todo lo bueno que puede parecernos a primera vista esta colaboración de Estados Unidos en nuestra lucha contra el crimen organizado y la corrupción oficial que le acompaña, es necesario analizar algunas consecuencias no deseables que pudiera tener este apoyo en los ámbitos de nuestra política interna, la evolución de nuestras instituciones de seguridad, y también en lo que concierne a la configuración de los mercados ilícitos.
Por lo que toca al ámbito de la política interna, parece claro que las investigaciones criminales que realizan, año con año, las agencias estadounidenses, sobre decenas de capos mexicanos, les brinda información veraz, puntual y de primera mano sobre el involucramiento de diversos tipos de autoridades políticas y administrativas con la delincuencia organizada. Y aunque esta información, bien utilizada, puede contribuir a debilitar al crimen organizado, su uso mañoso o malintencionado podría también tener un impacto decisivo sobre el curso de algunas contiendas electorales en México. De esta forma, las autoridades estadounidenses se han convertido, no sólo en un gran socio en materia de seguridad, sino también en un actor crucial de nuestra política interna.
Igualmente, por lo que se refiere al desarrollo de nuestras instituciones de seguridad, el impacto de la colaboración de Estados Unidos puede ser nocivo o benéfico: depende cómo utilicen las autoridades estadounidenses la información relevante que tangan a la mano. Si, por ejemplo, la información de ellos deja comprometidas a nuestras autoridades, y pone la luz pública en sus simulaciones, complicidades y engaños, entonces esta información podría obrar como acicate para que nuestras autoridades implementen reformas pertinentes que mejoren su desempeño. Si los estadounidenses, alternativamente, en pos de mantener una “buena relación” o “garantizar la cooperación” con México, simplemente se dedican a “subsidiar” nuestras bajas capacidades institucionales, podrían ocasionarnos –con “apoyo” en materia de inteligencia e investigación criminal, por ejemplo– un estancamiento indefinido de nuestras propias competencias en estas áreas.
Finalmente, dado que las autoridades estadounidenses centran sus investigaciones en el rubro del narcotráfico, es probable que, con el tiempo, algunas de las grandes organizaciones criminales decidan simplemente dejar de mover drogas hacia Estados Unidos con la expectativa de que sus operaciones ya no sean de interés para las agencias de ese país. Esto implicaría que poderosas organizaciones que tomaran esta decisión ya no enfrentarían el temible desafío que representan las autoridades estadounidenses, y que, de ahora en adelante, sólo enfrentaran a las agencias mexicanas que, como sabemos, son altamente vulnerables. Sin duda estas organizaciones pagarían un alto precio por abandonar el negocio de mover droga hacia Estados Unidos (el más redituable sin duda), pero tendrían ahora la certeza de que sus negocios en materia de narcomenudeo doméstico, extorsión presencial, tráfico y trata de personas, entre muchas otros, ya no estarían bajo el ojo de las agencias de seguridad más poderosas y mejor informadas del mundo.