Uno de los aspectos medulares de las recientes críticas al gobierno mexicano por parte de varios legisladores estadounidenses (e.g., los republicanos Graham, Menéndez, Cruz y Crenshaw) es que el Estado mexicano ha perdido su capacidad de control territorial. Esto significa que en varios lugares del país, nuestras Fuerzas Armadas y cuerpos policiales carecen de la capacitación, estrategia e instrumentos necesarios para mantener la vigencia efectiva de un grupo de derechos esenciales entre su población. Cuando el control territorial pasa a manos de un grupo o coalición criminal, y éste lo ejerce con regularidad en una zona, quienes habitan ese territorio vivirán en un estado de zozobra e indefensión permanentes, pues derechos tan básicos como el derecho a la vida, al libre tránsito, a la libre expresión, o a no ser torturados o esclavizados, serán letra muerta. Cuando un grupo criminal posee el control territorial de una zona, sus habitantes se convierten en parias que en cualquier momento pueden ser asesinados, explotados y humillados.
Así viven a lo largo del país un número todavía indeterminado pero creciente de comunidades que están a merced de una organización criminal. Como mencionaba en este espacio la semana pasada, el control territorial del crimen organizado es hoy evidente en zonas como (i) la sierra de Jalisco (controlada por CJNG); (ii) la sierra limítrofe entre Durango y Sinaloa (controlada por grupos afines al Cártel de Sinaloa); (iii) la zona boscosa entre Chihuahua y Sonora (controlada por La Línea y el Cártel de Sinaloa); (iv) la zona de Tierra Caliente en la frontera entre Guerrero y Michoacán (controlada por grupos del CJNG, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos); (v) varios segmentos del corredor en Guanajuato que parte de Apaseo el Grande, sigue por Celaya, Cortazar, Salvatierra y Salamanca, y llega hasta Irapuato (segmentos controlados por grupos de CJNG y el Cártel Santa Rosa de Lima).
En algunos casos, como sucedió en Michoacán en 2013 y 2014, el férreo control territorial que desplegaban Los Caballeros Templarios en varios municipios empujó a sus habitantes a constituir grupos de autodefensa y policías comunitarias. Cuando la opresión criminal se volvió insoportable, aparecieron en esa entidad líderes sociales como José Manuel Mireles, quienes fueron capaces de romper los cercos paralizantes de terror que mantenían los criminales en decenas de comunidades. Estos liderazgos lograron trazar, junto con las comunidades y el Ejército, una ruta de salida para que esas comunidades se liberaran, aunque fuera temporalmente, del hostigamiento criminal. En otros lugares, carentes hasta ahora de ese tipo de liderazgos, el miedo combinado con la ira de vecinos explota intermitentemente para materializarse en linchamientos (u otro tipo de eventos de justicia por propia mano) que forman parte de un ritual recurrente de venganza que observamos cotidianamente en comunidades de estados como Puebla, donde la vida, como diría Hobbes, es “solitaria, miserable, repugnante, brutal y corta”.
¿Cómo se manifiesta actualmente el control territorial del crimen organizado? En un primer escenario, este control territorial del crimen tiende a elevarse significativamente cuando hay una simbiosis o acompañamiento del crimen con la cúpula política que gobierna un estado o municipio. Ahí encontraremos, en varias zonas, la presencia numerosa de sujetos armados en la vía pública, donde circulan convoyes en cuyos vehículos aparecen las siglas del grupo criminal dominante. Ahí la violencia homicida no es alta, por el contrario, tiende a registrar niveles bajos, como fue el caso de Nayarit entre 2013 y 2016, cuando el gobernador Sandoval y el fiscal Veytia trabajaron de la mano con la organización de los Beltrán Leyva. Más que con homicidios, el control criminal del territorio se manifiesta en este escenario a través de la existencia de retenes informales, cobro de piso generalizado, crecimiento del narcomenudeo y despojo de todo tipo de propiedades, el aumento de la desaparición de personas y la proliferación de fosas clandestinas. No hay agresiones a policías pues, como indiqué, son colaboradores en este escenario del grupo criminal. Ahora bien, esta situación puede cambiar radicalmente con la captura de un político, funcionario o criminal de alto perfil, con el relevo del presidente municipal o con el arribo sorpresivo de un contingente militar a la zona controlada.
Un segundo escenario donde el control territorial también existe pero es menos férreo, lo tenemos cuando el grupo criminal dominante no ha sido capaz de cooptar al ayuntamiento, pero mantiene una supremacía indiscutible en el ecosistema criminal de la zona. En estos casos se registran encontronazos periódicos entre las fuerzas del orden y grupos de sicarios. Al mismo tiempo, el grupo criminal hegemónico busca intimidar sistemáticamente a las autoridades mediante atentados dirigidos a funcionarios del ayuntamiento o contra aquellos que dirigen áreas clave en las áreas de seguridad pública, fiscalización o “permisos y licencias”. En este escenario, cuando se instruye a los elementos militares a no entrar en confrontación directa con grupos de sicarios (como lo hizo AMLO durante los primeros tres años de su gestión), el grupo criminal hegemónico busca expandirse y consolidar su presencia y control territorial en regiones más amplias, especialmente en aquellas que por su orografía son de difícil acceso. Esto es lo que ha ocurrido en México durante los últimos años.