Se acerca el final de la administración de López Obrador. Le restan tan solo 17 meses. En materia de violencia criminal y delitos de alto impacto, los avances son escasos y hay indicadores con retrocesos. Decir entonces que estamos ante un nuevo “fracaso” no parece exagerado. Se trata de una tercera derrota al hilo para el Estado mexicano en el ámbito de la pacificación y la seguridad, pues ni el gobierno de Calderón (en el que se manifestó por primera vez la crisis), ni el de Peña Nieto, ni el de López Obrador (hasta ahora), no sólo no lograron reducir la violencia, sino que propiciaron la aparición de nuevas conductas criminales que se han expandido velozmente. Veamos.
Con Calderón se originó la epidemia nacional de violencia que azota al país desde 2008. La fórmula para enfrentarla consistió en aumentar los arrestos de alto perfil y el tamaño de la Policía Federal. La tasa nacional de homicidios se triplicó. Sin embargo, al final de esta administración la Marina, con el apoyo de las autoridades estatales, implementó dos operativos focalizados contra Los Zetas (llamados Lince Norte y Escorpión) que lograron reducir prolongadamente los homicidios en el noreste del país. Incluso hoy, 12 años después, los efectos de tales operativos siguen vigentes.
Con Peña Nieto la baja nacional de los homicidios se mantuvo hasta el segundo semestre de 2014. Después de la desaparición de los 43 normalistas esa tendencia se revirtió, y la violencia escaló hasta alcanzar tasas récord. Ni la fusión de la Secretaría de Seguridad a la Segob, ni la creación de la Gendarmería, tuvieron algún impacto en los niveles de violencia. Pero hubo dos logros en este periodo: la derrota de Los Caballeros Templarios en Michoacán (con el apoyo de los grupos de autodefensa), y el notorio decremento en los secuestros, una vez creada la agencia especializada en su combate y puesta a andar bajo la batuta de Renato Sales.
Una decisión central del gobierno de AMLO fue la creación de una Guardia Nacional, de carácter militar, y disolver a la Policía Federal. Una segunda decisión, vigente durante la primera mitad del sexenio, fue evitar hasta donde fuera posible confrontaciones directas de las Fuerzas Armadas con los grupos criminales, para evitar el “mátenlos en caliente” (AMLO dixit). Lo anterior con el acompañamiento de una serie de programas sociales que, según las autoridades, mitigan las causas “hondas” del crimen, como la pobreza y la nula atención a jóvenes.
Hasta ahora, las acciones emprendidas por el gobierno federal han tenido dos resultados alentadores: una considerable baja en el robo de combustible (90 por ciento según cifras oficiales) y una baja marginal (de alrededor de 10 por ciento) de los homicidios dolosos. En contraste, la extorsión ha aumentado casi 30 por ciento, los reportes de desaparición forzada también se han elevado, junto con la expansión y consolidación de nuevas organizaciones criminales en varias regiones del país (Cárteles Unidos, Cártel de Caborca, Cártel de Ensenada, Los Canchola y el Cártel de los Alemanes, por ejemplo).
¿Cuáles serían algunas de las lecciones que nos dejan estas tres administraciones para mejorar la futura estrategia nacional de pacificación y seguridad?
1. Una decisión fundamental es priorizar blancos (como lo hizo Calderón con Los Zetas y Peña Nieto con Los Caballeros Templarios).
2. También es central realizar un análisis costo-beneficio sobre las consecuencias de fragmentar una organización criminal, pues esto multiplica los conflictos y diversifica los mercados criminales, como sucedió inicialmente con Calderón.
3. No debe olvidarse que la violencia criminal tiene un carácter epidémico, por lo que su expansión puede salirse fácilmente de control. Por lo tanto, es clave intervenir rápido ahí donde un brote de violencia comienza a gestarse.
4. Con la violencia aumentan las tasas de extorsión, pero en una región con presencia de mafias consolidadas, una baja de la violencia no implica necesariamente una baja en los niveles de extorsión (como sucede actualmente en varias entidades bajo el yugo de “monopolios criminales”).
5. Antes de las intervenciones, conviene fortalecer las policías locales para que sean capaces de mantener la estabilidad una vez que se retiren las fuerzas federales.
6. Si no es posible fortalecer policías locales, entonces deben ser desarticuladas antes de combatir a las mafias, pues éstas operan con el apoyo de las policías y otras instituciones locales.
7. El combate a las organizaciones criminales que operan en una zona urbana debe acompañarse de una estrategia que proteja a las empresas ubicadas en suburbios o en zonas rurales.
8. Una buena coordinación entre autoridades federales y locales (especialmente gobernadores) es crucial para avanzar en la pacificación de la entidad federativa.
9. Sin una estrategia clara para reducir la violencia, apegada a las mejores prácticas, el abrupto crecimiento del número de policías federales o su eventual reemplazo por elementos militares, no implica mejores resultados.
10. La política social es relevante, siempre y cuando se implemente de modo focalizado con el propósito de reducir el reclutamiento criminal de jóvenes en algunas zonas.