Ya son quince años desde que se prendió la mecha de la violencia criminal en México, y todavía no vemos –ni remotamente– la luz al final del túnel. Diariamente amanecemos con noticias de nuevas tragedias: jóvenes que circulaban por carretera (una supuestamente “segura” como la de Cuernavaca) desaparecen y reaparecen días después, en un paraje, asesinados; un grupo de amigos que sale tarde de una fiesta y termina acribillado por un comando militar; policías que acuden a prestar auxilio y mueren emboscados; hijas que salen a una tienda y nunca regresan a casa; fiestas familiares que concluyen en tiroteos y charcos de sangre. En fin, la lista de horrores es larga, muy larga.
Ya llevamos quince años también de saber, siempre con una frustrante sensación de impotencia, que los grupos criminales se escinden y multiplican constantemente, que expanden su presencia, que reclutan con engaños a muchos jóvenes, que se equipan a la usanza militar, y que se vuelven más estratégicos y sofisticados. Estos grupos cooptan políticos, funcionarios y policías, a quienes convierten en socios de negocios. Sabemos, asimismo, que el país está plagado de mafias que exigen pagos “por protección” a negocios, con el fin de que las mismas mafias se abstengan de atacarlos, que los mafiosos rafaguean e incendian locales cuando no reciben la dádiva mensual, o que terminan torturando o asesinando a los dueños, cuando éstos rechazan el impuesto criminal. Sabemos, además, que estas mafias diversifican sus actividades todo el tiempo: no sólo cobran piso, también depredan bosques, selvas, ríos y costas, roban gas y gasolina, agua y minerales (hierro y carbón), trafican drogas cada vez más letales y despojan a familias de sus propiedades. Las mafias secuestran migrantes y explotan mujeres, y cada vez levantan y desaparecen a más personas.
¿Qué ha sucedido con las autoridades del gobierno durante estos quince años de fracasos en materia de seguridad? A nivel nacional, la actuación del gobierno federal ha sido poco escrupulosa y cero estratégica. Hemos visto un desempeño guiado por la intuición y la corazonada. Una actuación cuyos rasgos centrales son la improvisación y el afán por reducir costos políticos en el corto plazo. El desempeño del aparato gubernamental no se ha beneficiado del expertise doméstico ni de las mejores prácticas internacionales. Se ha tratado, esencialmente, de un desempeño inercial, carente de pulso innovador, rígido, poco versátil.
El trabajo que ha realizado el gobierno en materia de seguridad y procuración de justicia en estos años críticos ha estado apegado a las pautas de su desempeño en el resto de los sectores de la administración pública federal: escasa profesionalización, lagunas regulatorias que abren espacios amplios a la discrecionalidad y la corrupción, ausencia de protocolos de actuación, baja institucionalización en labores sustantivas como sistematización de información, generación de inteligencia e implementación de acciones preventivas y disuasivas, etcétera. Se ha tratado de un desempeño netamente amateur, rudimentario. En el ámbito reactivo y táctico, las autoridades federales siempre han estado muchos pasos atrás de los principales líderes criminales.
En la lucha contra el crimen organizado hemos carecido, por ejemplo, de instituciones tan elementales como un centro de comando que articule, a nivel nacional, diseño estratégico, implementación y evaluación. Un centro neurálgico, que posea visión de conjunto, vínculos sólidos con los centros de comando y control estatales y metropolitanos, claridad en la misión y en los objetivos federales, con capacidad para generar sinergias entre la burocracia federal y las locales, y que vincule a diversos actores (políticos, económicos y sociales) en un esfuerzo nacional anticrimen. Un centro de comando que, además, sirva de agente evaluador para retroalimentar y corregir la estrategia nacional de modo permanente. Tenemos en México muchos centros de fusión de inteligencia, integrados por mandos civiles y militares, que sirven, sobre todo, para compartir y unificar datos e información, pero carecemos de un centro integrador de análisis y estrategia que articule el esfuerzo de las agencias oficiales, y el de las agencias oficiales con actores sociales clave (empresarios, líderes sociales y especialistas), entre otros.
Quince años de fracasos en materia de pacificación y seguridad ofrecen evidencia empírica de sobra para diseccionar nuestras taras institucionales, identificar anacronismos legales que estorban o asfixian, localizar incentivos perversos que boicotean crónicamente el cumplimiento de los objetivos más relevantes. Quince años de fracasos deberían ser suficientes para dejarnos en claro vulnerabilidades y flancos débiles. Basados en este diagnóstico frío, objetivo y sin complacencias, debemos emprender un rediseño riguroso y a gran escala de nuestro establishment de seguridad a nivel federal y local. Si el próximo gobierno toma en serio y pone atención en las directrices principales que se desprenden de cada una de las pedagogías del fracaso que heredará de las tres administraciones previas (azul, roja y guinda), sin duda avanzará como ningún otro en el cumplimiento de los objetivos de paz y seguridad que los mexicanos anhelamos.