La semana pasada, la prensa nacional e internacional difundió la trágica historia de tres turistas argentinos que fueron agredidos a machetazos en Lagunas de Chacahua, una playa de difícil acceso de la costa oaxaqueña. Desafortunadamente, una de las tres víctimas, Benjamín Gamond, de sólo 23 años, tras un largo y tortuoso traslado, perdió la vida como consecuencia del ataque. En días recientes también se reportó el homicidio, en Puerto Escondido, de un turista francocanadiense. Estos hechos llaman la atención, no sólo por su carácter brutal y aparentemente gratuito, sino también porque ocurrieron en circunstancias inusuales.
Hasta ahora, los destinos de la costa oaxaqueña han mantenido una afluencia moderada de turistas. Se enfocan, sobre todo, a un mercado familiar (en el caso de Huatulco), de surf (Puerto Escondido) y de acampada y aventura en playas de difícil acceso, como Chacahua. La derrama que genera el turismo es relativamente modesta, si se le compara con Los Cabos, Puerto Vallarta o la Riviera Maya, y el crimen organizado no ha tenido mayor interés en ejercer un control territorial sobre la zona. Lo anterior ha permitido a las comunidades mantener una cierta paz, trágicamente interrumpida por el brutal asesinato de Benjamín Gamond; un hecho perturbador, pero que, por los indicios que conocemos, no se vincula a una lógica criminal de gran escala.
Aun así, el ataque contra los jóvenes argentinos exhibe la vulnerabilidad de los municipios de la costa de Oaxaca, fragmentados y con un enorme déficit de recursos y capacidades institucionales. Es escalofriante pensar lo que pasaría en un lugar como Chacahua cuando, en lugar de un hombre con un machete, incursione un comando criminal con armas de alto poder.
Si no se establece un modelo para fortalecer la seguridad en los destinos de la región, es probable que, en un futuro no muy lejano, en la costa de Oaxaca se replique la desafortunada experiencia de los otros grandes destinos de playa del país. Es un tema preocupante, sobre todo ahora que estamos, en teoría, a pocas semanas de que se inaugure una autopista que hará a la costa oaxaqueña mucho más accesible para grandes flujos de visitantes procedentes del centro del país.
En este contexto, los destinos del Caribe ofrecen una valiosa, aunque difícil lección sobre los riesgos que supone la irrupción del turismo masivo. En años recientes se han generado, en repetidas ocasiones, ataques armados, enfrentamientos y asesinatos, en algunos casos en el corazón de zonas turísticas e incluso al interior de bares y hoteles. Esta crisis de violencia ha sido, en cierta medida, un reflejo del éxito de la actividad turística, pero también de la actuación negligente de las autoridades locales, que por años solaparon el surgimiento de mafias dedicadas al narcomenudeo y la extorsión en todos los destinos de Quintana Roo. Sólo en los últimos tiempos, y después de incidentes de muy alto impacto, han comenzado a tomarse medidas para recuperar la seguridad en el Caribe mexicano.
Al respecto, el municipio de Solidaridad, mejor conocido como Playa del Carmen, ofrece una experiencia interesante. En contraste con las administraciones previas, la actual alcaldesa, Lili Campos, ha impulsado un ambicioso programa de inversión en seguridad. Este esfuerzo permitió incrementar el estado de la fuerza de la policía municipal, que prácticamente se duplicó, así como ampliar de manera significativa el equipamiento de dicha corporación. Igualmente importante, se impulsó un ambicioso proyecto de reordenamiento del principal corredor comercial del destino, la Quinta Avenida, que fue decisivo para fortalecer la capacidad de operación de las autoridades.
Tras años muy difíciles, la seguridad, poco a poco, comienza a regresar a Playa del Carmen. En 2022, con el fin de la pandemia, Solidaridad no sólo logró recuperar la afluencia de turistas, sino que se posicionó como el principal destino turístico del país. En el verano del año pasado recibió un millón 300 mil visitantes, significativamente más que Cancún. Sin embargo, el rebote de la afluencia de turistas no ha significado un repunte de la violencia. En 2022, de acuerdo con el monitoreo que coordino, el crimen organizado asesinó a 90 personas (una cifra todavía preocupante, pero que constituye una disminución de 56 por ciento con relación a 2019, el año previo a la pandemia).
Sin embargo, la violencia que se vivió –y que todavía se vive– en la Riviera Maya es trágica e implica un enorme daño a la imagen del país. El turismo es una actividad estratégica, crítica para la generación de empleo y la recepción de divisas. Desafortunadamente, el crecimiento acelerado asociado al turismo, sobre todo en los destinos de playa, también es un imán para el crimen organizado. Para las autoridades locales es sumamente difícil hacer frente a este desafío, y la mayoría se resigna a que la delincuencia controle parte de la economía local. Si se quiere evitar que la misma historia se repita en la costa de Oaxaca, serán indispensables acciones contundentes por parte de los tres órdenes de gobierno.